En el documento “Necesidades presupuestales para atender la emergencia humanitaria de personas desaparecidas en Veracruz”, que es producto de cinco mesas de trabajo con 15 grupos de colectivos de familia desaparecidas y García Jiménez, se expone un diagnóstico de la crisis de personas desaparecidas en el estado. Va desde el elevado número de personas no localizadas, fosas clandestinas dispersas por el territorio veracruzano, falta de capacitación de la policía, carencia de panteones ministeriales, hasta una crisis forense que urge resolver.

El plan contempla la creación del Fondo Estatal de Desaparición –considerado dentro de la ley en materia de desapariciones-, que para su creación requiere 84 millones de pesos, de los cuales 56 millones de pesos serían a portados por la Federación, y 28 millones de pesos serán aportados por el gobierno del estado.

Para la creación de la policía especializada en búsqueda de personas desaparecidas se proyectó un monto de 29 millones “para la creación y operación anual de un cuerpo policiaco especializado en desapariciones, que dependería de Seguridad Pública, y que respondería a la urgencia de los colectivos para acabar con el rezago de carpetas”.

Los fondos utilizados para financiar la policía, son: el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP), y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

En el documento se plantea reestructurar la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, con un monto presupuestal de 32 millones de pesos para salarios de al menos 100 fiscales.

“Se necesita reestructurar la actual fiscalía especializada con base en un diagnóstico regional, que considere las zonas indígenas y/o de difícil acceso, para el efecto de aumentar el número de fiscales especializados, y policías ministeriales especializados adscritos a esta Fiscalía. La cantidad de fiscales requeridos se definirá y distribuirá a partir del número de carpetas, el número y lugar de incidencia de casos por región”.

Actualmente, en la entidad se cuenta con 11 Fiscales asignados a esta Fiscalía Especializada en 6 ciudades de la entidad (Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos) que deben trasladarse a municipios que tienen incidencia y que no cuentan con uno.

Con esta reestructuración se busca acabar con el rezago en investigaciones, a través del Programa de Atención Inmediata y Diligente de casos, “que establecerá una metodología que permita con debida diligencia y en tiempo determinado, resolver el mayor número de casos, así sucesivamente, hasta que no quede ninguno”.

Dentro del documento Necesidades Presupuestales, se tienen recursos por 127 millones 500 mil pesos para salarios, capacitación y evaluación de 500 elementos de la Policía Ministerial.

“La idea es que exista personal ministerial suficiente y en condiciones óptimas para realizar el trabajo de manera eficiente”, se plantea.

El plan contempla quintuplicar el presupuesto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral de Víctimas (CEEAIV), de 6 millones de pesos que se presupuesto en 2018, a 30 millones, de los cuales 10 millones serán para salarios de 30 asesores jurídicos, 10 millones para 30 especialistas en enfoque psicosocial, seis millones para 10 elementos administrativos y 4 millones para gasto de operación.

“Es necesario aumentar el presupuesto de la CEEAIV para fortalecer sus funciones, ampliar sus capacidades de atención y asistencia, para que pueda cumplir con su mandato ante el número de víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos”.

En atención a la Ley General de Víctimas se contempla destinar 80 millones de pesos para el fondo de Ayuda Asistencia y Reparación (FAAIR), de los cuales 60 millones de pesos serían para pagar las compensaciones a victimas del delito, que están pendientes, atrasadas, y las que se podrían generar para 2019, mientras que 20 millones de pesos serán para gastos funerarios, de traslado y medidas de rehabilitación que incluye, entre otros, gastos médicos y hospitalarios.

En su mensaje como gobernador constitucional, García Jiménez hizo un llamado a organismos de los sistemas Internacional e Interamericano de derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, a las agencias de cooperación internacional, a las fundaciones e instituciones de asistencia pública, a apoyar en la implementación de esta Declaratoria y su Plan de Acción, a través de cooperación, financiamiento y asistencia.

Durante su mensaje, el gobernador dijo que los gobierno de Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes no “no cumplieron con su función en torno a estos sucesos”. Y a diferencia de ellos, dijo que su gobierno manifiesta tener la voluntad política para atender la problemática, y dar justicia, verdad, reparación, y localizar a todas las personas desaparecidas.

En su mensaje García Jiménez llamó al Congreso de Veracruz para asignar los recursos necesarios para atender la crisis de desaparición de personas en Veracruz.

AVC/Eirinet Gómez