Prefacio.

Nueve de cada diez empleados del gobierno estatal tienen la percepción de que trabajaron en una administración corrupta. *** Esa es la conclusión de la encuesta realizada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, luego de dialogar con servidores públicos de todas las áreas del actual gobierno. *** Y en uno de los casos emblemáticos de la corrupción yunista, el auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) Lorenzo Portilla Vázquez, aclaró que el expediente sobre las empresas del dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha, no se ha cerrado. *** El presumible tráfico de influencias del dirigente partidista está en fase de investigación, pues la ley prevé que en casos de faltas graves se extiende el plazo para deslindar responsabilidades. *** Ese parece ser el asunto que habrá de ilustrar la corrupción que caracterizó a la administración estatal que concluye este viernes.

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Eran los primeros días del mes de diciembre del 2016. (Sí, cuando según el propio Miguel Ángel Yunes Linares, “el gobernador electo estaba prófugo”).
El debate era si el mandatario estatal que estaba por entrar en funciones el primero de diciembre, tendría recursos pára hacer frente a los compromisos de fin de año.
Yunes Linares advertía que sólo contaba en caja con tres mil millones de pesos y que en diciembre se tenían obligaciones de pago por 10 mil millones de pesos, por concepto de sueldos, aguinaldos y prestaciones a maestros, a médicos, enfermeras, policía y empleados públicos, entre otros.
“Con los 10 mil millones que se deberían tener, hay que considerar la compra de medicinas -que no hay-, alimentos para hospitales, reclusorios, la compra de combustibles para las patrullas policíacas y ambulancias, el pago de energía eléctrica, porque están a punto de cortarla en algunas dependencias. En la SEV, por ejemplo, ya cortaron el servicio de internet, que es indispensable para sus funciones; en la Sefiplan se llevaron las fotocopiadoras las empresas que prestaban el servicio, porque no les pagaron, también el recurso para la UV y al IPE para pagar pensionados”, explicaba.
Unos días antes, cuando todavía fungía como gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado había asegurado: “Estamos garantizando el pago de los salarios de la segunda quincena de noviembre, y también se está buscando la quincena de diciembre, el aguinaldo, el Instituto de Pensiones del Estado, los ayuntamientos y la segunda parte del aguinaldo”.
Nunca, en ningún momento Flavino Ríos salió con el argumento de que “lo que se pague en diciembre, le toca a Yunes Linares. Yo dejo de ser gobernador el 30 de noviembre”.
Dos años después, Miguel Ángel Yunes razona: “Si yo sufrí para sacar los compromisos de diciembre, no le voy a hacer la vida fácil a este tipo”, (en referencia a Cuitláhuac García, ese que se atrevió a derrotar a su “retoño”).
Este miércoles el secretario de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini, confirmó que no dejará recursos para el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año de los burócratas.
“Los aguinaldos se pagan en la segunda quincena de diciembre y en la primera quincena de enero; no le corresponde a este gobierno. Este gobierno termina el 30 de noviembre y así como este gobierno en el mes de diciembre de 2016 enfrentó ese compromiso de los aguinaldos, es un compromiso que deberá enfrentar el próximo gobierno”, dijo.
Lo que el funcionario olvidó aclarar, es que el Congreso de Veracruz aprobó el presupuesto de egresos para el 2018, que concluye el 31 de diciembre, y en él estaban considerados los compromisos de fin de año.
Mal empezó y mal acaba esta administración que rompió todas las marcas de corrupción e ineficiencia. Demostró más en sólo dos años, de lo que consiguieron sus antecesores en seis años.
Pero ya se va.

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Epílogo.

La justicia federal concedió el amparo al magistrado Jorge Espinoza Castillo a quien había obligado a retirarse, a partir de las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que redujo a 70 años la edad de retiro para magistrados en Veracruz. Ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva en perjuicio de los ciudadanos. *** La primera semana de este año el magistrado solicitó el amparo, el cual le fue concedido esta semana. Con esta resolución queda insubsistente la resolución original mediante la cual se le destituía del cargo por su edad, y obliga al Poder Judicial a pagar a Espinoza Castillo los salarios no cubiertos durante el tiempo en el que a juicio de la justicia federal fue separado injustamente del cargo. *** También que debe ser reinstalado en su puesto, con el pago de las percepciones inherentes que dejaron de cubrírsele desde que fue separado. Espinoza Castillo ingresó al Poder Judicial como magistrado el 31 de diciembre de 2010, por lo que deberá permanecer en él puesto hasta el 31 de diciembre de 2020, ya que su nombramiento fue por diez años. *** Los empresarios acreedores del gobierno estatal se manifestaron en la comparecencia del secretario de Finanzas. No sólo no les han pagado, sino que las actuales autoridades del gobierno insisten en tacharlos de delincuentes. La protesta sólo sirvió para dejar constancia de su descontento con el gobierno yunista, pues ya están en pláticas con el gobierno de Cuitláhuac García.

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