Veracruz, Ver.- El integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Muñoz de Cote Sampiery, consideró que se debe investigar al presidente de ese organismo, Sergio Vázquez Jiménez, para aclarar si está involucrado con una supuesta red de despachos contables fantasma creados bajo el mismo esquema de las empresas fantasma que se constituyeron durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El empresario reconoció que los señalamientos en contra de Sergio Vázquez Jiménez dañan la imagen del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, pues este ente se creó precisamente para combatir los actos que se cometen fuera de la ley.
En ese sentido, dijo que se trata de un asunto delicado que se debe investigar para aclarar.
“Es un tema que desafortunadamente está complicando mucho la imagen del Sistema Estatal Anticorrupción, que es de reciente creación, que tiene como objetivo principal precisamente combatir, implementar estrategias, vincularse con la sociedad, para generar políticas públicas que puedan combatir la corrupción y se me hace muy delicado que esté señalado el presidente del Sistema con actos de corrupción”, subrayó.
Jesús Muñoz opinó que la Fiscalía General del Estado o las autoridades estatales serían las responsables de aclarar la situación del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Muñoz de Cote Sampiery aseguró que la aclaración de los señalamientos fortalecerá al Comité Anticorrupción.
“Yo creo que se tiene que aclarar, llegar a las últimas circunstancias, en aras de que el Sistema Estatal Anticorrupción se fortalezca y no, por el contrario, se vea deteriorado por todos estos señalamientos; yo creo que las autoridades correspondientes, el mismo gobierno, la fiscalía, investiguen qué es lo que está pasando con estas denuncias que se están presentando”, finalizó.
Cabe referir que publicaciones periodísticas involucran a Sergio Vázquez Jiménez en la constitución de despachos contables para la práctica de auditorías gubernamentales en las ciudades de Xalapa y Boca del Río, pero cuyos domicilios resultan inexistentes.
José Juan García/Avc