Los gobernadores de los estados tendrán que recurrir a la Suprema Corte para determinar la constitucionalidad de las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal y la creación de la figura de los súper delegados. Estos funcionarios serán un poder paralelo al gobierno estatal, asumiendo incluso la responsabilidad de la seguridad pública, aunque para ello no tengan la más peregrina idea, como sucede en el caso de Veracruz.

Por su parte, los presidentes municipales –al menos así sucederá en nuestro estado- ya fueron notificados que deberán estar listos todos los días, a partir de las 8 de la mañana, para asistir a reuniones en materia de seguridad y otras disposiciones del gobierno central. Estas reuniones no serán en sus municipios sino en las cabeceras distritales, muchas de las cuáles están a unas dos horas de distancia.

Ni en el presidencialismo más despótico y centralista del viejo PRI se había vivido lo que está por ocurrir a partir del primero de diciembre. Es cierto, durante décadas la vida política de cualquier gobernador, presidente municipal, legislador o funcionario público de cualquier nivel dependía enteramente de la voluntad del Presidente.

Hoy todos los servidores públicos, más allá de la división de poderes, del pacto federal, de la autonomía municipal o de los organismos designados por el Congreso, serán empleados del Presidente.

La resistencia a la imposición imperial ha sido señalaba por el presidente electo como un chantaje de los mandatarios, de quienes no será rehén, aseguró apenas este sábado. Un día antes, el senador Félix Salgado Macedonio ya había amenazado que aquellos gobernadores que incumplieran la norma constitucional –cosa que están haciendo ellos mismos- estarían expuestos a la desaparición de poderes, es decir, serían despedidos como un empleado cualquiera.

Pero en el fondo, hay una razón que justifica –al menos en la opinión de una buena parte de la gente-, la decisión de reinventar el presidencialismo: la enorme corrupción entre gobernadores y presidentes municipales que generó la alternancia y la autonomía. Sin el control político del presidente en turno, los gobernadores y presidentes municipales asumieron que no tendrían ningún tipo de control ni de sanción. Nunca hubo tanta corrupción en el país como en la normalidad democrática.

Y ese será el principal argumento para que el nuevo gobierno federal justifique su omnipresencia. Si López Obrador carece de la razón jurídica, tiene la razón moral de su parte; no porque su gobierno no vaya a existir corrupción –eso está por verse- sino porque el libre albedrío de gobernadores y presidentes municipales le costó mucho dinero, corrupción y violencia al país.

Es cierto, las generalizaciones son malas. Es posible que muchos de los actuales gobernadores y alcaldes no entren en el mismo costal, pero el fracaso de la pluralidad democrática ha facilitado al gobierno la decisión de volver al presidencialismo original. Si a un gobernador no le gusta, tendrá que atenerse a las consecuencias; si los alcaldes oponen resistencia, ya se pueden ir despidiendo del cargo.

Si la corrupción no hubiera sido el común denominador de los gobiernos estatales y municipales durante las últimas dos décadas, difícilmente el nuevo presidente hubiera podido imponer tales medidas de control político.

En el caso de los gobernadores, la lucha de poder apenas inicia. Si el primer episodio se dio a raíz de la figura de los súper delegados, habrá que ver qué ocurre con la aprobación del presupuesto federal del próximo año, en el que seguramente las participaciones federales tendrán una merma –lo mismo para los estados que para los municipios- en favor de estos nuevos y poderosos funcionarios. Veremos de parte de quien está la Suprema Corte.

A los alcaldes por su parte, más allá de lo violatorio al artículo 123 constitucional, es muy posible que se les acabe la fiesta. Los Ayuntamientos deben dejar de ser patrimonio de clanes familiares y grupos políticos que brincan de un partido a otro –incluido Morena por supuesto- para conservar privilegios y evadir cualquier responsabilidad administrativa.

No obstante, si el PRI o el PAN en la presidencia de la República se hubieran atrevido siquiera a sugerirlo, el país ya estaría hecho un polvorín. Hoy se aplaude a rabiar lo que hace seis meses representaba para Morena lo peor del sistema político mexicano.

Hace un tiempo, ante los escándalos de corrupción e impunidad, alguien dijo con cierta nostalgia: nos hace falta un poco de autoritarismo. Su deseo está por cumplirse…

Las del estribo…

  1. Que Hipólito Rodríguez diga que tenía conocimiento de que Cuitláhuac supervisaría obras de mantenimiento urbano durante la madrugada del sábado, pero que tenía otras cosas qué hacer, revela que la relación está rota. ¿Por qué los alcaldes de Xalapa y el Gobernador en turno se han convertido en adversarios políticos desde hace tanto tiempo? Eso explica el abandono de la capital.
  2. El próximo Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, declaró que la administración yunista estaba llena de “rateros especializados”, es decir, rateros que robaron a los rateros duartistas. Si tiene conocimiento de las pillerías de unos y otros, ¿en Veracruz también habrá punto final para evitar empantanarse?
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