Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña vieron el fenómeno del narcotráfico, la delincuencia organizada y la espiral de violencia en muchas regiones del país sólo como un problema de seguridad pública.

En el primer caso, inició la llamada “guerra contra el narco”, llevando a las fuerzas federales –Marina y Ejército- a las calles; en el segundo, se prefirió esconder la basura debajo de la alfombra, llevando la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación y sacando el tema de la agenda política. Ambas estrategias resultaron un fracaso como ellos mismos lo han reconocido públicamente.

Atacaron sin éxito los efectos pero nunca pusieron atención en las causas. Así, mientras en Estados Unidos el problema de las drogas siempre ha sido un asunto de salud pública y de mercado de armas –acaso en los últimos meses han empezado a padecer escenas de violencia-, en México fue de seguridad, lo que  resultó en una escalada de enfrentamientos por el control de territorios, que ha dejado cerca de 250 mil homicidios en sólo dos sexenios. Ningún país en viva un conflicto armado tiene estas cifras.

En esta guerra contra las drogas, Estados Unidos aportaba los consumidores y las armas; México ponía a sus fuerzas federales, los miles de muertos y el luto de sus familias.

El miércoles pasado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó la estrategia de seguridad para su sexenio. La propuesta ha sido tomada con reservas –serán los resultados los que le den la razón-, pero de entrada hay un cambio diametral en la estrategia: se elimina la intención de combatir para privilegiar la pacificación del país, además de que se incorporan los elementos que son gasolina y estopa del conflicto, como lo es la salud, educación y el empleo.

El segundo punto muy importante es que supone una reconciliación con el Ejército y el establecimiento –para el bien de todos- de un marco normativo para el desempeño de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Con la muerte ayer mismo de la Ley de Seguridad Interior, se abre paso a la creación de la Guardia Nacional –con unos 50 mil elementos-, que según ha dicho López Obrador, dependerá administrativamente de la Secretaría de la Defensa.

La decisión del presidente electo de ha sido interpretada por algunos sectores como la militarización del país o el continuismo de mantener a las fuerzas armadas en las calles.

Otro de los temas que no ha quedado claro es la forma en que el gobierno plantearía una amnistía a miembros de la delincuencia organizada. De hecho, en la víspera de la presentación de la estrategia, el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo dijo que no se descarta el diálogo con líderes de los cárteles del narcotráfico, lo que avivó las especulaciones sobre su relación con el hijo del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, ‘El señor de los Cielos’.

El plan de seguridad anunciado el miércoles plantea ocho puntos: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia –algo que no ha podido hacer ningún gobierno-; garantizar empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo y bienestar para reducir la pobreza y la marginación; y garantizar el respeto y promoción de derechos humanos. No se permitirá la represión, ni tortura, y se investigarán todas las denuncias de violación a los derechos humanos.

También anunció la intención de regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral para mejorar la relación en lo individual y colectivo -algo que está realmente en chino-, y reformular el combate a las drogas, y reorientar los recursos para aplicarlos en reinserción y desintoxicación, es decir, ver el problema desde la perspectiva de salud pública.

López Obrador dijo que se busca emprender la construcción de la paz aumentando modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas con base en cuatro ejes de justicia transicional: verdad, justicia, reparación del daño, y garantía de no repetición de los crímenes

Y un tema que resulta un verdadero nudo georgiano: la recuperación del control de las cárceles y su dignificación, así como planes para la reinserción social

En síntesis, la pacificación del país no será el primero de diciembre; quienes habían exigido que el Ejército se mantuviera en las calles ante la crisis de las policías estatales y municipales, hoy se dicen decepcionados de que López Obrador les haya hecho caso.

El éxito del gobierno de López Obrador depende precisamente de que la violencia amaine. Quedan pendientes dos temas: el dinero y la legalización de algunas drogas, de lo que comentaremos el lunes.

 Las del estribo…

  1. El segundo y último informe de gobierno fue más bien un acto sin pena ni gloria, muy distinto a lo que habría imaginado Miguel Ángel Yunes en caso de que su hijo hubiera ganado la elección. Como todo gobernante, ha dicho que el juicio histórico a su gobierno le corresponde a los veracruzanos. Ya lo hicieron el pasado 1 de julio ¿no le avisaron?
  2. Ricardo Salinas, Bernardo Gómez, Olegario Vásquez, Carlos Hank y Miguel Alemán. Los cachorros de la revolución, los beneficiarios de las privatizaciones de Salinas ahora al servicio del Presidente López Obrador como consejeros empresariales. Ahí la lleva la cuarta transformación del gato pardo.