Tras la denuncia pública de presuntos actos de extorsión al interior de la Contraloría General contra burócratas, la dependencia estatal inicio una investigación sobre el caso.

De confirmarse las denuncias anónimas que llegaron al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se sancionará a los responsables, informó el presidente Sergio Vázquez Jiménez.

Recordó que trabajadores que estaban solventando observaciones de manejo financiero, acusaron que les estaban pidiendo dinero y hasta coches de agencia, para justificar el gasto público, de lo contrario los responsabilizarían por el presunto desvío público y serían inhabilitados.

El pasado 24 de octubre se denunció que los trabajadores reciben llamadas telefónicas con los datos sobre los procesos administrativos en su contra y se afirma que, si no pagan montos que van desde ocho mil, 250 mil pesos, o un automóvil, se les fincará responsabilidad por el desvió de fondos públicos, por lo que serán inhabilitados por un periodo de ocho a 10 años.

“Dicha extorsión, presuntamente, proviene del área de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, encabezada por Pedro José Vargas Zarrabal”, detalló el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

En ese sentido, confirmó que el Contralor General Tomás Figuerola, le notificó de que ya se inició la investigación, “y estamos esperando los resultados, hoy esta en el terreno de los que tienen que actuar”, insistió.

Al referirse a la denuncia que presentó ante la Contraloría Interna del Congreso local, por la aprobación de la Cuenta Pública del 2017, en la que se redujo el daño patrimonial por más de 337 millones de pesos, insistió que esa era la instancia competente.

“Nuestra obligación, desde el ámbito ciudadano, es señalarlo y dimos el paso adicional que fue presentar la denuncias y vamos a estar muy pendientes del seguimiento”, insistió.

Evitó hablar sobre lo que señaló el diputado Sergio Hernández, quien consideró que la Contraloría Interna no tendría competencia en el tema, aclaró que en todo caso se les deben notificar que no pueden investigar.

“No quisiera controvertir en el tema de leyes, a lo mejor ellos la conocen mejor, pero pienso que es ahí (donde se tenía que presentar la queja), nosotros tenemos claro que es la ventanilla a la que teníamos que ir”.

Isabel Ortega/Avc