En los últimos días de estos intersticios entre los gobiernos entrantes y salientes, somos testigos de varios eventos que nos recuerdan la situación de los derechos humanos  en México y Veracruz.

La semana pasada se presentó el gobierno mexicano ante la comunidad mundial para ser cuestionado y observado a través del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. Durante este encuentro se le presentaron a México más de 250 recomendaciones por la grave situación que vive el país en materia de derechos humanos.

Por otro lado, en París se desarrolló el Primer Foro Internacional por la Paz, organizado por el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Igualmente en este evento, aunque esta vez de manera más benévola, se evidenció por diversas vías un México atorado, empantanado, desorientado, en su labor de garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos las personas.

En el tema de tortura un proyecto encabezado por mexicanos ganó el apoyo institucional y financiero para desarrollar documentales sobre violaciones al debido proceso en personas privadas de libertad. En efecto el “Proyecto Mundial por la Justicia” encabezado por Roberto Hernández, dará voz a historias de vida de personas que han sido privadas de la libertad o torturadas, en el contexto de las dificultades en el acceso a la justicia en México.

Ya aquí en esta columna hemos señalado que Veracruz está colocado en el número 24 del total de las 32 entidades federativas, del ranking global del “Índice de Estado de Derecho en México 2018 del World Justice Project”. Este Índice pone a Veracruz  en el número 31 del ranking de derechos fundamentales que mide la protección efectiva de los derechos humanos, y en el lugar 31 en el de justicia penal que evalúa la efectividad y calidad del sistema de justicia penal.

Igualmente hemos señalado que en el índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX) que realiza el Centro de Estudios sobre Seguridad y Justicia y la Universidad de las Américas, Veracruz está clasificado en la posición 23 dentro de los 32 estados, con un grado de impunidad “muy alto”.

Por otro lado, en días pasados también se presentó el portal y la investigación periodística “A dónde van los desaparecidos”, desarrollado por “5° Elemento, Laboratorio de Investigación Periodística” y financiado por la Fundación Open Society. En este documento se presenta que de 2006 a 2016 en México se reportaron el hallazgo de 2,210 fosas con al menos, 2,884 cuerpos. De este universo, en Veracruz se ubicarían 332 fosas con 222 cuerpos. Sin embargo, esta información todavía no contabilizaba las 125 fosas con 290 cráneos y 22 mil 079 restos óseos hallados en Colinas de Santa Fé a las afueras del Municipio y Puerto de Veracruz, lo que elevaría la cifra a 457 fosas y 512 cuerpos en Veracruz.

Toda estos estos datos y este cúmulo de informes, documentales, testimonios y reportes justifican plenamente una alerta máxima de los organismos multilaterales de los sistemas internacionales e interamericanos de derechos humanos y de la comunidad mundial para poner toda la atención en lo que sucede en México y en Veracruz.

No se trata meramente de una crisis humanitaria tal y como la define el derecho internacional humanitario o tal y como lo maneja la comunidad internacional ante una situación de guerra o de posguerra o ante el desastre humano que implica el desplazamiento por causas graves naturales o humanas de grandes cantidades de seres humanos. Desde luego estos términos están acotados precisamente a esas situaciones y no aplican a lo que se vive en México, ya que en la mayoría de casos una crisis humanitaria puede significar la pérdida total o casi total del poder o autoridad pública estatal.

Sin embargo, aunque no estamos ante una típica crisis humanitaria, sí estamos ante una situación donde las autoridades no han podido atender situaciones graves de violencia e inseguridad, no han podido procurar justicia y en muchos casos han sido negligentes u omisas ante dichas situaciones.

Para comenzar a replantear o de plano crear una política pública que muestre un nuevo inicio y una delimitación con todo lo anterior, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha anunciado ya una Declaratoria por violaciones a derechos humanos que representará ante los veracruzanos la estrategia de atención hacia las víctimas por violaciones de derechos humanos.

Se trata de reconocer un problema público. En el libro “Problemas Públicos: Controversias y Aportes Contemporáneos”*, editado este mismo año por el Instituto Mora, se señala que “el carácter públicos de los problemas es justamente la consideración de que alguien debe hacer algo”. “Nombrar un problema… es ya asumir ciertos rasgos particulares del fenómeno”. “El sentido de lo público se refiere al carácter general y a la movilización o interpelación de entidades colectivas… que están involucradas –como parte de la causa o como solución- en el problema”. “El modo en que se constituyen los problemas públicos plantea una cuestión central: la responsabilidad. Todo problema público implica justamente la atribución de responsabilidades”, (Guerrero et. al., 2018).

En este importante trabajo se señala que la responsabilidad tiene un carácter político porque hace referencia a aquello que debe hacerse para solucionar el problema, lo que equivaldría a políticas públicas, su diseño y ejecución. En este momento se hace esencial el reconocimiento relacionado con el problema.

De acuerdo a esta lógica y siguiendo también la ontología del lenguaje, primero hay que identificar el problema, hacer distinciones sobre sus componentes, y declararlo, quizá como un “quiebre”. Luego hay que hacer intervenciones en el observador que somos, acciones que nos lleven a cambiar y llegar a nuevos resultados.  Es esa capacidad de hacer las distinciones y declaraciones primero, y hacer las intervenciones necesarias después, lo que hace una acción o política pública poderosa en el sentido de hacer cambios en la realidad.

Lo que haría una “Declaratoria” en primer lugar es eso precisamente: enunciar el problema, explicarlo, buscar describirlo y definirlo, declararlo como un problema, hacerse responsable de ese problema, tomar decisiones y cursos de acción, y finalmente cambiar acciones o emprender nuevas acciones.

Declarar es antes que nada hacernos visibles, vernos, reconocernos, responsabilizarnos. Declarar quiere decir hacer el primer cambio, la primera decisión, dar el primer paso. Bien por el Gobernador Cuitláhuac García. Declaremos el quiebre, declaremos el problema público, y luego, actuemos, intervengamos, cambiemos, actuemos.

* Problemas Públicos: Controversias y Aportes Contemporáneos, Juan Carlos Guerrero Bernal, Alicia Márquez Murrieta, Gabriel Nardacchione y Sebastián Pereyra (coordinadores), Instituto Mora y CONACYT, México, 2018.