El gobierno del estado omitió depositarlos en 2016 a la administración del alcalde, Marco Antonio Martínez Amador.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó el pago de 17 millones 566 mil 155 pesos al Municipio de Acayucan, por concepto de recursos federales de agosto y septiembre de 2016 que el Gobierno de Javier Duarte no cumplió con depositar a la administración 2014-2017 que presidió el ingeniero Marco Antonio Martínez Amador.

La sentencia fue acordada el pasado 20 de junio por magistrados de la Primera Sala al resolverse la controversia constitucional 166/2016, promovida por el síndico municipal Dagoberto Marcial Domínguez en contra del Poder Ejecutivo del Estado por la omisión en el pago de participaciones federales, así como también del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) y del Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTSEG).

Concedió un plazo de noventa días al Gobierno del Estado, a partir de la notificación correspondiente, para hacer efectivo el pago respectivo al Ayuntamiento.

A continuación, parte principal de la resolución:

De acuerdo a las constancias que obran en el expediente, la Primera Sala concluye que la autoridad demandada incurrió en la omisión de entrega de los recursos económicos federales correspondientes a las participaciones federales del mes de agosto de dos mil dieciséis, por un monto de $3’668’300.00 (tres millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), que fue el monto señalado por el municipio actor.

En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISMDF, la autoridad demandada deberá pagar el monto de $9,894,855.08 (nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 08/100 moneda nacional) correspondiente a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis, así como el pago de los intereses correspondientes debiendo calcularse desde la fecha en que conforme al respectivo calendario de pagos cada uno de los pagos se hizo líquido y exigible y hasta la fecha efectiva de liquidación, conforme a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.

Respecto de la omisión de pago impugnada por el municipio actor de los recursos del Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG), por el pretendido monto de $5,500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), de las pruebas que obran en el expediente se advierte que mediante el ya citado oficio TES/1275/2017, el tesorero local le informó al Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que respecto de dicho concepto se advierte un registro pendiente de pago por la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Por lo tanto, esta Primera Sala llega a la conclusión de que, tal como fue solicitado por el municipio actor, se actualiza una omisión de pago del citado programa (FORTASEG), en tanto que posterior al referido informe del tesorero de la Secretaría de Finanzas de la entidad, no se advierte que se hubieren efectuado su pago, pues no se han aportado más pruebas, por lo que se ordena la entrega de dichos recursos por la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional), así como el pago al municipio actor de los intereses que resulten sobre el saldo insoluto desde que fueron exigibles hasta la fecha de liquidación conforme a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.

Dentro del apartado IX correspondiente a los efectos, los magistrados acordaron:

Esta Primera Sala determina que los efectos de la presente sentencia se traducen en la entrega de las cantidades adeudadas y los intereses que se hayan generado respecto a las participaciones federales correspondientes al mes de agosto de dos mil dieciséis, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mi dieciséis y el programa de fortalecimiento para la seguridad pública (FORTASEG), tal como se precisó en el apartado anterior de esta resolución.

Para ello se concede al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, un plazo de noventa días contados a partir del día siguiente a aquél en que le sea notificado este fallo, a fin de que realice las acciones conducentes para que sean entregadas las participaciones y aportaciones federales y los recursos financieros que han quedado precisados en esta sentencia, más los intereses que resulten sobre este saldo insoluto hasta la fecha de liquidación conforme a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.

En caso de que los recursos federales ya hayan sido entregados al municipio actor durante la substanciación de la presente controversia, queda incólume la condena del pago de intereses referida en el párrafo previo.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), quienes se reservan el derecho de formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

Los noventa días concedidos al Gobierno del Estado, estarían por cumplirse en los próximos días, por ello el mandatario Miguel Ángel Yunes Linares declaró en días pasados a una radiodifusora del puerto de Veracruz, que acordarán con tres Municipios un calendario de pagos de esos recursos federales que Javier Duarte desvió para otros fines.

Nos informan que pese a la omisión del gobierno duartista de no depositar los casi 18 millones de pesos al municipio de Acayucan, la administración del ingeniero Marco Martínez Amador no suspendió actividades por la falta de ese dinero, al contrario, continúo entregando resultados y beneficios a los habitantes de Acayucan.

Con información de Cambio Digital