39 días y adiós. Junto a un cuestionado “año fiscal”, sigue su curso el famoso “año de Hidalgo”. Además, aumentan notoriamente, tanto exigencias de una auténtica rendición de cuentas, como múltiples señalamientos y hasta denuncias por el ineficiente y hasta delictivo desempeño gubernamental.
En Veracruz, turno de las Contralorías, del Órgano de Simulación Superior ORFIS y del sistema estatal anticorrupción no nato, abortado y rechazado. Y también en el país, turno de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación y el sistema nacional zombi anticorrupción, cuyos resultados, también son mediocres o nulos. Eso sí, todos bien pagados y con cargo al presupuesto.
Fiscalización gubernamental, en general, caracterizada e integrada en sus diversos ámbitos, por sistemas incompletos, inconsistentes, contradictorios, limitados, omisos y descoordinados.
Cuenta de nunca acabar. Se sabe con frecuencia, de miles de millones de pesos, oportunamente presupuestados y, supuestamente, justificadamente fiscalizados. Miles de millones de pesos, en realidad, desaparecidos, saqueados y, lo que es peor, endeudados. Y por si fuera poco, otros miles de millones, trasladados descaradamente a concesiones y privatizaciones.
La fiscalización gubernamental, del “Tío Lolo”
¿Por qué sostener una cara e inútil fiscalización a modo, simuladora y encubridora, de entretenimiento y distracción? ¿Quién vigila y supervisa a los vigilantes y fiscalizadores oficiales?
Todos a la báscula. Los que están y ya se van, tienen mucho que explicar y justificar, conforme a las leyes que se supone debieron cumplir y hacer cumplir.
Por tanto, es hora también, de fiscalizar a los fiscalizadores.
En este contexto de transición, hay que recordar que en general, para todo gobierno que asume sus responsabilidades, es importante determinar las condiciones en que se recibe. Precisar con claridad e identificar que hicieron y qué no; saber de logros y pendientes, de aciertos y errores; y desde luego, deslindar responsabilidades y culpabilidades en las pérdidas, daños, retrocesos que habrán de pagar presentes y futuras generaciones.
En resumen, obligados todos a saber, en cada área gubernamental qué se vive, ¿avance o retroceso? ¿Gobernaron los gobernantes? ¿Sirvieron los servidores? ¿Funcionaron los funcionarios? ¿Cumplieron y lo lograron metas y objetivos? ¿Simularon y engañaron?
Inaceptable cerrar los ojos y hacer como que no pasa nada y todo va bien. Mucho menos justificar lo injustificable, y resignarse o aceptar ineptitud e improvisación, mediocridad e ineficiencia, así como el crimen sin castigo.
Parte del cambio exigido, es no hacerles el juego a vividores y parásitos refugiados en las estructuras de seguimiento y control, vigilancia y fiscalización. Convertidos en cómplices y garantes de la impunidad; y hasta en renombrados intocables y reciclables, expertos en proteger y esconder ineptitud, ineficiencia, corrupción y delincuencia gubernamentales.
Esos que cobran muy bien y han hecho un creciente negocio de lo que no funciona; aprovechándose de lo que fundamentalmente ha servido y sirve para encubrir, esconder o corregir a modo; los mismos que, cuando no les queda de otra, siguen sin denunciar y probar que se debe castigar a los responsables y culpables, ampliamente señalados y conocidos por todos.
Esos, los llamados fiscalizadores, que salvo excepciones (si las hay), en lugar de cumplir con su deber, además de que encubren, protegen y obtienen beneficios propios, hasta llegan cínicamente a reconocer y exaltar la existencia de los problemas, solo para pedir más recursos o proponer y recomendar la creación de más instituciones, dependencias o burocracia en general, obviamente con cargo al presupuesto y con nulos o mediocres resultados.
Fiscalizar, controlar, asegurar, auditar para remediar, corregir y reorientar bien y a tiempo, sin daños ni pérdidas es, por desgracia y en gran parte, una función pública ausente, convertida en muchas formas, solo en apariencia o entretenimiento, encubridora y hasta cómplice, en los gobiernos que ya han caracterizado la banca rota, quiebra, insolvencia o latrocinio de sus administraciones y finanzas públicas, cada vez más y más comprometidas y perjudicadas por generaciones.
Bien se sabe, que entre más combaten los diferentes gobiernos la pobreza, más crece; y en cuanto a la corrupción, sucede lo mismo, entre más se asegura que se pretende erradicar, más aumenta. ¿Cuál efectividad de la costosa fiscalización?
Ridículas y costosas negaciones de la realidad, manipulación de hechos y verdades a medias. Todo para no enfrentar a fondo y en forma los graves problemas. Mediocridad e ineptitud van de la mano con delincuencia e impunidad.
Por lo pronto hay que decirlo. Imposible ignorar o minimizar, las repercusiones inmediatas, que se reflejan ya, en las quebrantadas y saqueadas finanzas estatales y municipales.
Importante alertar, sobre insuficiencias, desviaciones, endeudamientos que debilitan la política económica y social. Sobre todo porque también aumentan limitaciones, sacrificios, protestas e inconformidad social. De empeorar la situación, son previsibles manifestaciones de resistencia y desobediencia civil.
Imposible ignorar que, con frecuencia, el mismo poder legislativo es un cero a la izquierda; no ejerce todas sus funciones y atribuciones; no exige que verdaderamente se denuncie y castigue a responsables y culpables; y en general, no hace que se acaten sus decisiones, disposiciones, acuerdos, decretos y hasta leyes. Ejemplo, el presupuesto oficial aprobado, frente a lo ejercido, es costumbre que sea rebasado, violado o ignorado.
De ahí que se deba insistir, que se debe actuar rápido, integral y consistentemente, en las administraciones gubernamentales locales.
Empezando por exigir y preguntar al gobierno estatal: ¿De qué tamaño es el daño recibido y cuál es ya, el acumulado por el gobierno actual? ¿A cuánto asciende el total-total de deuda pública estatal y municipal? ¿Dónde están los miles de millones de pesos presupuestados y desaparecidos? ¿Y los resultados de la entrega recepción? ¿Cuántos despedidos y nuevos contratados van? ¿Renovar o autorizar más concesiones y privatizaciones, para beneficiar a quienes? ¿Cuál es el costo de la reestructuración de la deuda? ¿Es obligatorio sostener a funcionarios ineptos o mediocres con elevados y ofensivos sueldos, más beneficios especiales?
Para gobernar al gobierno, se debe también fiscalizar a los fiscalizadores, y fortalecer participación y evaluación social.
Por cierto. Buena broma, la del ORFIS que quiere auto reformarse… a modo.
*AcademicoIIESESUV@nullRafaelAriasH.Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasHdez