Prefacio.

Es de llamar la atención la postura asumida por el alcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, quien pretende influir en las decisiones del próximo gobernador de Veracruz, lo que –es evidente- no puede hacer con el actual, su señor padre. *** Miembro de la dinastía Yunes-Márquez, Fernando lanzó “un reto” a Cuitláhuac García: Que destine el producto de las economías que consiga en la administración estatal, en educación. *** ¿Y como por qué? ¿Por qué no a salud? ¿Por qué no a seguridad? ¿Acaso no se requiere para atender a grupos vulnerables? ¿De casualidad alguien –que no sea su padre- ha intentado influir en él para que destine los fondos públicos a un rubro en particular? *** Pierde de vista este bisoño político que su ejemplo más cercano, Miguel Ángel Yunes Linares, decidió que el dinero que recuperara de los supuestos actos de corrupción en el gobierno estatal, los aplicaría a salud. No le preguntó a nadie, lo decidió él. *** Hay quien sugiere que ese interés en el sector salud tiene que ver con los negocios que hizo en sus tiempos de director del ISSSTE y que buscó replicar en la entidad, pero esa ya es otra historia. *** Fernando Yunes le pide a Cuitláhuac García, además, que transparente el destino de los recursos que consiga a partir de reducir el gasto operativo de la administración estatal. *** No es difícil de adivinar: Abatir el déficit que arrastra desde hace al menos un par de décadas el gobierno estatal; pagarles a empresarios y ayuntamientos los adeudos que dejó Javier Duarte y que incrementó Yunes Linares; abatir los índices de pobreza e impulsar la generación de empleos, reactivando la economía en la entidad. *** A propósito: ¿Qué hizo el actual gobernador con lo que dice él mismo que “se ahorró” al renegociar la deuda? ¿Cuál fue la comisión que tuvieron que pagar los encargados de realizar esa operación financiera? ¿Dónde está el dinero que les arrebató a los duartistas? *** Hablemos, pues, de opacidad.

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Este martes el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal admitió como “factible” la creación de una Comisión Especial de dicha Cámara que investigue los casos de corrupción de ex gobernadores desde 2006… hasta el 2018.

Eso quiere decir, que ese “tsunami” alcanzaría al actual gobernador veracruzano, del que ya tiene la PGR en su poder al menos cuatro denuncias (el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino; el exgobernador Javier Duarte, la “carpeta azul” que presentó López Obrador, y la de la Sección 32 del SNTE), más las que se acumulen por la implementación de la llamada “licuadora”, que se traduce en desvío de recursos, y la aparición de empresas fantasma, casualmente los mismos vicios que él tanto denunció del gobierno de Javier Duarte.

Este martes, el economista Rafael Arias anticipó que en el informe de la Cuenta Pública 2018 habrá de aparecer lo que él llamó “la quiebra de la monarquía” y el altísimo costo que tuvo para Veracruz.

Rafael Arias Hernández, investigador de la Universidad Veracruzana, explicó que las irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2017 es apenas “un bocadito” frente a lo que habrá de aparecer en la del presente año.

Rafael Arias dijo que en 2018, cuando se llevaron a cabo las elecciones estatales y federales, el quebranto financiero será muchísimo mayor al presunto daño patrimonial de 338 millones de pesos que hasta el momento se ha detectado.

Aprovechó para cuestionar el desempeño del Orfis:

“No hay humor negro más famoso en Veracruz que el Órgano de Fiscalización Superior, que cuenta unos chistes que nadie cree, que es de simulación e incluso amnésico”.

Por lo pronto, el senador Ricardo Monreal admite que sí puede crearse la comisión (podría ser una subcomisión) para revisar las finanzas de los gobiernos estatales salientes: “Acompañaremos la propuesta de la senadora Soledad Luévano, porque sí es un escándalo y porque creo que la rendición de cuentas debe de ser ya una posición indeclinable de todos, de cualquier gobierno, de cualquier signo político”.

Monreal rechazó que se trate de una “cacería de brujas”; dijo que es el momento de exigir rendición de cuentas, que se aplique la ley, nada más.

Muchas sorpresas habrán de encontrar en Veracruz los miembros de esa comisión.

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Epílogo.

A pesar de que el Orfis no lo ubicó como “probable daño patrimonial”, lo cierto es que sí hay evidencias de las trampas que utilizó el exdirigente estatal del PAN, Pepe Mancha, para favorecer a sus empresas. *** En el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2017 quedó en evidencia que se simuló una licitación en la que participaron dos de sus empresas (Izal Inmobiliaria y Multiservicios El Elemento) para ganar un concurso por 16.7 millones de pesos para la pavimentación del camino La Chinantla-Helio García Alfaro-La Horqueta, en Uxpanapa. *** Se detectó que las empresas que compitieron tienen una accionista en común: Monserrat Ortega Ruíz, la esposa de Mancha. ¿Y así quieren que se mantenga al frente de los panistas veracruzanos? *** En San Lázaro, el activismo de la legisladora veracruzana Anilú Ingram se hace sentir. Fue designada secretaria de la Comisión Permanente de Infraestructura e integra la Comisión de Desarrollo Social. La legisladora porteña afirmó que desde la comisión de Infraestructura vigilará que en los próximos años el país cuente con más y mejores carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos, que puedan dar una mayor competitividad a todas las regiones. Bien. *** Este miércoles hay sesión extraordinaria del Congreso local. Los diputados se aprestan a revisar con lupa cada dictamen que pase por sus manos, para que no les metan otro gol como el de la “Ley Anti-memes”.

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