HORA LIBRE | Corrupción marca elección de dirigente del PAN

Al menos dos de los candidatos a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José de Jesús Mancha Alarcón y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, alias Chapito, están marcados por la corrupción, cuando no han caído en actitudes autoritarias que han rayado en lo delictivo. Así de negro pinta el panorama para un partido que no solo en el país, sino hace tiempo también en Veracruz, ha sido marcado por la ambición de poder y por el abandono de los principios que le dieron origen en septiembre de 1939.

El primero, Pepe Mancha, busca reelegirse, luego de mantenerse en el poder y haber dirigido a su partido en los comicios de 2016, 2017 y 2018, estos últimos fatales para quienes dos años antes habían logrado el gobierno del estado, al perder la elección a gobernador de Miguel Ángel Yunes Márquez. Sin embargo, dos años antes había logrado el triunfo del Yunes mayor, gracias a ganarle la partida a Javier Duarte y agenciarse la alianza con el PRD.

En 2016, Mancha Alarcón se negó a incorporarse al gabinete; prefirió seguir al frente del PAN y embarcarse en la rueda de la fortuna que significó que a varias de sus empresas le asignaran, ya sea en concursos amañados en que participaban hasta dos de las suyas o por asignación directa, contratos jugosos de obras y servicios de parte de sus camaradas Julen Rementería del Puerto en la SIOP, Indira Rosales San Román en la Sedesol, Jorge Winckler Ortiz en la Fiscalía General y Sergio Hernández Hernández en la Legislatura estatal, entre otros.

Pepe Mancha, bien manchado

De ello se ha escrito mucho, pero lo más reciente es que la empresa Multiservicios El Elemento, de la que es socia Monserrat Ortega, diputada local electa y esposa del dirigente panista, incumplió con la construcción del Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan, que se inició en mayo del 2017, según se desprende de la observación hecha por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en la revisión del manejo financiero de la Fiscalía General del Estado (FGE), y emitió la recomendación RP-010/2017/003, en la que pide al órgano autónomo implementar medidas de control para garantizar el cumplimento de la totalidad de las metas y objetivos programados por la Fiscalía.

Como parte de la observación TP-010/2017/003 ADM, que incluye la aplicación de recursos federales, el Orfis supervisó la construcción de los Centros Integrales de Justicia de Coatzacoalcos, Orizaba, Cosamaloapan y Poza Rica, así como el edificio antisecuestro del estado.

Del listado de obras se observó que en el caso del contrato 2017300870106 entregado a la empresa de Mancha Alarcón y su esposa, la obra está retrasada en su construcción. “La obra se encuentra en obra gris y en partes en obra negra, existiendo fuerza de trabajo en el sitio, teniendo como fecha de terminación autorizado el 31 de marzo del 2018, presentando un atraso de 23 días al momento de la revisión física. Por lo anterior, la obra será objeto de seguimiento en la Cuenta Pública del Ejercicio 2018”, determinó la autoridad fiscalizadora.

José Mancha Alarcón y su familia conformaron al menos tres empresas que en los años 2017 y 2018 recibieron contratos por más de 70 millones de pesos de dependencias como Sedesol, SIOP, SEV y Fiscalía General. Del total de las obras del Orfis observó la asignación de tres contratos.

Además, se observó el contrato que se entregó a la empresa Izal Inmobiliaria SA de CV por 16 millones 779 mil pesos, ya que en el proceso de licitación participó Multiservicios SA de CV, y en ambas constructoras es socio José Mancha Alarcón, lo que invalidaba la asignación del Contrato.

En el caso de Espacios Educativos se pidió justificar el manejo de 10 millones 332 mil 878 pesos, al asignar 29 contratos de manera directa, lo que fue considerado una falta administrativa grave. El paquete se incluye la obra asignada a Monserrat Ortega Ruiz, diputada electa y esposa de Pepe Mancha, para rehabilitar la Normal de Tuxpan, por un monto de 2 millones 403 mil pesos.

Las benditas redes sociales

“Y tal fue el impacto del 68 en el joven López Obrador que un par de años después se hizo militante del partido de Díaz Ordaz”. Juan Ignacio Zavala @JuanIZavala

El Chapito arrastra una cola enorme

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés ha dejado la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), y le ha dejado todo el peso del proceso de entrega-recepción a quien fuera su jefe de la Unidad Administrativa, William Charbel Kuri Ceja, todo por irse a la aventura de buscar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), para lo que ha pedido piso parejo para quienes participen en el proceso interno panista. Su sucesor en la Sedarpa tendrá que lidiar con observaciones por 36 millones de pesos en los resultados preliminares de la Cuenta Pública 2017.

Por lo pronto, el exsecretario de Sedarpa, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, se ha deslindado de las observaciones de daño patrimonial que realizó el Organismo de Fiscalización (Orfis) a la secretaría a su cargo durante 2017, argumentando que se trata de un error del Orfis puesto que el presunto daño patrimonial se encuentra en el Fideicomiso de Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (Fidever) que a su parecer no fue debidamente auditado

Y le echó la bolita al Orfis: “Nosotros entregamos todos los expedientes de a quién se le entregó el recurso, el problema grave fue que no tuvieron el tiempo de revisarlo; al final de cuentas fue que yo se lo comenté al del Orfis, al contralor, que no era una observación como tal sino que era una deficiencia del trabajo de los auditores”.

En su defensa, dijo que en el fideicomiso se encuentran involucradas varias dependencias pero que ellos entregaron los recursos y otras dependencias son las que fiscalizan su aplicación. Lo que sigue, dijo, es revisar si hubo daño patrimonial o si el Órgano de Fiscalización no hizo su trabajo bien.

Guzmán Avilés aseveró que las observaciones por daño patrimonial en la dependencia que estuvo a su cargo no afectarán su aspiración de dirigir el Partido Acción Nacional. “No lo creo, en ningún momento, siempre y cuando nosotros solventemos la observación, en su momento lo haremos”, aseguró.

Por lo pronto, a la actual legislatura local, dominada por el PAN, le queda poco más de un mes, hasta el 5 de noviembre en que inician funciones los próximos diputados, en una Legislatura que tendrá una aplastante mayoría de Morena y sus aliados, lo que pone en veremos quiénes serán los indicados para analizar las repercusiones del trabajo del Orfis, que pudo haber hecho las observaciones con todo el interés de que sean solventadas fácilmente por los entes fiscalizados.

Osorno o la sorna del 68

Por lo menos desproporcionada se escuchó la versión otorgada este martes 2 de octubre por la diputada de Morena, Guadalupe Osorno Maldonado, al señalar en el Congreso local, que el movimiento de 1968, cuyos primeros 50 años se conmemoran este mes, “sembró las semillas que dieron origen a la transformación que ahora apenas empieza”.

Absolutamente falso. Ese enorme movimiento por la democracia, que tuvo a cientos de mártires en todo el país, y no solo los que fueron parte del aún desconocido saldo de la masacre ocurrida la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, tuvo repercusiones inmediatas en el sistema político mexicano, y no por concesión del PRI y las fuerzas oscuras que buscaban mantener el autoritarismo en todas las esferas del poder.

La primera manifestación de que el movimiento estudiantil del 68 no había sido en vano fue la incipiente “apertura democrática”, al año siguiente, con la reforma al artículo 34 Constitucional que, entre otras cosas, redujo la edad de los derechos políticos de 21 a 18 años, todavía en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el mismo que decretó la reforma a la Ley Federal Electoral el 29 de enero de 1970.

El movimiento estudiantil no terminó en Tlatelolco. De inmediato se pusieron en juego demandas como autonomía universitaria, en particular en Nuevo León, que recibieron el apoyo de los estudiantes de la UNAM, y nuevamente fueron masacrados el 10 de junio de 1971, ya en el gobierno de Luis Echeverría, que tampoco logró detenerlo. El movimiento social y político tendría sus máximas expresiones en los setenta y ochenta, con movimientos estudiantiles masivos, como el de la huelga universitaria de 1977; la efervescencia de los movimientos guerrilleros, la participación electoral del Partido Comunista Mexicano, el nacimiento del Partido Socialista Unificado de México, su derivación en el Partido Mexicano Socialista, la creación del Frente Democrático Nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas, y todos los dirigentes históricos salidos del PRI que dieron nacimiento al PRD, hoy arrumbado en la covacha de la historia.

Todo un movimiento social en que, por cierto, no participó el arquitecto del partido Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien pasadas las masacres del 68 y el 71 decidió afiliarse al PRI, el partido que las ordenó, y al que abandonó hasta 1988, luego del fraude electoral de que fue objeto el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Guadalupe Osorno es demasiado joven. Y se entiende que esté muy entusiasta de su militancia en Morena. Pero eso no le quita lo… poco acuciosa para conocer la historia contemporánea del país. Decir que el movimiento del 68 apenas está germinando en estos días es como decir que desde entonces se buscaba crear Morena.