Gonzalo Santos Rivera, ex gobernador de San Luis Potosí (1943-1949) y quien
fue militante del Partido Nacional Revolucionario; dio vida a uno de los dichos
atribuidos al priismo y que viene como anillo al dedo para visibilizar, una vez más,
el grave problema de corrupción que lastima a nuestra nación. Recordemos este
supuesto diálogo que da vida a una frase conocida por muchos:

-¿Qué es la moral?- pregunta un priista.
– Es un árbol de que da moras- le contesta otro.

La moral es un árbol que da moras

Atribuir este desapego al conjunto de costumbres o normas comúnmente
aceptadas que conducen el comportamiento del hombre en sociedad al priismo, es
una irresponsabilidad y una declaración falsa, pues la mayoría podemos coincidir
que esta forma de pensar representa más a una clase política y no a un partido de
manera exclusiva. También digo “una clase política”, porque no se le puede
atribuir a todos de manera general.

La administración de Enrique Peña Nieto, seguramente será recordada, entre
otras cosas, como el momento en que “una clase política”, muy amplia por cierto,
rompió por completo con los valores que identifican a nuestra sociedad e
incumplieron con su mandato para buscar el bienestar común; buscando satisfacer
solo los intereses de grupo.

Ponerle nombres y apellidos a la cúpula de esta “clase política” ya es algo trillado,
pues es claro que cuando hablamos de corrupción en los más altos niveles de
gobierno, nos referimos a los casos de Rodrigo Medina (NL), Andrés Granier
(Tabasco), Mario Anguiano (Colima), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas), Humberto
Moreira (Coahuila), Guillermo Padrés (Sonora), Ángel Aguirre (Guerrero), y los
que más han robado cámara en los últimos meses o han sido la nota de todos los
días, son evidentemente César Duarte Jáquez de Chihuahua, Roberto Borge de
Quintana Roo, Roberto Sandoval de Nayarit y el flamante ex gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, entre otros más que complementan esta larga
lista.

Todos ellos enfrentan cargos por peculado, lavado de dinero o desvío de fondos y
algunos han logrado manipular la ley a su favor para protegerse o proteger a
quienes han sido cómplices del daño que han causado al país. Todos ellos unos
inmorales.

Es preciso señalar que la corrupción política no significa necesariamente dinero
público en manos de una persona, sino también es tráfico de influencias, pago de
favores, engaño, incumplimiento del deber, especulación, encubrimientos o
acciones que vinculen con grupos criminales.

Lo anterior, hace que la lista de esta “clase política” enemiga de los mexicanos
sea interminable e imposible de incluir en estas líneas.

Ahora bien, ¿cuál es el saldo que deja esta clase política conocida también como
la nueva generación?

Los desvíos que realizaron superan los 300 mmdp, pero ese desfalco al erario
público no es lo más grave. Hay cosas que lastiman más, que hieren más, que
duelen más, que ofenden más y que lamentablemente han ocasionado pérdidas
irreparables.

Hagamos una regresión breve al año en que Peña gana la presidencia, y vayamos
recorriendo hasta llegar al estado actual de este mal que se ha incrustado en el
torrente de nuestro sistema.

Después de haber ganado la elección de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto,
publicó un artículo titulado “El comienzo del cambio”. En esta publicación
mencionó que tenía la prioridad de convocar a la sociedad civil, a los partidos
políticos y organizaciones sociales para impulsar tres iniciativas que tenían en su
núcleo combatir la corrupción.

Más tarde, en febrero de 2015, Peña dictó un conjunto de acciones ejecutivas para
prevenir la corrupción y los conflictos de interés. Pero recordemos que para
entonces, la corrupción ya había dejado sus huellas en la administración de
Enrique Peña Nieto con escándalos como el de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, la casa blanca y la casa de Malinalco. Por otra parte,

estos integrantes de la “nueva generación” ya habían saqueado sus estados,
pasaron por encima de la voluntad de sus gobernados, insultaron a la población
con sus excesos, arrebataron la esperanza, mataron las aspiraciones,
incrementaron las deudas públicas, sembraron el miedo, instalaron el crimen y
manosearon la ley a su antojo.

El impacto de esta endemia ubicaba a México en el lugar 100 de 168 países
dentro del Índice de Percepción de la Corrupción en 2011, de acuerdo con el
reporte de Transparencia Mexicana. En 2016 México retrocedió varios puestos,
ubicándose en el lugar 123 y en el último lugar de los países que integran la
OCDE. Pero más que una pésima evaluación que se realiza sobre una serie de
indicadores, en México había un malestar generalizado, una sociedad totalmente
hastiada de “una clase política” protegida que violó la dignidad de un pueblo y
quebrantó sus valores.

De esta manera, llegaron los comicios de 2016 en varias entidades del país que
revelaron el inicio una debacle de los partidos hegemónicos.

A semanas de que culmine la administración de Peña Nieto, el saldo en materia
de corrupción es NEGATIVO. Así también, la confianza en las instituciones es
nula, pues contamos con cifras negras que demuestran la poca credibilidad de la
población en las instituciones de impartición de justicia. México hoy se ubica en la
posición 135 de 180 países evaluados en materia de corrupción. A nivel regional,
el país se ubica en las peores posiciones de América Latina y el Caribe. Junto a
Rusia, somos el peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo OCDE.

Los resultados son muy claros y México no confía más en esta “clase política”. El
riesgo es mayor cuando la corrupción ocasiona que el mundo no confíe en México.
Y lo peor, es cuando no existe un castigo contundente sobre quienes infringieron
la ley.

En unas semanas Peña Nieto saldrá del gobierno y no tengan duda que se irá
recogiendo los frutos caídos del moral.

Sobre el autor

Edgar Acosta Morteo es mexicano, estudió la maestría en Gestión Política con especialización en Comunicación Política por la Universidad Católica de Córdoba y Georgetown University, en Argentina. Tiene la Licenciatura en Administración por la Universidad Veracruzana, en México. Al día de hoy, desarrolla trabajos de investigación sobre “Comunicación Política”, “Ideología y Discurso”.

Actualmente es Director General y Fundador de Electo- Estrategia y Comunicación Política SC. Ha participado como consultor en más de 20 procesos electorales con candidatos a alcaldías, diputaciones, senadurías y gubernaturas. Así también, ha brindado consultoría para gobiernos estatales.

En Agosto de 2018 recibió el Napolitan Victory Award en la categoría Investigación Académica del Año con la obra “Ideología y Discurso- Análisis del Discurso Oficial de la Política de Seguridad Pública del Gobierno de México durante el primer año de Gobierno 2013-2014”.

Ha dado pláticas y talleres sobre “Comunicación de Gobierno” y “Comunicación de Crisis” en la Universidad Veracruzana y en la red de Universidades Anáhuac.

Fue Docente en la Universidad Anáhuac en la Licenciatura en Administración de Negocios (LAN), impartiendo las materias de Microeconomía y Macroeconomía, así como en la Licenciatura en Comunicación impartiendo la materia de Comunicación Integral. Trabajó como docente titular tiempo completo a nivel medio- superior en la Escuela de Bachilleres Antonio Ma. De Rivera, dentro de la Academia económico- administrativo y en el Programa de Apoyo a Estudiantes en Riesgo P.A.E.R.

Dentro de la administración pública, de desempeñó como Enlace en la Dirección General de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría General del Estado de Veracruz y como asesor del Área Consultiva de Proyectos de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa en la misma dirección del 2014 al 2016. Así también, Trabajó como jefe de departamento en la Coordinación General de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Puebla en la gestión (2005-2011).