El Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017 que entregó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la comisión de Vigilancia del Congreso local, revela que hay observaciones administrativas y un presunto daño patrimonial por más de 2 mil 780 millones de pesos. De ese monto el 39 por ciento corresponde a observaciones a 153 municipios.

El documento, que es público en el portal del Orfis, revela que el resto de los recursos auditados corresponde al Poder Ejecutivo, incluidas observaciones que ha remitido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al manejo financiero de Miguel Ángel Yunes Linares en su primer año de administración.

Daño patrimonial por 338 mdp en 16 secretarías de Yunes 

Este lunes se entregó el informe, en el que se detalla que el presunto daño patrimonial de 3 dependencias y 11 organismos públicos descentralizados, así como 2 fideicomisos, es de 338 millones 271 mil 311 pesos.

Las tres dependencias observadas son la Sedesol, por el manejo de 4 millones 771 mil pesos, que pagó a una empresa para dar mantenimiento al software que alberga el padrón único de beneficiarios, pero no hay muestra documental que se hizo el trabajo.

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, que estaba a cargo de Joaquín Guzmán, que renunció este lunes 01 de octubre, tendrá que justificar o regresar 500 mil pesos que se entregaron a la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro del Estado de Veracruz, y que no se justificaron ante el ORFIS.

A la secretaría de Protección Civil, se le observó el pago de 227 mil pesos por concepto de nómina, durante la revisión se detectó que funcionarios de la dependencia que dirigía Yolanda Baizabal, hoy titular de la SIOP, cobraban más de lo establecido en el tabulador publicado en el Gaceta Oficial del Estado.

También se incluyó en la lista de observados por daño patrimonial al Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, de Las Choapas y de Pánuco; al Instituto Tecnológico Superior de Perote y de Tantoyuca; la Universidad Politécnica de Huatusco; la Universidad Popular Autónoma de Veracruz; y las Universidades Tecnológica del Centro de Veracruz y del Sureste de Veracruz.

En la lista de los que incurrieron en presunto mal manejo de los fondos se incluye a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), que tendrá que explicar el gasto de 300 mil pesos que otorgó Conagua, para incidir en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el ámbito de los Consejos de Cuenca.

En el caso de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), se observó el pago de fondos extra por la supervisión de los trabajos de remodelación del Hospital Regional Luis F. Nachón; del Hospital Regional de Veracruz y del Niño Veracruzano, antes conocido como la Torre Pediátrica, por un total de 10 millones 322 mil pesos.

Del Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano no se explicó el gasto de 2 millones 490 mil pesos, que se pagaron a través del programa calidad del aire y red de guardias forestales,

En el caso del Fideicomiso de Inversión y Administración denominado Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario FIVERFAP, administrado por la Sedarpa, se debe justificar el pago de 38 millones 28 mil pesos que se entregaron a productores y asociaciones campesinas del Estado.

Daño grave por más de 800 mdp, empresas de Mancha Alarcón incluidas

El Órgano de Fiscalización calificó como observaciones graves el manejo de 815 millones de pesos, que incluye dos contratos asignados al líder estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, que recibió a través de la SIOP y Espacios Educativos.

La primera dependencia en la lista de las que tiene observaciones que se tendrán que substanciar, como parte de la siguiente etapa de la fiscalización, es la Secretaría de Desarrollo Social. La ahora senadora Indira San Román asignó de manera directa cuatro contratos a las empresas D&P México Servicios Digitales SA de CV, Golti SA de CV e Integración Documental SA de CV por 45 millones de pesos, lo que resulta irregular.

La secretaría de Infraestructura y Obras Públicas tendrá que justificar el manejo de más de 54 millones 937 mil pesos que adjudicó de manera directa a través de cuatro contratos, con el pretexto de que estaba por concluir el ejercicio fiscal, y de lo contrario se perderían los fondos federales. El Orfis consideró que la dependencia podría abreviar los plazos de licitación.

Además, se observó el contrato que se entregó a la empresa Izal Inmobiliaria SA de CV por 16 millones 779 mil pesos, ya que en el proceso de licitación participó Multiservicios SA de CV, y en ambas constructoras es socio José Mancha Alarcón, líder del PAN, lo que invalidaba la asignación del Contrato.

La constante de la administración de Miguel Ángel Yunes fue adjudicar contratos de manera directa, por lo que Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) tendrá que explicar la asignación de tres obras por un monto de 71 millones 654 mil 843 pesos.

Además, se deberá justificar la entrega de contratos bajo la modalidad “precio alzado” por un total de 544 millones 662 mil pesos, por no transparentar la información del proceso de ejecución de las obras, es decir, no se conoce el avance de las mismas.

En el caso de Espacios Educativos se observó el manejo de 10 millones 332 mil 878 pesos, al asignar 29 contratos de manera directa.

El paquete se incluye la obra asignada a Monserrat Ortega Ruiz, diputada electa de Acción Nacional, y esposa del dirigente estatal José Mancha Alarcón, para rehabilitar la Normal de Tuxpan.

En el concurso participaron las empresas Biodiversidad del Golfo, SA de CV e Izal Inmobiliaria, ambas tienen como accionista en común a Monserrat Ortega Ruiz, por lo que el Ente Fiscalizable incumplió con los criterios de imparcialidad y transparencia, por no abstenerse de recibir proposiciones. Esa obra costó 2 millones 403 mil pesos.

El Orfis detectó irregularidades administrativas en 153 Municipios. Por lo que se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de mil 102 millones 373 mil 460 pesos. Durante el periodo de fiscalización se logró el reintegro de 13 millones 981 mil pesos.

Yunes mantuvo prendida la licuadora

Las observaciones más recurrentes de la revisión del manejo financiero son: cuentas bancarias no registradas contablemente; anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados; anticipos de contratistas pendientes de amortizar; cuentas por cobrar no recuperadas, cancelación de cuentas sin soporte documental.

Pagos de remuneraciones superiores a lo que establece el tabulador; traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen; saldos de Deudores Diversos cancelados sin evidencia documental; erogaciones sin comprobación documental, erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios; erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad; adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable, no paga impuestos.

Subejercicio y gasto extraordinarios detecta ASF

En el reporte de Gasto Federalizado, el Orfis mencionó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó el manejo de 528 millones 275 mil pesos del ejercicio fiscal del 2017, que se tendrán que justificar o reintegrar a la Tesorería federal.

De lo que observó la autoridad federal es recursos pendientes de acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo o programa; ausencia de documentación justificativa y comprobatoria en materia financiera y de obra pública; recursos pendientes de devengar; pago de conceptos extraordinarios de obra que no cuentan con autorización; pagos por conceptos de obra no ejecutada.

Isabel Ortega/Avc