La Universidad Veracruzana (UV) se está transformando para bien, la renovación de los órganos públicos siempre debe generar oportunidades no sólo para brindar un buen servicio, sino para reafirmar la fortaleza de la máxima casa de estudios considerada como el espacio educativo de mayor trascendencia del estado de Veracruz, destacó Arturo Miguel Chípuli Castillo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

Al opinar respecto a la reforma del Artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, la cual le confiere a la UV la facultad de iniciar leyes y decretos sobre su organización, autonomía y funcionamiento, el jurista destacó que esta evolución es trascendental pues la función de autogobierno es un tema que se ha comentado en los últimos años, a raíz de la facultad de autonomía plena que requiere para desempeñar sus funciones.

“Es muy importante toda vez que permitirá a la UV llevar a cabo planteamientos de iniciativas para realizar su legislación”, resaltó en torno al decreto publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el jueves 6 de septiembre.

Chípuli Castillo consideró que esta evolución abarcará tanto el campo presupuestal y de gobierno, como las funciones administrativas y políticas que son necesarias para una adecuada gestión.

Aseguró que al interior de la máxima casa de estudios se requieren muchos cambios y uno de ellos es la Ley Orgánica, pero también se ha hablado de un replanteamiento de las funciones al interior de la propia Universidad.

“Lo que se requiere es restructurar, pues la última reforma que se hizo fue en la década de los noventa.”

De inicio, dijo, debe replantearse cuáles son los organismos gubernamentales y administrativos para hacer un diagnóstico de las funciones desarrolladas respecto a los problemas que se han presentado, y analizar si tienen la capacidad necesaria para generar soluciones.

La Universidad es un campo muy amplio en el que ocurren diversas problemáticas que necesitan de una política pública, mediante la cual puedan resolverse de forma adecuada.

De tal forma que esta restructuración debe diagnosticar y establecer pautas, añadió el investigador y aseguró que a nivel interno se cuenta con varios reglamentos y estatutos que requerirán de una atención plena.

Con relación a los órganos de rendición de cuentas al interior de la propia Universidad, como la Contraloría General, la Coordinación de Acceso a la Información y la Defensoría de los Derechos Universitarios, planteó que dichas estructuras también deben democratizarse.

No sólo se trata de reformar leyes, “sino de replantear los órganos de rendición de cuentas para democratizar y reducir los espacios de arbitrariedad que pudiese haber.”

En este sentido, subrayó que el planteamiento de la Ley Orgánica pretende modificar justamente esa pauta para iniciar la normatividad interna, donde valdría la pena también incluir a las entidades académicas, pues quizá ahí haya un espacio de oportunidad que debe ser aprovechado para generar las bases y lograr que toda la legislación general se aplique de una forma más idónea.

Al respecto, puntualizó que la transformación debe darse de manera progresiva, “primero debe adaptarse la legislación general y de ahí pasar a la secundaria”.

Asimismo, es necesario que exista una coordinación interinstitucional entre los distintos organismos de la UV y se dé cabida a la voz de los sectores populares, con el fin de que adviertan qué problemáticas deben controlarse a través de la legislación.

El especialista con Maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, se congratuló por el respaldo de la actual Legislatura del Estado de Veracruz a esta causa, pues refleja su postura política a favor de la UV. Generalmente, en otras entidades del país no se ha visto un apoyo tan incondicional a la universidad pública.

“La clase política ha asumido la postura de que la UV es un espacio que debe desarrollarse, pues es la base fundamental de la democracia en muchos sentidos.”

Con relación a su participación en el análisis del anteproyecto de la Ley Orgánica, expuso que sus propuestas se han centrado en dar relevancia al tema de los parámetros de gobierno abierto, que tiene que ver con transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).