Primero vamos aclarando, nada de malo tiene ser reina del Carnaval de Veracruz, pero fue uno de los primeros detalles que vinieron a mi mente cuando vi a una entre quienes integran el Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016. Vaya nombresito.

Desde una periodista, titular de informativos en televisión hasta un pastor de iglesia se encuentran en el quipo, pasando por académicos, investigadores, especialistas en temas legales y empresarios, obviamente esos que no tienen problema en salir en la foto con el gober. Ahí les va la lista de quienes forman ese diverso y trascendental grupo que es fiel reflejo de toda la ciudadanía veracruzana:

Empezamos por la citada al inicio, la colega Carolina Ocampo Hagmahier, periodista; además recordada últimamente como moderadora en uno de los debates de candidata y candidatos al gobierno de Veracruz, una respetable compañera del medio, pero que no escapa a la incógnita que muchos nos hacemos sobre su papel en el comité, si va libremente a aplicar su olfato periodístico en favor de la sociedad o qué.

Luego el León Armando Díaz Salazar, pastor de la Primera Iglesia Bautista y miembro de la Alianza de Pastores por la Paz, un dirigente religioso metido a temas de administración pública en un estado supuestamente laico: ¿en calidad de qué irá el pastor, hará oración para que las cuentas salgan? o para que la petición que ya les hizo Cuitláhuac García no trascienda.

Representando a la comunidad de la UV está Liliana Ivonne Betancourt, directora de Desarrollo Académico e Inovación Educativa en la máxima casa de estudios, y José Luis CUevas Gayosso, catedrático y exdirector de la Facultad de Derecho en la misma institución que Betancourt, además es Doctor en Derecho Público del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. De estos dos últimos esperamos un alto compromiso en su encomienda, ya que se trata de distinguidos miembros de la comunidad universitaria con el conocimiento técnico suficiente y de los caminos legales por los que un proceso de entrega recepción debe conducirse.

Por otro lado  están los representantes del desarrollo económico, de la iniciativa privada, de la generación de empleos; Luis Palacios, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, importante empresario constructor que, a principios de 2018, salió en defensa de Yunes Linares asegurando que sus colegas de otros cámaras empresariales exigían pago de adeudos por trabajos no realizados o asegurando que se trataba de empresas fantasma. También del ramo empresarial está Gerardo Libreros Cobos, quien al igual que Palacios reprobó los reclamos de otros empresarios, los del grupo SOS, en contra del gobierno estatal, a pesar de que Libreros, en su papel de Presidente de le CANACO Xalapa,  reconoció el pasado mes de julio que el gobierno de Yunes aún debía 200 millones de pesos a integrantes de esa cámara empresarial.

Y no se nos olvida mencionar al Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, Raúl Gutiérrez Avila; un destacado abogado y fedatario en la región de Martínez de la Torre, quien también ha sido voz de los intereses del Colegio de Notarios ante el Congreso Local durante la discusión de la Ley de Notariado propuesta por el actual ejecutivo estatal.

Es importante mencionar que las y los integrantes del Comité Ciudadano en cuestión no percibirán ingresos por su participación y su trabajo será coordinado por la Contraloría General del Estado, el decreto publicado en la Gaceta del Estado indica que dicho grupo tiene la capacidad de solicitar informes y participar como observadores en reuniones que sean parte del proceso de entrega de gobierno. Pero, por otro lado, el mismo decreto los limita, los amordaza, para que se vean obligados de “guardar estricta reserva y confidencialidad de sobre los documentos, actuaciones, observaciones o información que tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones…”
¿Entonces de qué servirá el robusto Comité? Si el objetivo, como se justificó, es trabajar en favor de la transparencia es ilógico limitar la vigilancia de la ciudadanía representada en ese selectísimo grupo.

Y lanzamos varias preguntas a sus miembros, esperando que en favor de su credibilidad sean respondidas: ¿Cuál es su plan de trabajo?, ¿cómo van a reportar a sus representados (sociedad civil) las incidencias del proceso de entrega-recepción?, ¿cuál es el la razón individual por la que fueron seleccionados? y la más importante para mi ¿de qué forma se coordinarán con la contraparte del proceso, con los que reciben?, porque ustedes no son funcionarios, son ciudadanos, posiblemente hasta votaron por MORENA y Cuitláhuac, a lo mejor no, pero se les puso la etiqueta de testigos y representantes sociales. ¿De verdad?…Las locuras del tirano.