Con ocho votos a favor y uno en contra el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinaron desaparecer -a partir del 16 de septiembre- la Séptima Sala Penal, lo que se asume como una medida meramente política y no administrativa.

El magistrado Raúl Pimentel Murrieta, explicó que el principal argumento que se planteó en la reunión, es la reducción de un 50 por ciento en la carga de trabajo de esa área, cuando fue la Sala que emitió más sentencias en el 2017.

Además se planteó un plan de austeridad y un ahorro de 32 millones de pesos, por desaparecer la sala, sin embargo, por otro lado se crean 15 juzgados familiares, igual número de juzgados microregionales, otra visitaduría, y se etiquetaron mil millones para un particular, que logró la concesión de la construcción de ciudades judiciales.

Explicó que el Poder Judicial ha generado un ahorro tras la jubilación de 18 magistrados, por lo que no hay justificación para que se quiera reducir un área de trabajo en materia penal, pues eso va a ir en detrimento de la impartición de justicia.

Los magistrados que integran la sala revisarán que acciones legales se pueden iniciar para revertir la decisión de la mayoría, “no se puede pensar que por un principio, de generar un ahorro de 32 millones de pesos, se pueda desaparecer una Sala encargada de impartición de justicia”.

La medida administrativa, comentó, va contra las necesidades en materia de impartición de justicia, pues en otras entidades hay 10 salas penales, y en Veracruz, sólo hay tres, pese a que el número de habitantes requiere de más áreas especializadas, “parece un contrasentido”.

En el contexto de inseguridad que existe en el país y en el Estado, se incrementa la carga de trabajo para los juzgadores de tipo penal, por lo que no basta con crear juzgados por regiones, y por otro lado se desaparecen la Sala Penal, “quien pierde es la sociedad veracruzana”.

El experto en derecho lamentó que los integrantes del Pleno no aceptaron que la sesión del Pleno se diera a puertas abiertas, y no descartó que se intente desaparecer más salas al interior del Poder Judicial.

Argumentó que el procedimiento administrativo se dio al margen de la ley, pues participaron dos magistrados que no son presidentes de Sala.

Isabel Ortega/Avc