Las políticas gubernamentales atienden a la pobreza pero no consideran la desigualdad –que es estructural– ni a los procesos de empobrecimiento

Desde hace 25 años, 62 millones de personas carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, situación que no ha cambiado en nuestro país. El empobrecimiento es permanente y en realidad “todos nos estamos defendiendo de no empobrecernos”, afirmaron integrantes del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

En la rueda de medios, Andrés Blancas Neria refirió que en 2016, el 56 por ciento de los mexicanos no tenía acceso a la seguridad social (por accidentes profesionales, enfermedades, jubilación, invalidez o vejez) y 19 millones de personas carecían de acceso a servicios médicos.

Al cierre del primer trimestre de 2018, añadió Ana Patricia Sosa Ferreira, 16 por ciento de los hombres y 14 por ciento de mujeres se encontraban en condiciones críticas de empleo: trabajan menos de 35 horas a la semana, o más de 35, pero con ingresos menores al salario mínimo; o más de 48 horas semanales, con ingresos de hasta dos salarios mínimos. “La gente acepta un trabajo en donde sea”.

La atención a la pobreza, aclaró la experta, no considera la desigualdad –que es estructural– ni a los procesos de empobrecimiento. Se requiere una política económica con perspectiva de crecimiento, no sólo de la macroeconomía.

Blancas Neria opinó que el crecimiento económico debe crear empleos sostenibles, formales y bien remunerados.

En tanto, Sosa Ferreira explicó que detrás de la pobreza está la desigualdad. Muestra de ello es que hay municipios en donde entre 75 y 100 por ciento de la población vive en esta situación.

Con respecto a los programas gubernamentales de apoyo señaló que, por ejemplo, los adultos mayores reciben un salario indirecto, pero las familias tienen que gastar en servicios que ya no son gratuitos o no son de buena calidad, como el médico. “Se trata de políticas de alivio a la pobreza, no de solución o de freno al empobrecimiento”.

Los programas asistenciales (alrededor de 36) de empleo temporal, inversión y pequeñas empresas, entre otros, estimulan el consumo, pero no las actividades productivas. Además, tenemos una política financiera, una fiscal, una cambiaria y una monetaria desarticuladas, cuando para resolver la pobreza se debe actuar de manera integral, reiteró.

Andrés Blancas consideró que el problema de la informalidad afecta la productividad de la economía en su conjunto. En México, la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo.

En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento tenía un empleo informal, con bajas expectativas para acceder a vivienda y educación. El problema fundamental que impide resolver la pobreza es el desempleo.

Con el neoliberalismo, México abandonó la idea de aumentar la productividad. Es necesaria una política explícita de industrialización y el aumento de la ciencia y tecnología aplicada a la producción, que genere crecimiento de la inversión productiva, pública y privada, y eso a su vez propicie ciclos que lleven a aumentar el empleo remunerativo.

“Se requiere una armonía entre las políticas monetaria, fiscal, industrial y exterior, y resolver las diferencias de desarrollo regional”, concluyó.