La cifra de desaparecidos se incrementó los últimos dos años, pues hay registradas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) fichas de siete mil personas desparecidas, aunque no en todos los casos son veracruzanos.

Al conmemorar el “Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas”, la integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, Anaís Palacios, dijo que pese a que las autoridades reconocen más de cuatro mil carpetas de investigación por desapariciones, la cifra aumentó en este gobierno.

Y agregó que también el delito de secuestro ha repuntado y con ello Veracruz se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional por el número de casos.

“La cifra que dio el fiscal el 17 de agosto de 2017 es de tres mil 600 desapariciones y que la mayoría habían ocurrido en el gobierno de Javier Duarte, pero el fiscal especializado, Luis Eduardo Coronel, en pláticas de pasillo decía que tenía cuatro mil 200 carpetas. Revisando las cuentas abiertas del Gobierno, como el sitio de personas extraviadas, tiene siete mil y pico de fichas, pero no todas son de Veracruz”.

Agregó que también la desaparición forzada de personas aumentó, pues hay policías dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que están coludidos con los que ya se fueron y están relacionados con este delito.

Advirtió que esto es evidente porque las víctimas que acuden a denunciar estos casos sufren intimidaciones.

Criticó que por un lado el fiscal general Jorge Winckler Ortiz exhorta a las familias a presentar las denuncias, pero una vez que lo hacen, son blanco de agresiones y amenazas.

“O no sabe lo que pasa o es un mal fiscal porque los manda a denunciar sabiendo que en la Secretaría de Seguridad Pública hay elementos coludidos con los que ya se fueron y tienen la capacidad y lo han hecho de intimidar a las víctimas”.

Sobre el delito de desaparición forzada que enfrenta el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, advirtió que si la Fiscalía no hace una integración correcta de las carpetas de investigación, es posible que sus crímenes queden impunes.

“Sabemos que desde la SSP en la administración anterior, destruyeron mucha evidencia y el fiscal especializado compartió a los colectivos que estaba revisando ese material pero eso no garantiza que haya una sentencia”.

Anaís Palacios además lamentó que ni el fiscal general Jorge Winckler, ni el fiscal especializado Luis Eduardo Coronel Gamboa, mantengan informados a los colectivos sobre el avance en el proceso.

A esto, dijo que se suman las condiciones precarias en las que trabaja la Fiscalía, pues señaló que hay casos en los que las fiscalías no tienen ni tóner para las impresoras.

“No les cae el 20 ni a la Fiscalía ni al Ejecutivo ni en el Congreso, de que falta mucho, no es solo una reunión (con el fiscal) lo que se necesita, sino que en el ámbito de sus competencias pueda ser sensible a las necesidades de Veracruz”.

Cuestionada sobre el llamado del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dijo que en la justicia no existe la figura del perdón y que los familiares de personas desparecidas ni perdonan ni olvidan.

“Nos pronunciamos porque investiguen, porque localicen a las personas y sancionen a los culpables; ni perdón ni olvido”.

Perla Sandoval/Avc