La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, deberá entregar la información sobre el número de las fosas clandestinas que han sido halladas en el estado del año 2000 a la fecha.

Los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) determinaron que la Fiscalía no fue exhaustiva en buscar la información solicitada por una ciudadana que además pidió conocer el número de restos humanos hallados.

Además, determinar la edad, el género e incluso si entre los restos humanos se encontraron los cuerpos o restos de menores de edad.

En la sesión de este miércoles, los comisionados determinaron que si bien la Fiscalía entregó esta información, solo lo hizo de algunos años, y omitió información sobre los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2017 y 2018.

Por eso deberá entregar además ubicación exacta de las fosas, fecha del hallazgo, quien informó sobre las fosas si fue anónimo o derivado de una investigación.

Por ello, además de la información antes mencionada, la Fiscalía deberá entregar la información sobre cuántos de los restos lograron ser identificados, cuántos restan por hacerlo y cuántos fueron entregados a sus familiares o enterrados en fosas comunes.

También deberá entregar el número de secuestros contra migrantes del año 2005 al 11 de abril de 2018, así como los secuestros cometidos contra extranjeros.

Además, los comisionados determinaron que la Fiscalía deberá entregar la información sobre el número de carpetas de investigación relacionadas con desapariciones forzadas de 2015 a la fecha.

Además, el número de víctimas de desplazamiento forzado y el número de personas desaparecidas de 2016 a 2017, a pesar de que la Fiscalía ha reservado la información al señalar que impedía la persecución del delito.

“Reservó la información aduciendo que obstruye la persecución de delitos; sin embargo, el ente pasó por alto que no puede reservarlo cuando se trate de delitos contra los derechos humanos o de lesa humanidad”.

De manera que la Fiscalía deberá hacer versiones públicas de las carpetas de investigación a fin de ser entregadas al ciudadano solicitante.

Perla Sandoval/Avc