El reciente secuestro de la diputada federal electa de Veracruz, Norma Azucena Rodríguez Zamora, es útil para abordar el tema de las agresiones contra políticos veracruzanos.

Si bien este caso no se convirtió en una tragedia, sí llegó a encender los focos rojos en las entidades de Veracruz, de donde es originaria la legisladora electa, e Hidalgo, donde ocurrieron los hechos.

Norma Azucena Rodríguez, ex regidora de Tihuatlán, presuntamente fue interceptada por sujetos desconocidos en el estado de Hidalgo.

Después del hecho, ocurrido el pasado martes, nada se supo de ella, hasta este jueves por la mañana, cuando apareció sana y salva.

La preocupación sobre la integridad física de la mujer obedece a los muchos casos de violencia, incluso asesinatos, contra actores de la vida política de Veracruz y del país.

La Asociación Nacional de Alcaldes reveló que en los recientes doce años, 128 presidentes municipales han sido asesinados en territorio nacional.

Esa cifra incluye alcaldes electos, presidentes municipales en funciones y ex mandatarios municipales.

En 2017, a estas alturas del año, la misma fuente ya ubicaba en más de un centenar el número de ediles victimados.

El reporte de la asociación de alcaldes indica que las entidades donde los presidentes municipales corren mayor riesgo son Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

En la lista de las víctimas veracruzanas se encuentran Saturnino Valdés Llanos, priista de Tampico Alto, victimado en 2011; Marisol Mora  Cuevas, ex alcaldesa panista de Tlacojalpan, 2012; Gerónimo Manuel García Rosas, priista de Aquila, 2013; Gregorio Barradas Miravete, panista de Juan Rodríguez Clara, 2010; Víctor Manuel Espinoza Tolentino, priista de Ixhuatlán de Madero, 2017; y Víctor Molina Dorantes, perredista de Colipa, 2018.

También figuran tres alcaldes suplentes (Rafael Landa Fernández, de Atzalan, PAN; José Luis Cervantes Ortiz, de Pueblo Viejo, PRD; y Teódulo Gea Domínguez, de Pánuco, PRI); seis ex presidentes municipales: Gaffet Romero Mendoza, de Tezonapa; Reyes Fortunato Ruiz, de Ixhuacán; Nahum Tress, de Isla; Enrique Marín Lara, de Soledad de Doblado; Cándido Morales Andrade, de Acultzingo; y Ambrosio Borbonio, de Cuitláhuac; así como cuatro familiares directos de alcaldes en funciones, sin contar con decenas de activistas políticos y legisladores que han sido victimados en la entidad.

Hace 15 años, en 2003, por ejemplo, fue asesinado el diputado federal priista por Cosoleacaque José María Guillén Torres,

No son los únicos casos, pero sí los más escandalosos porque se cometieron contra figuras del ambiente político estatal e incluso nacional, como Chema Guillén, quien presidía la Comisión Especial del Café en la Cámara Baja.

En fechas más recientes, los medios han consignado un preocupante número de casos de funcionarios municipales que han sido víctimas de la delincuencia: Erasmo Sosa Garza era director del Consejo Municipal del Deporte en Poza Rica; fue asesinado en mayo de 2017. Armando Violante Herrera fue candidato del PAN a la presidencia municipal de Coatzintla en 2013; en agosto de 2017 fue victimado. David Alonso Rodríguez era tesorero del ayuntamiento de Juchique de Ferrer; en mayo del año pasado fue secuestrado y asesinado al igual que su contador, Francisco Rafael Mendoza. Yendi Guadalupe Torres Castellanos era fiscal Especializada en Delitos Sexuales en la zona norte de Veracruz; fue asesinada en noviembre de 2017. El ex regidor de Pánuco Juan Carlos Zamarripa Fernández, también perdió la vida de forma violenta.

La lista de presidentes municipales, síndicos, regidores, funcionarios municipales, estatales y federales que han sido asesinados en Veracruz parecería interminable, al igual que la violencia que por décadas se ha registrado en la entidad.

Afortunadamente, el caso de la diputada federal electa Norma Azucena Rodríguez no tuvo un final trágico, pero sí encendió los focos rojos en el gobierno federal y en los estatales de Hidalgo y Veracruz. @luisromero85