Los integrantes de la Comisión Transitoria del Consejo Universitario General (CUG) para la revisión del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Universidad Veracruzana (UV), subrayaron que ésta será elaborada por toda la comunidad universitaria a través de sus opiniones, aportaciones y propuestas.

En sesión ordinaria del 23 de marzo, el CUG aprobó por mayoría de votos la creación de dicha comisión y que ésta fuera integrada por los consejeros alumnos y directivos de las facultades de Derecho –tanto del sistema escolarizado como de Enseñanza Abierta (SEA)–, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad (Cedegs).

Sus integrantes son destacados académicos y estudiantes de la Universidad: Petra Armenta Ramírez, directora del IIJ; José Lorenzo Álvarez Montero, investigador del IIJ; Emilio Fernández Pérez, alumno del Doctorado en Derecho del IIJ; Josefa Montalvo Romero, coordinadora del Cedegs.

Además, Ana Gamboa Rosas, del Cedegs; Marcela Alejandra Aguilar Vergara, alumna del Cedegs; Alejandro de la Fuente Alonso, director de la Facultad de Derecho; Aníbal Guzmán Ávalos, profesor de la Facultad de Derecho; Rocío del Carmen Hagmaier Espinoza, estudiante de la Facultad de Derecho; Miguel Sosa Ruiz, director general del SEA, y Patricia López Godínez, estudiante del programa educativo de Derecho SEA, región Poza Rica-Tuxpan.

Actualización y modernización

Los integrantes de la Comisión aseguran que es necesaria una actualización y modernización de la Ley Orgánica, a fin de que la UV responda a las necesidades, retos y demandas que plantean los estándares nacionales e internacionales en materia de educación superior.

Así lo expresó Josefa Montalvo: “Hemos detectado que la Universidad ha evolucionado conforme la pauta marcada por los estándares nacionales e internacionales, pero estamos ciertos que se requiere actualizar su ley”.

Subrayó que al lograr el consenso entre la comunidad universitaria y sacar adelante el proyecto de ley, definitivamente esta casa de estudios se pondría a la vanguardia legislativa de las instituciones de educación superior (IES) del país.

Por su parte, Emilio Fernández coincidió en que debe modernizarse dicha ley, por ello es que él junto con los otros integrantes elaboran un proyecto que será perfectible con la participación, apoyo y opinión de toda la comunidad universitaria.

Ana Gamboa reiteró que la ley debe ser renovada para que maestros, estudiantes y directivos estén en sintonía con las nuevas políticas educativas.

Lo mismo opinó Petra Armenta al mencionar que las necesidades de la UV han crecido, además esta institución educativa ya no es la misma que en el siglo pasado, por lo tanto su Ley Orgánica debe renovarse de acuerdo a este crecimiento.

“La Ley Orgánica del Consejo Universitario General pretende ser un conjunto de normas que sirvan a toda la comunidad universitaria, por lo que su reforma será sensible y de buena fe, y buscará que la Universidad se maneje en los mejores estándares de transparencia, legalidad y legitimidad.”

En tanto, Alejandro de la Fuente manifestó que en estos momentos de cambios que atraviesa el país, es fundamental transformar normativamente a la Universidad.

También es cierto, indicó José Lorenzo Álvarez, que actualmente la UV tiene dos leyes: una que fue expedida en 1996 cuando se aprobó la autonomía de la Universidad, y la ya existente.

“En 1996, cuando se aprobó la autonomía, se expidió una Ley de Autonomía, cuando en el sentido estricto debió incorporarse el término de autonomía en Ley Orgánica existente, entonces la pretensión es juntar ambas, no es nada extraño.”

Consulta a la comunidad universitaria

La Ley Orgánica rige la vida de la Universidad, por lo tanto la Comisión Transitoria del CUG considera importante consultar a toda la comunidad universitaria para construir un proyecto que incluya opiniones y propuestas de todos los actores.

Josefa Montalvo dijo que al ser nombrados por el CUG para presentar un proyecto de ley, tienen la responsabilidad de escuchar y analizar las dudas, opiniones y propuestas que presente la comunidad universitaria a través de la consulta en dos modalidades: presencial –a realizarse en septiembre y octubre– y virtual –que concluirá el 30 de noviembre.

“No es una decisión de 10 personas, hay muchas posturas, nosotros sólo cubrimos la postura jurídica, de la estructura de la ley, pero la Universidad somos todos y todos tenemos que aportar algo.”

Marcela Aguilar opinó que el proyecto es interesante porque escuchará las exigencias y necesidades de todas las voces de la comunidad, mismas que se verán plasmadas en el anteproyecto de ley.

Miguel Sosa dijo que a través de la consulta se busca construir un proyecto de ley actualizado y consensuado, resultado de las aportaciones de todos.

“Cada miembro de la comunidad universitaria interesado debe leer el anteproyecto, para que con pleno conocimiento del mismo pueda realizar aportes y volverlo una propuesta fuerte”, mencionó.

En tanto Ana Gamboa externó: “La opinión de la comunidad académica es de suma importancia en esta consulta, ya que servirá para modificar, incrementar y recomponer el anteproyecto”.

Al respecto, Petra Armenta aseguró que el proceso de consulta será legalizado y legitimado por toda la comunidad universitaria, por lo que no va a ser una ley que se pretenda impulsar mediáticamente.

Proceso de aprobación

La aprobación del anteproyecto de la Ley Orgánica será un proceso largo, coincidieron los integrantes de la comisión.

Alejandro de la Fuente indicó que el anteproyecto tendrá un triple nivel de legitimación, ya que primero se creó una comisión especial transitoria que tiene como responsabilidad la elaboración y creación del mismo.

El siguiente paso es el periodo de consulta a la comunidad universitaria; será revisado por el Abogado General para llegar a la Comisión de Reglamentos del CUG. Finalmente se presentará ante la Legislatura Estatal, quien la aprobará.

José Lorenzo Álvarez dijo: “Sabemos que hay dudas entre la comunidad, pero debe quedar claro que quien aprobará el proyecto será el CUG, ninguna otra autoridad, así que nosotros mismos, los universitarios, la aprobaremos”.

Por último, Emilio Fernández dijo que el proyecto de ley será resultado de un proceso democrático y no de una imposición, de ahí que es importante la participación de todos los actores universitarios.

“La participación de la comunidad le da el carácter de democrático y no de imposición. Nosotros ponemos las bases jurídicas, pero necesitamos la aportación de todos, queremos que sea la ley de la comunidad universitaria”, finalizó.