No ha sido una alerta fallida el que el gobierno estatal esté tratando de transferir a los ayuntamientos, no a todos, solo a los panistas, muchas de las propiedades que ha administrado desde casi su creación.

A la sola mención del gobernador y su esposa, presidenta del DIF Estatal, el hijo de ambos, Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz, ha comenzado los trámites para que bienes como el auditorio Benito Juárez y el parque Cri-Cri, administrados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pasen a poder de un ayuntamiento sumamente cuestionado por el fallido control de daños de los fenómenos meteorológicos recientes y porque su titular no sabe cómo gobernar.

Con el sambenito de que es la autoridad local la que se encarga de su mantenimiento y limpieza, Fernandito le ha pedido a su mami que le transfiera estos bienes, con lo que tratan de quitarle el máximo de recursos al próximo gobierno.

Como para seguir festejando que los Yunes no obtuvieron la prolongación de su dominio político en Veracruz, baste observar el manejo patrimonialista con que siguen tratando de obtener beneficios de los bienes del estado.

Muy pronto veremos si no quieren hacer lo propio con el edificio del Word Trade Center para, perdiendo la franquicia por falta de pago, se entregan este centro construido en el gobierno de Dante Delgado al ayuntamiento de Boca del Río.

Por supuesto, esa tendencia para nada estará vigente, por ejemplo, para entregar al ayuntamiento de Xalapa, en poder de Morena, el edificio del velódromo, una especie de elefante blanco construido por Javier Duarte, en ocasión de los antepasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, en un sitio abominable, sin espacio para estacionamiento y con una estructura casi imposible de utilizar para otra cosa que no sean competencias ciclísticas. Tampoco, para entregarle el Museo Interactivo de Xalapa (MIX)

¿Quién determinará si puede echarse adelante la solicitud de Fernandito?, ¿será por decisión del Congreso local o un mero trámite burocrático? Según el alcalde, quien luego de la inundación de Veracruz se presentó a grabar un video más de 12 horas después en una colonia aún inundada señalando las medidas que tomaría su administración, quieren el parque Cri-Cri para gestionar recursos que permitan su rehabilitación.

Habrá que recordar que está en pie la rehabilitación del Parque Ecológico, donde invierten 20 millones de pesos para crear un “parque inclusivo”, sobre un terreno en que, según denuncias ciudadanas, se han talado varios árboles y han sido sacrificados varios gatos ferales que ahí sobrevivían.

En el caso del auditorio Benito Juárez, el alcalde porteño dijo que la administración municipal cobra derechos por los espectáculos que ahí se presentan, en lugar de que lo haga el DIF estatal para destinarlo al deporte, a convenciones y conciertos. Y adelantó: “Yo tengo entendido que lo está considerando el DIF estatal, hemos tenido buena coordinación con ellos, insisto, nosotros damos el mantenimiento, hacemos prácticamente todo, entonces nos gustaría administrar”.

Restan unos 110 días de gobierno en que la familia puede hacer los manejos más inescrupulosos. Esperamos que no lo hagan, pero si lo hacen, que el próximo gobierno ponga las cosas en orden.

Su padre Miguel Ángel Yunes Linares se ha desentendido por completo de los edificios propiedad del gobierno estatal. Ahí están los casos del propio auditorio Benito Juárez, del Word Trade Center, en Veracruz y Boca del Río e, incluso del edificio sede del IVEC; del Velódromo y el MIX, en Xalapa. Todo lo tienen en el absoluto abandono.

Las benditas redes sociales

“En Chihuahua este fin de semana 30 muertos en 20 horas. Ojalá ya empiece la repartidora de becas y la capacitación por allá para acabar con la violencia tal y como promete la cuarta transformación”. Juan Ignacio Zavala @JuanIZavala

CEAPP, más facultades, menos miembros

Lejos de las locuras mediáticas de la diputada panista Marijose Gamboa, quien ha tratado de fracturar a como dé lugar la Comisión Estatal de Apoyo y Protección de Periodistas (CEAPP), mientras la comisión del congreso en el tema se ha vuelto un ente inservible, la fracción de Morena se ha puesto las pilas para fortalecer con tres nuevas facultades.

El diputado Rogelio Arturo Rodríguez García propone reformar el artículo 67, fracción V, de la Constitución Política de Veracruz, para dar a la CEAPP más facultades, como la de emitir recomendaciones públicas no vinculantes enfocadas a la seguridad y protección de los periodistas, y el libre ejercicio de su profesión, dirigidas a las autoridades estatales y municipales, como medio de control de carácter administrativo y de tipo objetivo.

Además, busca asegurar que sea competente la labor de los periodistas promoviendo el respeto a sus derechos laborales, solicitando a la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, que realice inspecciones sobre las condiciones de trabajo que ellos desarrollan en los centros donde laboran, con el fin de que éstos cumplan con el otorgamiento de los beneficios que establece la Ley Federal del trabajo.

Además, permite que en la próxima renovación de los integrantes del organismo autónomo, se elijan los mejores perfiles, mediante convocatoria pública, con amplia participación del gremio periodístico, para que de esta forma quienes sean electos tengan capacidad de defender al sector, y éste se sienta representado por los nuevos comisionados y secretario ejecutivo, y además que no sean propuestas opacas, directas y únicas del Poder Ejecutivo. Todo ello, para revisar su diseño y llevar a cabo ajustes que le den mayor funcionalidad y operatividad, reestructurando a la CEAPP en razón al número de comisionados que la integran.

El diputado de Morena propone que en lugar de nueve comisionados, como dispone la actual legislación, solo queden cinco, dado que en la actual estructura existe un desaprovechamiento de potencial humano. “Los comisionados y el secretario ejecutivo serán nombrados por el Congreso del Estado, mediante convocatoria pública con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, y durarán en su encargo cuatro años con posibilidad de reelección por una sola vez”.

Ni Congreso ni Fiscalía hacen nada por periodistas

Por cierto, mientras esto ocurre en el Congreso local, la presidenta de la CEAPP, Ana Laura Pérez Mendoza, ha puesto la primera pica en Flandes, al anunciar que la comisión presentará una denuncia penal en contra del fiscal especializado en delitos electorales y atención de denuncias contra periodistas y comunicadores, Jaime Cisneros, por su omisión en su actuar como servidor público.

La presidenta de la CEAPP reprocha que a estas alturas ni siquiera se presenta a las sesiones de esa Comisión, y no hay avances en las investigaciones a su cargo, por lo que dijo se le deben fincar responsabilidades. “Fincar las responsabilidades a quien haya sido omiso en las investigaciones de los compañeros, como no hemos visto resultados y ya se hizo la revisión de los casos, estamos en posibilidad de fincar responsabilidades a los funcionarios que han sido omisos”.

Y dijo algo revelador: los consejeros de la CEAPP han solicitado en reiteradas ocasiones al fiscal general Jorge Winckler Ortiz que haga una revisión del trabajo del fiscal especializado para determinar si es conveniente su permanencia en el cargo; sin embargo, hasta ahora no ha contestado

¿Tendrá tiempo de hacer algo positivo en este tema, luego de meses de cobrar por el encargo?

 

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