No todo el triunfo de Cutláhuac García se debe al fenómeno electoral que resultó Andrés Manuel López Obrador; responde también a las promesas incumplidas –acaso el encarcelamiento de los duartistas siempre fue interpretado como una estrategia de campaña y no precisamente como un acto de justicia-, pero sobre todo, a la incapacidad para frenar la violencia en todas las regiones del estado.

Si en ello se suponía que Miguel Ángel Yunes tenía mucha experiencia, se debe reconocer que Cuitláhuac García no tiene ninguna. Y la peor violencia que ha vivido Veracruz en su historia requiere algo más que buena voluntad. A cuatro meses del inicio del gobierno, hay una verdadera preocupación por saber quién será el guapo que se encargue de la seguridad pública de los veracruzanos.

Durante su campaña política, Miguel Ángel Yunes Linares hizo el compromiso de designar a un militar de alto rango, de trayectoria intachable, con los mejores vínculos con la élite del ejército mexicano, pero sobre todo, con una gran experiencia en el combate a la delincuencia. A cambio nos endosó a un abogado, Jaimé Téllez Marié, cuya mayor experiencia en el tema era su paso como director de tránsito en el municipio de Boca del Río. Los resultados hablan por sí solos.

Veracruz, además de la lucha entre cárteles que data de varios sexenios atrás, ha tenido que enfrentar nuevos y florecientes fenómenos delictivos. Seguimos siendo una de las regiones del país con el mayor número de robos a transporte y representamos una de las principales entidades con presencia de los huachicoleros, como sucede en la zona centro, por donde corren las instalaciones de Pemex.

En junio pasado, Formato7 dio a conocer que en promedio 44 personas son asesinadas a la semana en Veracruz, según el reporte hasta mayo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); además, dicho reporte señala que a la semana se presentan 367 robos en sus distintas modalidades y 2.9 secuestros. En este último caso, debemos recordar que se trata de aquéllos en los que se presentó denuncia, y por tanto, entran al registro del sistema. La cifra negra es aún mayor.

Durante las 22 semanas de los primeros cinco meses del año, señala el reporte, 924 personas han sido asesinadas en la entidad mientras que 8 mil 78 robos se han presentado y 64 secuestros. Y aunque las autoridades estatales han anunciado una disminución de los delitos, el reporte que se envía de parte de la Fiscalía General del Estado al SNSP no se refleja tal. Inclusive, en la cantidad total de delitos se presenta un incremento entre abril y mayo (3 mil 981 contra 4 mil 82).

El mes más violento según dicho reporte fue marzo, sin embargo no se ha tenido una disminución considerable en los delitos de alto impacto como son secuestro, robo, extorsión y homicidio. Si las cifras señalan una cosa, la percepción de la gente es otra.

Las páginas de los diarios y medios electrónicos siguen saturados de información sobre homicidios, ejecuciones, secuestros y toda clase de delitos de alto impacto. La relatoría sería infinita; tan solo este fin de semana conocimos de más casos en el sur de la entidad, la región que se ha vuelto un infierno incontrolable incluso para las fuerzas federales.

Los registros de incidencia delictiva justifican que los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan –donde incluso se registró una balacera frente al palacio municipal hace casi un mes que dejó dos personas muertas- Las Choapas o Agua Dulce empiecen convertirse de a poco en ciudades fantasmas donde a nadie le interesa invertir, trabajar o vivir, salvo a los propios beneficiarios de esta violencia.

Hasta ahora, la única referencia que ha hecho Cuitláhuac García sobre quién será su Secretario de Seguridad Pública es que dicho nombramiento tal vez sea el último que se haga público, acaso algunas horas de que tome posesión. No quedan claras las razones –la inmediata sería por una cuestión estratégica de seguridad- si consideramos que tanto López Obrador como otros gobernadores electos ya han dado a conocer quiénes serán su Secretarios de Seguridad.

El hartazgo de los veracruzanos por la delincuencia cotidiana no hace concesiones; es un problema que debe resolverse –o al menos controlarse- a la brevedad. Es cierto que la mayor expectativa está postrada en el Presiente Andrés Manuel López Obrador, pero el nuevo mandatario estatal tendrá que ofrecer una respuesta inmediata –ha dicho que veremos resultados hasta dentro de tres años-, si es que no quiere que el bono de legitimidad se le vaya a la alcantarilla.

La espiral de violencia no cesa y ya espera al próximo Gobernador. Mientras, crece el número de las familias veracruzanas a las que las alcanza el luto.

Las del estribo…

  1. La venganza es mala, lo que es bueno es la desquitanza. Tal vez en eso esté pensado el presidente electo cuando se habla que los primeros gobernadores que serán pasados a la báscula son Graco Ramírez (Morelos) y Miguel Ángel Yunes Linares. Está claro que en la república amorosa no habrá lugar para todos.
  2. El tema del Fiscal Anticorrupción veracruzano ya llegó al escritorio de la próxima senadora y Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que algo sabe de constitucionalidad. Esta semana podrían impulsar a los 12 magistrados para ocupar las plazas vacantes en el Poder Judicial. Por lo visto, la estrategia del gobierno estatal está llegando al límite de matar o morir.