Ciudad de México.- A tres años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiróz y Alejandra Negrete, en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, no hay claridad del móvil del crimen, se desconocen los hechos exactos que sucedieron en el departamento donde ocurrió el crimen, y se ha negado el derecho a la verdad y la reparación del daño a la familias.

Aun cuando hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con 17 puntos, a la fecha ninguno se cumplido, el plan apenas está en vías de diseño, pues no hay una propuesta que cumpla con los elementos de una investigación integral y una reparación del daño a las familias de las víctimas.

Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19 y coadyuvante en el caso, señaló que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ha sido omisa y se ha encargado de obstaculizar la investigación para conocer la verdad del caso.

En conferencia de prensa los abogados Patricia Espinosa, hermana de Rubén e Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, denunciaron que se han sostenido más de diez reuniones de trabajo y la autoridad ministerial sigue negándose a abundar sobre líneas de investigación que se vinculen con la persecución política que padecieron Rubén y Nadia y que los obligó a desplazarse a la Ciudad de México.

Maldonado señaló que las investigaciones revelan que el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, tiene al menos seis empresas de seguridad en la Ciudad de México, una muy cerca de la calle Luz Saviñón (donde se ubica el departamento del crimen), pero la Procuraduría se ha negado a solicitar datos de prueba que lo vinculen.

También evita robustecer elementos que tienen que ver con la existencia de  fuerzas parapoliciales vinculada a desapariciones, torturar y asesinar.

“Hoy sabemos que el gobierno de Veracruz en la época de Javier Duarte, operaba grupos parapoliciales al margen de la ley que secuestraban, torturaban y desaparecían personas con total impunidad. Sabemos que esta red de grupos parapoliciales de Bermúdez Zurita operaba igual contra adversarios de grupos criminales que contra opositores políticos, sin embargo, todo eso para la PGJ CDMX es irrelevante y no “ayuda en nada a la investigación”.

Señaló que es grave que la PGJ no reconozca las violaciones a los derechos humanos, no tenga un plan de investigación ni reparación del daño, y los abogados y la familia sigan litigando contra el ministerio público, lo que ha generado más revíctimización.

Los abogados David Peña y Leopoldo Maldonado, acusaron que la Procuraduría le apuesta al olvido y al cansancio de las familias, criticaron que aun cuando la recomendación ordenaba realizar un investigación a funcionarios omisos dentro de la misma dependencia, a la fecha no hay funcionarios sancionados, sino al contrario algunos han sido ascendidos pese a su deficiente trabajo.

Señalaron omisiones graves, tales como que tuvieron que pasar dos años y medio para tener acceso a los videos de seguridad de la calle Luz Saviñón, “estos videos generaron aún más dudas y demostraron incongruencias en las versiones de la Procuraduría, las manifestamos del ministerio público, pero nos dijeron que esto  no tenía relevancia”, dijo Peña.

Acusó que se observa una actuación sistemática de negación  y  obstaculización de la Procuraduría: “Ellos tienen una verdad paralela, no tienen móvil, no queda claro si hay más participantes, ni si hay una autoría intelectual, solo hay una persona condenada en la cárcel de tres detenidos, y hay claras inconsistencia de horas de testimonios, presencia de personas”.

En su intervención,  Héctor Pérez, de la Clínica de Interés Público Contra la Trata de Personas del ITAM, advirtió que el reconocimiento de los derechos de las víctimas se ha tenido que litigar en tribunales.

Como ejemplo, citó que se ganó un amparo para reconocer el derecho a la verdad,  para obligar a la procuraduría para hacer su trabajo, y a pesar de tener una resolución judicial  a favor, y una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, no se reconocen plenamente los derechos de las personas  ni se avanza en la investigación de los delitos.

“Hemos tenido que exigir que se trató de una ejecución, fueron a matar estas cinco personas, no es un hecho incidental como lo ha querido ver la Procuraduría, y a la fecha no tenemos un avance real un esclarecimiento ni hay voluntad de parte de la procuraduría para dar una disculpa púbica”, señaló David Peña.

La madre de Yesenia exigió nuevamente justicia, y pidió a la sociedad civil no callarse más: “Aquí seguimos las familias con el mismo dolor de ese día, pero para recordar y hacerles ver que ya basta de callarnos, basta que el gobierno se tape los ojos, los oídos y se dé la vuelta, cero impunidad, cero olvido”.

Por su parte,  Patricia Espinosa, hermana de Rubén, recordó que en memoria de las cinco víctimas se han preparado varias actividades artísticas y culturales, entre ellas la elaboración de un mural en honor a ellos en Xalapa y un acto en Plaza Lerdo como parte del aniversario luctuoso. PGJ de CDMX se niega a llamar a Bermúdez por asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera.

Las diez inconsistencias más graves del caso Narvarte

  1. No se han establecido científicamente ni con pruebas periciales el móvil ni secuencia de los hechos. Se desconoce en qué orden fueron realizadas las ejecuciones.
  2. Las huellas dactilares y de zapato encontradas en la escena del crimen no coinciden con los detenidos.
  3. El día 31 de julio fecha del homicidio, personal pericial de la PGJDF acudió al departamento ubicado en 1909 de la calle Luz Saviñón, para recabar pruebas, pero es hasta dos días después cuando regresan a la escena y encuentran dos laptop y dos celulares. Seis días después del crimen se interpone la denuncia.
  4. A la fecha no se ha realizado la geolocalización de los celulares de Nadia, Rubén y Mille Virginia que fueron sustraídos, no hay datos de la sábana de llamadas.
  5. Los testimonios de los tres implicados: Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilio se contradicen entre sí.
  6. Se conoce cuál es la comunicación de los implicados cuando llegan al departamento, sin embargo la PGJDF no ha dado a conocer la sabana de llamadas a su salida de lugar del crimen.
  7. Se desconoce qué hicieron antes de la dos de la tarde, y después de las tres. Quien entró y salió del departamento.
  8. No se entrevistó a todos los vecinos. En el expediente se señala que nadie escuchó disparos a plena luz del día, a pesar de que la pistola de nueve milímetros no tenía silenciador, y solo se utilizó una almohada con una de las víctimas.
  9. Uno de los implicados señala que fue por sexoservicio, pero los exámenes periciales contradicen la versión, pues ninguna de las víctimas tenía rastros de semen.
  10. Se vincula a una de las víctimas -Mille Virginia-, con una maleta de droga que fue a recoger al Aeropuerto Internacional de la Ciudad México, sin embargo el AICM señala que no tiene rastros de Mille en las instalaciones y en los cateos a las viviendas de los implicados no han aparecido ni la maleta, ni la droga.

Flavia Morales/Avc