Este jueves 5 de julio tendrá lugar el cierre de una serie de actividades encabezadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, que han logrado lo que nadie en todo el país: conformar un equipo interdisciplinario de trabajo para la documentación y valoración de daños psicosociales en casos de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, en particular de desaparición forzada. Este equipo está ya trabajando en estos informes que servirán para documentar la reparación integral a partir de Recomendaciones emitidas por la CEDH.
Para lograr lo anterior se llevaron a cabo varias capacitaciones y cursos, y el último de ellos culmina este jueves 5. Pero antes de entrar en los detalles, quisiera explicar aquí la gran importancia que tiene esto en el contexto actual y para las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en Veracruz.
El enfoque psicosocial plantea que el trauma que vive una persona tras sufrir un hecho violento impacta en las diversas esferas psicosociales de la persona. Una valoración de impactos explora esos niveles a fin de demostrar, de manera integral, la repercusión de los hechos de violencia y retraumatización, para contar con datos sobre las necesidades de las víctimas y poder establecer los elementos de una adecuada reparación del daño. (Beristaín 1999; Gómez Dupuis 2009).
Para determinar las medidas de reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido estableciendo que el daño al proyecto de vida debe ser considerado en casos de violaciones graves a derechos humanos. El proyecto de vida es considerado como el conjunto de expectativas, metas, deseos y visión de uno mismo en el futuro, en un ámbito familiar, social, cultural, económico, educativo, personal, laboral, afectivo que tenía la persona antes de los hechos. Por ello, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable.
En los casos como las desapariciones forzadas, la tortura o las ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, la existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria.
Una forma de reparar implica reconocer la capacidad de las personas para resignificar la experiencia y reconstruir su proyecto de vida, haciendo visibles los recursos para afrontar los eventos y otorgar sentido a la experiencia de los efectos de la violación a sus derechos humanos.
Los impactos piscosociales en víctimas van desde el ámbito familiar como el clima emocional en la familia después de los hechos, el cambio en los estilos de comunicación como formas de afrontar el dolor, modificación y sobrecargas de roles en los integrantes de la familia; pasando por aspectos económicos como la pérdida de ingresos, de patrimonio o endeudamiento; o la pérdida en el sentido de seguridad personal, la sensación de inseguridad o el hostigamiento y las amenazas; todo lo cual tiene un efecto en la integridad psicoemocional.
Las violaciones graves a los derechos humanos resultan en el menoscabo al derecho fundamental a la integridad personal que puede tener diferentes afectaciones que varían de intensidad según factores personales que deben ser identificados en cada situación concreta. El dolor o el sufrimiento son compartidos por todas las víctimas de violaciones a derechos humanos, pero sus impactos son individuales según el tipo de hecho, las consecuencias, las características de cada persona, el género, el apoyo familiar y comunitario con el que cuente, entre otros.
Para documentar afectaciones a la integridad personal en familiares de víctimas de desaparición forzada, las Cortes Europea e Interamericana de derechos humanos, han considerado los siguientes: la existencia de un estrecho vínculo familiar y las circunstancias particulares de la relación con la víctima; la forma en que el familiar fue testigo de los eventos violatorios y se involucró en la búsqueda de justicia; la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones realizadas.
En esta columna hemos señalado ya varias veces los elementos de la reparación integral. La reparación es un derecho de las víctimas y es un aspecto muy importante para enfrentar las violaciones graves de los derechos humanos que afectan al entramado social. Las medidas de reparación son cinco: restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición y compensación.
Estas medidas de reparación deben ser establecidas en un informe o dictamen con base en la documentación de daños y afectaciones a partir de una valoración de impacto psicosocial y psicojurídico. A partir de este dictamen se puede establecer un plan de reparación individual, familiar o, incluso, comunitario.
Muy pocas instituciones en México hacen este trabajo. Entre los principales organismos que lo debería realizar están las comisiones de víctimas tanto estatales como la nacional, pero como es común en las burocracias gubernamentales, lo hacen con entrevistas y formatos deshumanizados e insensibles, además de pasar por etapas y filtros que hacen que las reparaciones tarden años en concretarse, y mientras tanto las víctimas quedan en un limbo que los revictimiza por tercera o cuarta vez. Personalmente conozco muchos casos de víctimas de desaparición forzada que tienen determinaciones y recomendaciones de violaciones de derechos humanos o por delitos, que siguen esperando después de dos o tres años de haberse emitido.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y en específico su Presidenta la doctora Namiko Matzumoto, ha entendido perfectamente este aspecto de la atención y la reparación de víctimas. Además de las varias recomendaciones individuales, generales y especiales por violaciones a derechos humanos en casos de desaparición forzada, que ya ha emitido esta Comisión, también y al mismo tiempo, ha venido trabajando en realizar valoraciones de impacto psicosocial y en documentación de daño a víctimas de desaparición forzada y tortura, con criterios y estándares de la CeIDH.
Pero resulta más significativo y destacable el hecho de que parte de ese trabajo se ha logrado gracias a una colaboración inédita entre instancias de gobierno. La CEDH (que no cuenta con psicólogos y trabajadores sociales), acordó con el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), encabezado inteligentemente por la maestra Yadira Hidalgo, el trabajo conjunto e interdisciplinario, para conformar un equipo que ha venido haciendo valoraciones de impacto para incorporar a las recomendaciones de la Comisión, y estar en posibilidades de tener reparaciones integrales bien documentadas e integradas.
Ello se ha logrado a partir de una capacitación intensiva que proporcionaron expertos en documentación de impactos psicosociales y en reparación integral como el Dr. Emmanuel Santos, la maestra Mariana Castilla, y el Dr. Antonio Rueda, quizá de los profesionistas más capacitados y conocedores de estos temas en el país, particularmente en lo que se refiere a reparación por violaciones graves a derechos humanos. El trabajo de estos expertos se logró gracias a la asistencia técnica del Instituto para la Seguridad y la Democracia, (INSYDE), que ha venido trabajando en Veracruz para fortalecer capacidades institucionales y con los colectivos de víctimas de desaparición, dentro del proyecto PROTECT, financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).
Esta capacitación y asistencia técnica por parte de INSYDE y los expertos nacionales, consistió en tres cursos talleres de reparación integral, en análisis psicojurídico y en documentación de daño psicosocial. Y en la inducción y conformación de un equipo interdisciplinario conformado por profesionistas de la CEDH y del IMMX, para la realización de informes de valoraciones de daño psicosocial en casos de desaparición forzada.
Hay mucho por hacer en la atención y reparación de víctimas, y en específico de las de desaparición en Veracruz, la búsqueda con buenos expertos y protocolos, la integración de planes de investigación eficaces, el acompañamiento psicosocial de las víctimas, la integración en las investigaciones de quejas por violaciones de DDHH, pero es muy importante saber que el tema de la documentación de daños y de afectaciones, y las respuestas que se den a esta información será crucial para ir creando también reparaciones que incluyan la construcción de paz, la construcción de ámbitos y espacios de convivencia que permitan vernos desde otra historia y desde otra narrativa a partir de ahora.