Las fiscales especializadas en atender a mujeres violentadas no dan seguimiento a los casos y entorpecen los procesos de denuncia, denunció la integrante de la asociación » Kalli Luz Marina», Lisbeth Hernández Ortiz.
Puso como ejemplo lo que ocurre en el distrito judicial de Zongolica, en donde solo una fiscal especializada que recientemente fue enviada desde Orizaba como parte de un enroque con la homóloga de ese municipio, pues dijo que ya han tenido casos de trato despectivo hacia las mujeres que se presentan a denunciar.
«Tenemos malas experiencias con ambas fiscales, no le dan seguimiento a los casos, discriminan a las mujeres y entorpecen el proceso de denuncia».
Consideró que a esto se suma que haya cada vez menos personal en las fiscalías especializadas, a pesar de que Veracruz cuenta con dos alertas por violencia de género.
Narró que en el caso de mujeres indígenas la violencia se agrava y el acceso a la justicia es menos posible pues cuando alguna mujer acude a denunciar se deben trasladar hasta dos horas desde sus comunidades y a pesar de que viven en una situación de pobreza y discriminación requieren recursos para trasladarse a los centros de justicia.
«Llegando ahí, a veces no les quieren tomar la denuncia. Esas mujeres están en un riesgo altísimo y el trabajo no está siendo el adecuado».
Como respuesta, señaló que se han comenzado a tejer redes entre mujeres indígenas y que hasta ahora hay mujeres indígenas en siete municipios de la región de Zongolica que se han formado en derechos humanos y atención de violencia, lo cual ha derivado en un medio de resistencia.
Dijo que esto es debido a que una vez que una mujer denuncia la agresión, no tienen a dónde ir y la familia de origen no las quiere recibir porque decidió dejar a su esposo.
«Muchas mujeres trabajan toda su vida y, pero el dinero los invierten en terrenos de sus padres, suegros y esposos y cuando las corren se van sin nada».
Sobre la respuesta de la autoridad para atender las alertas por violencia de género, dijo que sólo se ha logrado formar tres grupos en Papantla, Rafael Delgado y Soteapan, en donde los servidores públicos se reúnen para tejer redes, pero hay algunos en los que existe bloqueo por parte de algunos de ellos.
Perla Sandoval/Avc