La Ley General en Materia de Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares señala que su objeto es “establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley” y “establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias”.

Sin embargo, cuando señala a quién corresponde su aplicación, la ley establece que “corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias”.

Las organizaciones de la sociedad civil y profesionales de expertos en diferentes ámbitos pueden y deben aportar mucho en las diversas materias de atención a víctimas, de búsqueda forense, de identificación humana, etc., para asesorar y asistir tanto a las autoridades como a las víctimas y sus colectivos en el fortalecimiento de sus capacidades para garantizar los derechos y objetivos de la ley.

Precisamente esta labor ha venido haciendo el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSyDE, en varios estados de la República y en particular en Veracruz, a lo largo del último año. La estrategia de INSYDE ha sido proporcionar asistencia técnica especializada para fortalecer capacidades de servidores públicos en instancias de delitos y derechos humanos, y acompañamiento a víctimas para reforzar sus conocimientos y habilidades en relación a sus investigaciones y búsquedas de familiares desaparecidos.

Para INSYDE el eje central de todo el trabajo con víctimas es el enfoque de la reparación integral. Por ello, ha sido muy importante el trabajo que se ha llevado a cabo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, en la colaboración en la elaboración de informes de valoración de impacto psicosocial y valoraciones de daño en casos de violaciones graves de derechos humanos. Para reforzar este trabajo, la CEDH ha organizado ya tres cursos de documentación y validación de daños enfocados en las reparaciones integrales de casos que han derivado en Recomendaciones.

Por otro lado, INSYDE en colaboración y con el consentimiento de los familiares de algunos colectivos, ha revisado algunos casos de denuncias ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas, para proponer y trabajar en planes de investigación que deriven en mejorar las capacidades de los policías ministeriales, de peritos y de fiscales del estado.

Además, expertos antropólogos y arqueólogos de INSYDE están dando asesoría técnica a colectivos y autoridades para elaborar metodologías y planes de intervención y prospección en sitios de posibles inhumaciones ilegales y fosas clandestinas en Veracruz.

Señalo todo esto porque me parece esencial las aportaciones y participación de las organizaciones de la sociedad civil y de asistencia técnica en los trabajos y acciones específicas en todos estos temas, desde el acompañamiento psicosocial, la asistencia técnica en planes de investigación, en las valoraciones de impacto psicosocial y cálculos de daños para la reparación integral, la búsqueda con expertos peritos en diversas materias, la colaboración y asesoría técnica en la identificación de fosas y restos humanos, etc.

La participación de la sociedad no debe ser enfocada solamente al activismo y denuncia social, o la presión para aprobar leyes o modificar proyectos, sino que se tiene que orientar a mejorar y fortalecer las capacidades institucionales y de las víctimas, que finalmente deriven en productos tangibles y funcionales, que sirvan para que ambos tengan más y mejores resultados para garantizar los derechos de las víctimas y, a fin de cuentas, la dignidad de las personas y la reparación integral.

En este momento se discute en el Congreso del Estado los proyectos de dictamen para una ley estatal de desaparición forzada que legislará la implementación en Veracruz del Sistema Nacional de Búsqueda y de la Comisión Local de Búsqueda. Parecería ser que toda la discusión de algunas organizaciones y colectivos es la de cuánto presupuesto tendrá esta Comisión, lo cual es sin duda importante, pero todos sabemos que tenemos leyes muy buenas y organismos públicos con recursos y personal y que, sin embargo, en los hechos se vuelven burocracias y mecanismos inoperantes.

Para que funcione la Comisión Local de Búsqueda y se coordine efectivamente con el Sistema Nacional, es necesario que se cuente con una coordinación efectiva y mesas de trabajo donde de lleven a cabo acuerdos y se les den seguimiento, que se hagan alianzas estratégicas con organismos de la sociedad civil que trabajen realmente en asistencia técnica con expertos en cada área y ámbito, y que se entablen acuerdos de cooperación técnica con organismos nacionales e internacionales de asistencia técnica y de derechos humanos con trabajo efectivo.

El tema de fondo es que se trata de dos visiones diferentes de lo que es el trabajo de la sociedad civil en los temas públicos, en este caso de los temas de derechos humanos y de víctimas. Por un lado están las organizaciones de denuncia permanente de todo lo que está mal y de todo lo que hace mal el gobierno. Por el otro lado, organizaciones como INSYDE que, sin dejar de señalar las deficiencias o defectos de la acción pública, se avocan a trabajar colaborativamente con las autoridades para proporcionar asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, y no creen a priori que todo lo que hace el gobierno está mal y está viciado.

Entre estas dos visiones estará la dinámica de trabajo de las nuevas instituciones que crea el Sistema Nacional de Búsqueda, e incluso entre estas dos visiones están las posibilidades de trabajo con los nuevos gobierno tanto federal como estatal. De hecho esta división de perspectivas y de trabajo ya están afectando y dividiendo la cohesión necesaria que deben tener los colectivos de familiares de personas de desaparecidas, por envidias, protagonismos, y celos entre organizaciones, y que finalmente sólo beneficia al status quo de ineficiencia gubernamental e impunidad.