Ciudad de México (AVC) El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Veracruz ordenó a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación seria, imparcial y efectiva de la desaparición de Víctor Álvarez Damián, víctima de desaparición forzada por la Policía Estatal de Veracruz el 11 de diciembre de 2013 en la colonia “Formando Hogar”.
En la resolución 952/2017 se ordena, por una parte, al Fiscal a realizar una investigación seria y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura y enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables de los hechos.
IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos promovió un Juicio de Amparo por indebida investigación, obteniendo que el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Veracruz dictara una sentencia a favor de la víctima.
La decisión al respecto señala: «Las líneas de investigación de desaparición de la persona mencionada deben establecer una línea de investigación en la que se establezcan patrones teniendo en cuenta el contexto en que acontecieron los hechos».
Igualmente, la resolución ordena al Fiscal encargado: “Disponer todas las diligencias pertinentes para identificar los restos encontrados en aquellos lugares que la autoridad reconozca como fosas clandestinas, tanto en el Estado de Veracruz, como en el resto del país, requiriendo la colaboración de las diversas procuradurías, para realizar una búsqueda e identificación exhaustiva atendiendo lo establecido por los estándares internacionales en la materia”.
La juzgadora estableció que los servidores públicos que intervienen en la investigación obstaculizaron el fin primordial de dicha autoridad que es precisamente la investigación de los hechos ilícitos y pueden ser determinados también como responsables de la trasgresión a los derechos de integridad y libertad personal en perjuicio de Víctor Álvarez Damián.
Sin embargo, la autoridad judicial declaró improcedente tener con carácter de vinculantes las Medidas y Acciones Urgentes emitidas por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas emitidas en favor de la víctima desaparecida, al considerar que no existe una obligación legal de su acatamiento forzoso.
En ese sentido, IDHEAS ha sostenido ante las autoridades mexicanas que la ratificación de la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU implica que se reconozca la competencia del Comité para recibir y considerar peticiones de acción urgente presentadas por toda persona que alegue ser víctima de desaparición forzada o sus representantes y en tal sentido, la Convención tiene carácter vinculante; por lo que dicha decisión será impugnada ante los Tribunales, a fin de que el poder judicial fije una postura al respecto.
El despacho jurídico recordó que a la fecha se estima que al menos 2 mil 750 personas han desaparecido en el estado, cuyo ex fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras cuenta con orden de aprehensión por su probable intervención en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, así como la detención y vinculación a proceso por el mismo delito de tres ex funcionarios de la Fiscalía de Veracruz y en febrero pasado 19 expolicías estatales entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto Hernández Meza.
En un comunicado señalan “ Este señalamiento es relevante en atención a que de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la República del 1 de Diciembre de 2006 al 28 de Febrero de 2015 fueron hallados 601 cuerpos en 174 fosas ilegales. El 91% de estos casos se presentan entre abril de 2011 a febrero de 2015. Para finales de 2013 se documentaba la situación sobre la investigación de fosas clandestinas en México, siendo Veracruz el segundo estado con mayor número de fosas encontradas con 144, sólo después de Tamaulipas con 252”.