En una reunión que sostuvimos recientemente representantes de la sociedad civil y empresarios con Andrés Manuel López Obrador en Boca del Río, Veracruz, y respondiendo a unos comentarios y preguntas que le hice con respecto a cómo será su relación con los otros Poderes de la Unión, con la Fiscalía General Autónoma, y con los demás organismos constitucionales autónomos, el candidato a la Presidencia de la República, me contestó que sería una relación de respeto y cordialidad, además de ser democrática, añadió.

Pero también le pregunté que, si, dado que en México el Presidente es el Jefe del Gobierno y el Jefe del Estado, él contemplaría proponer una reforma constitucional para contar con una figura similar a un Primer Ministro, Vicepresidente o Jefe de Gobierno o de Gabinete, y él ser solamente el Jefe del Estado mexicano. Ante ello, respondió contundentemente que él ejercerá una presidencia fuerte para llevar a cabo el proyecto de gobierno que está planteando.

Soy un politólogo que en sus convicciones políticas me considero un liberal, aunque en las económicas y sociales, me asumo como un socialdemócrata y hasta socialista, y por ésto último coincido con una gran mayoría de los diagnósticos y propuestas de López Obrador. Sin embargo, siendo una persona que cree en la libertad individual y en los contrapoderes políticos en el ejercicio de gobierno, me preocupa, como a muchas otras personas y politólogos, la forma personal de concebir el poder de quien ya seguramente será el próximo Presidente de México.

Recientemente AMLO hizo referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuestionó su trabajo, expresión que luego fue amortiguada por la Ex Ministra Olga Sánchez Cordero, quien está considerada como próxima Secretaria de Gobernación. Por ello, me parece de la mayor importancia que nuestro diseño constitucional y los contrapoderes constitucionales sean completamente garantizados y respetados en este cambio de gobierno ante lo que se ha venido llamando la renovación nacional.

Aquí hemos señalado en varias ocasiones el valor e importancia de las instituciones que funcionan como contrapesos del poder en México, desde la teoría clásica de la división de poderes, como el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, pasando por los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Fiscalía General de la Nación (FGN), y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, hasta la rendición de cuentas que se da a través de la Auditoría Superior de la Federación, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción o los derechos constitucionales establecidos en el artículo 1° de la CPEUM.

Así, México cuenta con instituciones sólidas y fuertes que hacen de este diseño y andamiaje una fortaleza que no es fácil pasar por alto o ignorar, sin embargo considero que falta un espacio que debe ser desarrollado si queremos que a partir del 1 de julio y, sobre todo, a partir del 1 de diciembre, haya un diálogo y conversaciones para, por un lado, dar seguimiento y supervisar el programa de gobierno desde los diversos sectores sociales (no políticos ni institucionales), y por el otro establecer acuerdos y consensos en torno a políticas sociales, económicas y ambientales. Este espacio puede ser un Consejo Económico y Social, o algo similar.

Andrés Manuel ha escogido a un empresario para concertar y construir el Programa de Nación, y a quien ha anunciado como su próximo Jefe de Gabinete, se trata del empresario e ingeniero Alfonso Romo. Él será la persona y tendrá el puesto que tendrá que echar a andar una serie de acuerdos, escuchas, conversaciones, diálogos, propuestas, etc, para mandar un mensaje, no sólo de conciliación después de la contienda electoral, si no de concertación para convocar a los sectores sociales y productivos para establecer una especie de conversatorio permanente para llevar a cabo el programa de gobierno, su funcionalidad y revisión permanente, así como principalmente su supervisión y evaluación.

En este enorme reto que tiene Alfonso Romo se juntan tres necesidades, la de escuchar y tomar en cuenta a los actores económicos y sociales, la de dar seguimiento y supervisar el programa de gobierno, y la de opinar sobre proyectos de ley y políticas públicas.

Una Presidencia democrática y un gobierno de renovación necesitan una fuerte alianza con los diversos sectores de la sociedad, sin pasar por los partidos políticos. No existe en la estructura del gobierno federal un espacio de opinión, propuesta y seguimiento por parte de los diversos sectores de la sociedad hacia el programa de gobierno, las propuestas legislativas y las políticas públicas. Tradicionalmente esa tarea se le ha encargado a la Secretaría de Gobernación (y también a la Presidencia de la República y sus oficinas), pero no como una figura de seguimiento de las prioridades gubernamentales y las reformas legislativas y/o de política pública.

Actualmente no hay una figura que apoye al Presidente y su gobierno en el diálogo con representantes de la sociedad civil organizada, ni un mecanismo para la supervisión social de su programa y propuestas de gobierno.

Veamos algunos ejemplos en otras latitudes, en Estados Unidos existe el “Council of Economic Advisors”, agencia federal que depende directamente del Presidente de los Estados Unidos. Su objetivo es ofrecer al Ejecutivo asesoría económica en materia doméstica e internacional, y tiene una estructura de Centro de Investigación.

En Francia está el Consejo Económico y Social. Es una Asamblea Consultiva hacia los poderes públicos. Representa a las principales actividades del país, promueve la colaboración entre esas diversas visiones e intereses de los grupos productivos, y garantiza su participación en la política pública económica y social. El Consejo también examina y evalúa el avance en materia económica, social y del medio ambiente y sugiere los cambios que le parecen necesarios. El Primer Ministro, el Gobierno y el Parlamento están obligados a consultarlo, para proyectos de reformas legales o de políticas programáticas, e incluso pueden pedir su elaboración. También el Consejo puede proponer por su propia iniciativa, reformas legales o de políticas públicas que le parecen necesarias. Este es el modelo que me parecería podría seguirse en México a partir del próximo año y que debería revisar Romo.

A nivel Europeo está el Consejo Económico y Social Europeo (CESE). Es un foro único de consulta, diálogo y consenso entre representantes de todos los sectores diferentes de la «sociedad civil organizada», lo que incluye a empresarios, sindicatos y entidades como las asociaciones profesionales y comunitarias, las organizaciones juveniles, los grupos de mujeres, consumidores, ecologistas y muchos otros. El objetivo del CESE es contribuir a garantizar que la elaboración de políticas y la legislación de la Unión Europea sean más democráticas y eficaces y reflejen auténticamente las necesidades de los ciudadanos de la UE. Tiene tres cometidos fundamentales: asesorar al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión Europea; garantizar que las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil se escuchen en Bruselas y hacerles cobrar mayor conciencia de las repercusiones de la legislación de la UE en las vidas de los ciudadanos; respaldar y reforzar la sociedad civil organizada tanto dentro como fuera de la UE.

Por otro lado, a nivel nacional tenemos estas experiencias. En Jalisco hay un Consejo Económico y Social que no sé si siga funcionando. Está planteado como un órgano autónomo cuya tarea es representar a un importante sector de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. Está conformado por 21 instituciones de los sectores: empresarial, social y académico – asistencial quienes impulsan estudios a fin de elaborar recomendaciones y opiniones técnicas  e incidir en la creación de políticas. Dentro de los objetivos del CESJAL están: promover el diálogo y la concertación entre los diferentes agentes públicos y privados de la entidad; recomendar proyectos estratégicos de alto impacto; y elaborar estudios de prospectiva que promuevan el desarrollo sustentable.

Igualmente en la Ciudad de México existe el Consejo Económico y Social de la CDMX, que es una instancia de representación y participación económica y social, con carácter consultivo, propositivo y decisorio. Analizar las propuestas de reactivación económica y proponer la formulación de políticas públicas para impulsar el desarrollo de la Ciudad de México a mediano y largo plazo. Es interesante que abarca más aspectos ya que promueve la participación de los sectores económico, laboral, académico, cultural y social en la formulación de la estrategia de desarrollo económico y social de la Ciudad. Es un órgano de consulta obligatoria del órgano ejecutivo para el diseño, evaluación y seguimiento de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia económica y social; y opina sobre las consultas de iniciativas de ley que le son presentadas por parte de los órganos ejecutivo o legislativo de la CDMX.

A nivel federal existe también, El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. Tiene como funciones principales normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia.

El CONEVAl es una institución que ha funcionado bien y que habría que fortalecer para que sea parte o coadyuvante de un Consejo Nacional Económico y Social.

Si el nuevo gobierno federal se decide por abrir y establecer un espacio permanente de diálogo social de este tipo, una de las tareas de Alfonso Romo será proponer y aclarar el alcance, estructura, funciones, etc. de este ente, si estará dentro o fuera de la estructura de gobierno, o dentro o fuera de la Presidencia; si se crea por una ley nueva o por una reforma legal a algo ya existente; si sería ratificado por el Congreso o no; el número de representantes y sectores o actividades representadas; su estructura, organización y funcionamiento; la forma de designación o elección de sus integrantes; así como sus funciones, toma de decisiones y el alcance de su mandato.

No se trata solamente de un órgano técnico o de estudio, ni de un consejo donde se hable y opine, se trata de un espacio político donde se busquen consensos y acuerdos.

Así que  dada la crispación política y social de este momento en México, y que posiblemente se puede acentuar a partir de ser López Obrador Presidente Electo y después de tomar posesión, la tarea de buscar encuentros, entendimientos, explicaciones, diálogos, consensos será mayúscula y de la mayor transcendencia para lograr la tranquilidad y estabilidad económica y social en esta transición, y por lo tanto, quizá este tipo de figuras puedan ser el espacio y la oportunidad de creación de esos acuerdos sociales que necesitaremos muy pronto en México.

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