Miguel Ángel Yunes Linares anda enojado, sensible, a punto de estallar en cólera. Cuando querría tener a Veracruz en calma para que la atención mediática se centrara en su hijo en campaña, por todos los rumbos de la entidad saltan episodios de violencia criminal, robos y atracos, frente a una policía estatal bajo su mando que ha perdido el rumbo… o le han encomendado tareas electorales.

Veracruz se ha convertido en el principal estado del país en atracos a ferrocarriles, en particular en el tramo de Orizaba a Acultzingo, una zona considerada la versión moderna de los parajes que describe Manuel Payno en su novela “Los bandidos de Río Frío”.

Tras el sabotaje de un tren en Orizaba este fin de semana, la industria se habría paralizado en el sureste del país, según nota del diario Reforma. Un jefe de operaciones de Ferromex habría declarado que más de 300 mil toneladas de mercancías están la espera de ser transportadas al Valle de México, principalmente granos, polietileno, químicos y productos importados. Las vías dañadas y las tolvas descarriladas impedían el paso de trenes desde Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz a Puebla y después al centro del país.

Para Yunes Linares, el accidente “es un hecho lamentable, es un hecho que afecta el movimiento de carga entre Veracruz y la Ciudad de México, pero no paraliza la industria; me parece que es una exageración”

Veracruz se desentiende

Pero el propio Yunes Linares ha repetido la máxima duartista de que en Veracruz no pasa nada. Este lunes, en entrevista con una radiodifusora del Puerto de Veracruz, dijo que en el estado no hay asaltos a trenes.

Como en el caso de los jóvenes de Tlaxcala desaparecidos en Tierra Blanca, en que se desentendió la Fiscalía local aduciendo que el hecho había ocurrido en el estado de Oaxaca, Yunes movió su varita mágica y la chasqueó: “No hay robo a trenes en Veracruz, eso sucede en [el estado de] Puebla; lo que ha habido en Veracruz son descarrilamientos y está analizando la Secretaría de Comunicaciones cuál es la causa de los mismos”.

Incluso acusó de irresponsable a la empresa ferroviaria por haber dicho en un comunicado oficial que el choque de trenes en Orizaba ocurrido la madrugada del sábado se había debido a un sabotaje en el sistema de frenos hecho por delincuentes. Sin embargo, Yunes es igualmente irresponsable porque no ha esperado una investigación que pueda descartar fehacientemente la hipótesis de la empresa.

Por desgracia, quien debiera estar atento a controlar estos delitos que ponen en riesgo no solo mercancías sino también la vida de pobladores y trabajadores ferrocarrileros, ha preferido descargar culpas a terceros.

Son tan frecuentes los asaltos a ferrocarriles en ese tramo que el 12 de mayo pasado el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Víctor Flores Morales, alertó de que llegará el día en que los trabajadores tengan que portar armas para defenderse de los asalta trenes. “Le hemos dicho a los trabajadores que se queden en la máquina; los han amenazado hasta con metralletas, pero ¿qué podemos hacer? Estamos pidiendo seguridad y que en cada tren vayan hasta tres de seguridad, armados, porque ya no se puede seguir así, y sin miedo”.

Cinco días después, el capitán Lagrimitas, Jaime Téllez Marié, titular de la SSP, acusó en Córdoba al sindicato ferrocarrilero de estar coludido con la delincuencia organizada y que no existe colaboración de los trabajadores ferrocarrileros para presentar las denuncias. “El sindicato no dice que muchos de los agremiados participaban activamente en los asaltos a trenes, estaban coludidos con la delincuencia, y eso el dirigente no lo dice”.

Según el funcionario policiaco, los maquinistas disminuyen la velocidad del tren para permitir los robos y, por desgracia, ni Ferrosur ni los ferrocarrileros presentan denuncia o se presentan a declarar para continuar con las carpetas de investigación. No dijo nada, sin embargo, de su tarea como fuerza policiaca preventiva y sólo se refirió a las hipotéticas investigaciones que realiza la Fiscalía General. Puede ser que, ante la ausencia de la policía estatal, los ferrocarrileros no declaren ni presenten querella por temor a ser atacados por los criminales.

Mientras el funcionario policiaco asegura que los índices de asaltos a los trenes de carga han disminuido (si bien todavía tiene focos rojos el tramo de Amatlán a Acultzingo), la realidad que exponen los medios de comunicación, señalando incrementos en esta actividad delictiva, es radicalmente diferente.

Robatrenes actúan con total impunidad

Como comentamos líneas arriba, el sábado por la madrugada ocurrió un grave accidente ferrocarrilero en Orizaba, que la empresa Grupo México Transportes atribuye a un acto de sabotaje en los frenos del tren por personas ajenas a la empresa.

“Estos delincuentes también  dividieron el tren provocando el deslizamiento sin control de 39 carros y 4 locomotoras por una pendiente descendente de 10 kilómetros, hasta impactarse con otro tren en el patio ferroviario de Orizaba”, reportó en un comunicado emitido el mismo sábado. En el mismo documneto pone de manifiesto que en las últimas tres semanas, “Ferrosur ha sido objeto de seis actos de sabotaje a sus vías férreas en Veracruz, lo que ha provocado igual número de descarrilamientos”.

Los furgones salieron de las vías y se amontonaron, quedando algunos cruzados en medio de toda la vía y otros parados; dos viviendas de las calles Sur 20 y Oaxaca resultaron con daños en bardas y sus moradores relatan haber escuchado un estruendo que los despertó, y al salir se dieron cuenta que el tren había chocado. Son 17 furgones descarrilados y dos máquinas dañadas. Transportaban granos, principalmente trigo. Migrantes que al parecer estaban a orillas de las vías o venían en el tren habrían resultado lesionados cuando, al igual que los maquinistas, saltaron para salvar la vida.

La preocupación de la empresa y, sobre todo, de los habitantes de esta zona y de los propios trabajadores radica en que en la ruta Veracruz-Ciudad de México “se transportan diferentes tipos de productos químicos peligrosos, situación que aumenta el riesgo en la operación con la situación de inseguridad imperantes”.

Mientras ese peligro sigue latente, lo que tendría un daño masivo con la posibilidad de poner en riesgo muchas vidas, el secretario de Seguridad Pública y su patrón están más interesados en repartir culpas para evitar asumir la responsabilidad por no tener capacidad para detener la violencia criminal.

No fue un hecho aislado

Apenas el miércoles 16 de mayo se reportaba que había sido descarrilado por sexta ocasión un tren de carga por bandas de robatrenes en el municipio de Acultzingo. La zona en que se presenta la situación de mayor peligro para el transporte ferroviario está bien identificada por los propios trabajadores ferrocarrileros y la empresa: es el tramo de Puente Colorado, en el estado de Puebla, hasta Vaquería, una población del municipio de Acultzingo.

La zona también es famosa por ser el asiento de bandas de huachicoleros que roban combustible de los ductos de Pemex tanto del lado veracruzano como del poblano. Por desgracia, ni las autoridades estatales ni las federales han hecho algo para contener estos delitos que, por su naturaleza, pueden afectar a poblaciones mayores.

Veracruz, primer lugar en asalto a trenes de carga

De acuerdo con un reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al cierre del tercer trimestre de 2017, comprendido de enero a septiembre, en el país se abrieron mil 32 denuncias por asaltos al ferrocarril en 28 estados.

El informe presentado en noviembre por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), una organización civil que funge como un observatorio ciudadano, revela que el 16.6 por ciento de los robos ocurrió en Veracruz, es decir, 171.

En el primer trimestre de 2017, Veracruz registró cuatro robos; en el segundo se reportaron 76, y en el tercero, la entidad tuvo un despunte de 91 hurtos, lo que significa 2,175 por ciento más que los ocurridos durante los tres primeros meses del año. El segundo estado con más robos a trenes es Puebla con 138 denuncias, que representa 13.4 por ciento del total, y en tercer sitio está Guanajuato con un total de 111 robos.

Datos periodísticos señalan que en la zona de Paso del Macho, Atoyac, Amatlán, Córdoba y Acultzingo operan bandas dedicadas al robo de cargamento de tren y lo hacen debido a la poca vigilancia policial. Tan solo en el tramo Paraje Nuevo-Río Seco, perteneciente a Amatlán de los Reyes, en 2017 sumaban al menos 30 asaltos al ferrocarril, que van desde granos hasta varillas, cementos y despensas.

Por desgracia, ni el gobernador Yunes ni su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, están dispuestos a reconocer su responsabilidad y buscarán hacerse como que la Virgen les habla.

Para la UV, apoyos reales, no promesas

Fue en Misantla, donde no existen instalaciones de la Universidad Veracruzana (aunque sí las de un instituto tecnológico superior que ha tenido varios logros académicos), donde Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN a la Gubernatura, anunció que en caso de ganar incrementaría el presupuesto de la UV año con año.

Egresado de la Universidad de Miami, es extraño que el famoso Chiquiyunes haya sacado a flote el tema en un momento y lugar al menos casuales. Su padre, él sí egresado de la UV, aprovechó muy bien para su campaña el profundo malestar de los miembros de la comunidad universitaria por el desvío desvergonzado de más de 2 mil millones de pesos por parte de Javier Duarte; acudió a su alma mater a prometer el cielo y las estrellas, a decir que incrementaría el subsidio estatal y que devolvería los recursos escamoteados por el entonces gobernador, pero va a salir de su encomienda sin haber hecho nada por la UV.

Que Yunes Márquez, en Misantla, haya dicho que mantendrá una relación de respeto y apoyo, no sólo presupuestal, y que “la etapa de abandono, confrontación y desinterés del Gobierno del Estado hacia la Universidad quedó atrás para siempre”, ha sonado realmente artificial y demagógico.

De entrada, que diga que el gobierno actual ha dejado atrás la etapa de abandono a la UV es una falsedad. La primera medida tomada por el gobierno “del cambio” para su primer presupuesto, el de 2017, fue reducir el subsidio estatal ordinario de la UV en 175 millones 365 mil 720 pesos y, en contraste, incrementar en 6.22 por ciento el presupuesto de la Coordinación General de Comunicación Social (de 69 a 73 millones), con lo que además puso en evidencia su supuesto ahorro en el tema, pese a cancelar (eso dijo) todos los convenios de publicidad con medios de comunicación.

Y eso de decir que cada año incrementará el subsidio estatal de la UV es una verdadera y torpe perogrullada, porque el año pasado la Legislatura local aprobó el proceso gradual que permitirá (si los subsecuentes gobiernos lo cumplen) la famosa autonomía financiera de la UV, calculado en 4 por ciento del presupuesto estatal, pese a que muchas voces plantearon que fuera del 5 por ciento.

Lo más grave fue que su padre, el actual gobernador, hizo las cosas de tal manera que en 2017 la proporción fuera de solo el 2.58 por ciento y que en el segundo año de su gestión apenas fuera de 3 por ciento, lo que quiere decir que no quiso ser dadivoso con su alma mater como lo ha postulado. En adelante, según la reforma constitucional, el monto se incrementará gradualmente hasta llegar al 4 por ciento en el ejercicio de 2023, el penúltimo año del próximo gobierno.

 

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