Reiteró la necesidad de incorporar la perspectiva de género, en el día a día del desarrollo de nuestras instituciones gubernamentales

Con la finalidad de promover una reforma que dota de igualdad de posibilidades a todas las mujeres veracruzanas dentro de la administración pública estatal y posibilitar su participación plena e igual en la economía y su acceso a los procesos de adopción de decisiones y al liderazgo, la diputada Cinthya Lobato Calderón presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Con esta reforma, señaló la diputada, al hacer uso de la tribuna y durante la Primera Sesión Ordinaria, del Segundo Período de Sesiones Ordinarias, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la LXIV Legislatura, propongo que las Unidades de Género se conviertan en Direcciones, que tengan una mayor jerarquía en la estructura administrativa del Poder Ejecutivo y de todas sus dependencias.

Reiteróla necesidad de incorporar la perspectiva de género, en el día a día del desarrollo de las instituciones gubernamentales e incorporar a la administración pública centralizada, al Instituto Veracruzano de la Mujer.

Esta Iniciativa armoniza el manejo de términos actuales: se sustituye la aplicación de Equidad de Género por el de Igualdad de Género. Así mismo, se dota al titular del Poder Ejecutivo de la atribución de crear la Dirección de Igualdad de Género en cada una de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los organismos paraestatales y demás órganos descentralizados.

Estoy consciente de que nuestro Estado, destacó Lobato Calderón, atraviesa serios problemas financieros, sin embargo, elevando a Direcciones a las Unidades de Género, permitiremos que un mayor número de mujeres aspiren a estos cargos que en el organigrama estatal le permitirán promover mejores y mayores políticas públicas en pro del empoderamiento femenino.

En otro momento de su intervención, propuso establecer textualmente la obligatoriedad al cumplimiento de los tratados internacionales por parte de los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales.