Prefacio.
El alcalde de Alvarado, Bogar Ruiz, no se anduvo por las ramas. Acudió al llamado de la Fiscalía General del Estado y ratificó la denuncia que había hecho pública el fin de semana, en el sentido de que los incendios suscitados en la Riviera Veracruzana habían sido provocados. *** Al término de la diligencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que el alcalde “no aportó una sola prueba que sostenga la afirmación previa emitida por el ayuntamiento a su cargo mediante un comunicado, en el cual divulgó a la opinión pública que tres incendios ocurridos en pastizales ubicados en la Riviera Veracruzana fueron intencionales o de mala fe”. *** Se olvidan los responsables de la Fiscalía Regional que los encargados de recabar tales pruebas son, precisamente, los servidores públicos de esa institución. *** El alcalde de Alvarado presentó una denuncia formal, para que se actúe contra quien resulte responsable de los hechos registrados el pasado fin de semana, aunque advirtió que veía en la actuación del fiscal una motivación política. *** Y tiene razón. La Fiscalía está actuando -como lo ha hecho desde que asumió el cargo Jorge Winckler- siguiendo las instrucciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. *** Esa es la justicia y el marco legal que prometió el actual mandatario estatal, una más de sus promesas incumplidas.
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La relación entre Miguel Ángel Yunes Linares e Iván Gidi Blanchet llegó a ser muy, pero muy cercana. Durante el gobierno de Patricio Chirinos, cuando Yunes Linares gobernaba desde la Secretaría de Gobierno, Iván Gidi era uno de sus más cercanos colaboradores y desde su posición de privilegio le arrendó una residencia de la familia, ubicada a espaldas de Palacio de Gobierno para operar desde ahí la llamada “Consulta para la Reforma Democrática”.
Muchas historias se escucharon sobre aquella relación. Lo cierto es que concluyó… y no en los mejores términos.
Este martes el abogado Helios Miguel Castro Rico, apoderado legal de la empresa financiera Intermercado GB Plus (propiedad de los hermanos Gidi) presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra cinco servidores públicos de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
Es pertinente conocer los nombres y cargos de estos funcionarios, pues en poco tiempo podrían estar ocupando justo las mismas celdas que hoy habitan los excolaboradores de Javier Duarte.
Se trata del secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Guillermo Moreno Chazzarini. También son imputados Francisco Javier Jiménez Rocha, subsecretario de Egresos; Fernando Martínez Villicaña, director general de administración; Bernardo Segura Molina, subsecretario de Finanzas y Administración, así como Adrián Viccon Basto, Tesorero.
Los acusan de haber desviado recursos por el orden de los 47 millones de pesos.
La mecánica es la misma que en su momento emplearon tanto el gobierno de Fidel Herrera, como el de Javier Duarte.
La actual administración estatal firmó un convenio con Intermercado, empresa que se dedica a prestarles dinero a los burócratas, sin más aval que la presentación de sus recibos de nómina. El pago de esos créditos se hacía mediante la retención de los abonos, por parte de la Secretaría de Finanzas.
Hasta ahí todo bien. El problema surgió cuando el gobierno estatal retuvo esos fondos a sus empleados, pero no se los entregó a la empresa financiera.
En el gobierno de Javier Duarte la explicación era muy simple. No había dinero para cubrir cada quince días la nómina del estado, y con grandes esfuerzos se conseguía apenas lo que se tenía que depositar en las cuentas bancarias de los burócratas. Los abonos y compromisos no eran retenidos, sino que simplemente nunca existieron.
Pero ese no es el caso con la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, pues según sus propias palabras, la emergencia financiera ya fue resuelta y su gobierno recibió fondos adicionales por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que no había pretexto para no cumplir los compromisos con Intermercado y con otras empresas que prestaban servicios similares.
El abogado de la empresa presume que se configura los delitos de abuso de confianza, retención indebida de cosa mueble y fraude.
El mismo conflicto que hoy tiene con Yunes Linares, los hermanos Gidi lo tuvieron con la pasada administración. Ya en su último año de su gestión, Javier Duarte difundió, en mayo del 2016, un comunicado en el que advertía:
“Con el propósito de evitar que los servidores públicos fueran perjudicados en su economía familiar por empresas dedicadas a prestar dinero a través del sistema de descuento de nómina -a altas y abusivas tasas de interés-, es que el Gobierno del Estado determinó la cancelación de este esquema financiero que a los únicos que beneficiaba era a unos cuantos empresarios a costa de los salarios de los trabajadores del estado”.
En aquella ocasión también se presentaron denuncias penales, que hasta la fecha siguen archivadas.
Aunque en el papel pareciera un pleito legal entre las autoridades estatales y una empresa agiotista, lo cierto es que atrás de todo hay una turbia historia de complicidades y traiciones, en las que están involucrados, de forma directa, los Yunes y los Gidi.
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Epílogo.
Un nuevo incendio se registró esta semana, ahora en el Área Natural Protegida de Tembladeras. Bomberos de Veracruz y de Boca del Río luchan para abatir este siniestro, que en su momento amenazó con alcanzar (¡vaya ironías!) las instalaciones de la Fiscalía Regional Zona Centro. Ante la magnitud del desastre, los bomberos recibieron el auxilio de los cuerpos de emergencia de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver). El incendio la noche del lunes y cuando se pensaba que ya había sido extinguido, la mañana del martes volvió a tomar fuerza. *** No falta mucho para que se vuelva a desatar la violencia en el sur de la entidad, por la disputa del agua. Los habitantes de Tatahuicapan, donde se ubica la presa de la que se surte a Coatzacoalcos y Minatitlán, hicieron una serie de demandas de obras al gobierno estatal, que no han sido cumplidas. Ese ha sido el origen de los conflictos anteriores. Confrontado como está con los gobiernos emanados de Morena, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares está permitiendo que el conflicto reviente, para sacar raja política. *** Triste, de verdad, la pérdida de una amiga y compañera de profesión. Martha Meza luchó con todas sus fuerzas, lo sé muy bien, pero finalmente el cáncer ganó la batalla. Vaya desde este espacio un abrazo solidario a su familia y a todos sus amigos.