Las mujeres trans que viven con VIH y se dedican al trabajo sexual, viven en el riesgo constante de ser criminalizadas. El ser portadoras del virus no es un delito, pero “contagiarlo dolosamente” sí, según las leyes veracruzanas, lo que facilita que sean víctimas de extorsión y agresiones frecuentes.

Estas personas incluso temen dar su testimonio, por el riesgo que corren de ser denunciadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y sean encarceladas por “contagiar” a sus clientes, quienes en múltiples ocasiones ofrecen pagarles más por sus servicios si tienen relaciones sin condón.

Esto lo explica Jazz Bustamante, activista de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), quien explica que las mujeres trans en muchas ocasiones terminan dedicándose al trabajo sexual por la discriminación que sufren desde temprana edad, la falta de estudios en muchos casos y la falta de opciones y oportunidades para emplearse.

Muchas veces, reconoce, ni ellas mismas saben que son portadoras de VIH, y se enteran porque su pareja enferma y es diagnosticada o en su caso por la denuncia de algún cliente que las acusa de haberles “contagiado” el virus.

De acuerdo con especialistas en VIH, como es el caso de Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial VIH en Veracruz, el virus de la inmunodeficiencia humana no se contagia, pues no se trata de una gripe, se transmite y utiliza los fluidos corporales como la sangre, el semen o la leche materna (entre otros) para pasar de un cuerpo a otro.

Veracruz, como otras entidades del país contemplan en su Código Penal un artículo que tipifica el delito de “contagio” de “enfermedad grave” el cual por su vaguedad permite incluir en dicho concepto algunas como el VIH, la sífilis y otras.

En la legislación local, el Título II de los delitos de peligro para la vida o la salud personal, capitulo IV denominado Contagio, en el artículo 158 dice: “A quien padezca una enfermedad grave y dolosamente ponga en peligro de contagio a otro, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta días de salario. El juez dispondrá lo necesario para la protección de la salud pública.

Desde el año 2000 al 2016, de acuerdo con documentos de transparencia, se han procesado 15 personas, aunque no se especifica si alguna de ellas ha sido por VIH, si son personas trans o si se trata de hombres o mujeres pues no da mayores datos al respecto.

Sin embargo las denuncias procesadas no muestran la radiografía completa de la criminalización del VIH en la entidad, pues Jazz Bustamante reconoce que muchas veces este artículo del Código Penal sirve para amenazar a las mujeres trans, a personas homosexuales y a cualquier persona portadora del virus.

Aunque hace hincapié en que las personas trans, dedicadas al trabajo sexual enfrentan con mayor frecuencia y a veces mayor severidad la criminalización.

En ocasiones, dijo, de acuerdo con lo que le han dicho las mujeres trans que acuden a solicitar asesoría legal a la organización “Soy Humano” de la que forma parte, las amenazan con denunciarlas frecuentemente.

Durante el primer encuentro de Organizaciones Mexicanas por la No Criminalización del VIH, dentro de las conferencias se dio a conocer que muchas de las personas que son portadoras de vih son amenazadas y extorsionadas bajo la acusación de haber transmitido el virus a otra.

Incluso en el caso de las mujeres casadas, son amenazadas por sus parejas o exparejas de ser denunciadas ante las Fiscalías, si llegan a solicitar el divorcio, la custodia de sus hijos e hijas o pensión alimenticia.

Esta es una situación similar a la que enfrentan las personas trans dedicadas al trabajo sexual, quienes además de ser amenazadas por terceras personas, son exhibidas en redes sociales y expuestas a la extorsión por parte de quienes se dicen haber sido sus clientes.

“He visto en redes, que a personas trans sus clientes las acusan pero no hay modo de que les comprueben” dijo la activista, quien señaló que este es uno de los temas que se mantiene vigente, en los primeros lugares de importancia.

La Criminalización en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En 2015 la entonces diputada del Partido Verde Ecologista, Mónica Robles Barajas, presentó la iniciativa para la criminalización del “contagio” en el Código Penal, pese a que algunos grupos se manifestaron acerca de esta situación, por el riesgo que existía para quienes vivieran con vih.

Al no haber una nueva modificación para evitar la persecución de personas que viven con vih, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual continúa a la espera de ser resuelto.

Brisa Gómez/Avc