Lo que sucedió el sábado pasado en el penal de la Toma en Amatlán no sorprendió prácticamente a nadie. Al menos, no a las autoridades que toleran las condiciones de hacinamiento y violencia, ni a los familiares que deben pagar derecho de piso hasta para introducir comida; menos aún a quienes la miseria y la desventura los ha llevado a la pesadilla de estar preso.

Motines, asesinatos, fugas, violencia: la crisis que viven las cárceles de México no es ajena a Veracruz. En Amatlán, como en otros centros penitenciarios del estado hasta se habían tardado en que estallara una bomba de tiempo que se activa de vez en vez. No hay excepción, la regla es el hacinamiento, los tentáculos de las bandas criminales entre rejas y la corrupción de las autoridades.

Hoy todos vuelven los ojos a Amatlán, pero muy pocos al sistema penitenciario en general. Según Guillermo Zepeda, director de Jurimetría, un centro de investigación de temas legales, la crisis en las cárceles de México se debe a dos factores: al hacinamiento y al crimen organizado, ambos sustento de un próspero negocio de algunas autoridades. ¿Acaso el pitazo del director del penal de La Toma sobre el traslado de los reos fue de gratis?

En todas las cárceles de México hay más de 210 mil internos; de éstos 73.9% al ser apresados no tenían antecedentes y 26.2% ya había estado recluido en otra ocasión, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Casi el 50 por ciento de los reos en prisiones federales y el 30 por ciento en penales estatales están detenidos de forma preventiva, a la espera de un juicio y una sentencia. En muchos casos, esperan castigos por delitos menores, como robos sin violencia. No obstante, su destino es servir de carne de cañón al crimen organizado que ha tomado el autogobierno, aún cuando las autoridades lo nieguen.

En julio pasado, en este mismo espacio nos ocupamos de la radiografía del terror que representan las cárceles de México y de Veracruz. Basta conocer las condiciones de los reos que están recluidos en Poza Rica y Misantla para entender lo que está por suceder; lo que pasó en La Toma es apenas una tímida advertencia.

Recupero algunos fragmentos de aquélla entrega: “Las cárceles en México suelen ser un infierno o un cómodo resort donde lo único que no se tiene es la libertad. Todo depende del reo. Por supuesto, no son un lugar común para la gente con poder político y económico; pero si por alguna inevitable razón llegan a caer ahí, hay forma de salvar el pellejo”.

Los centros de reclusión son un Estado dentro de otro: tienen su propio gobierno, sus propias leyes y formas de organización social, aunque eso sí, es el dinero quien sigue estableciendo los estratos de poder.

Por décadas, con la complacencia de las autoridades, las cárceles en México se han convertido sitios llenos de corrupción y violencia. Han suplantado su modelo como lugares de reintegración y adaptación de reos para convertirse en grandes negocios de las autoridades y escuelas del crimen de la delincuencia.

En México, el 65 por ciento de las cárceles padecen autogobierno, están sobrepobladas y no existe una política penitenciaria adecuada para enfrentar la problemática que las define, afirmó hace algún tiempo Elena Azaola Garrido, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), que pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Pero la situación ha empeorado.

Como dijimos, el sistema penitenciario es un país paralelo. Basta conocer las cifras. En México hay 418 centros penitenciarios en los que están recluidas más de 240 mil personas; de ellas, alrededor del 44%, es decir, 105 mil  600, se encuentran a la espera de que se les dicte sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, bajo el esquema del anterior sistema de justicia.

Tales problemáticas, explica la CNDH, se reconocen principalmente en el deficiente control en el ejercicio eficiente de las funciones de autoridad; en 65 de los 101 centros visitados por la CNDH se encontró autogobierno o cogobierno; prevalece el hacinamiento y sobrepoblación, y no existe una adecuada separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres.

Según la investigadora, en México 65 por ciento de las prisiones padecen autogobierno, “lo cual es otro problema gravísimo porque la autoridad no está ejerciendo el control y son bandas las que lo tienen, y a veces someten de manera cruel y violenta”. Entre 2009 y 2013 más de mil internos se fugaron de las prisiones en México, y alrededor de 600 perdieron la vida, como sucedió el sábado pasado.

En cada una de las 17 cárceles del estado y el sistema penitenciario todo es una bomba que siempre está a punto de estallar. En Amatlán ya estalló.

Las del estribo…

  1. No se debe echar en saco roto la denuncia de los maestros sobre eventos frecuentes donde han sido levantados para ser asaltados y robar sus automóviles. La inseguridad sigue presa del debate político, cuando en realidad alcanza a cada vez más personas, como fue el caso del docente asesinado ayer.
  2. Veracruz se encuentra en el penúltimo lugar del  Índice de Desarrollo Democrático, apenas por encima del Estado de Guerrero, informó el Consejero Presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes López. No sólo carecemos de una clase política respetable; hoy tenemos una cultura política sólo comparable al bronco estado de Guerrero. ¡Pa’ vergüenzas!