A Miriam, por su amor incondicional
Lo que parecía un acto premeditado de hostigamiento oficial disfrazado de espionaje resultó ser un simple montaje para la clientela electoral. El gobierno de Veracruz no sólo sabía del operativo para dar seguimiento a las actividades del precandidato del PAN-PRD a Presidente de la República, Ricardo Anaya, sino que incluso lo pactó con la Secretaría de Gobernación a través de Rogelio Franco.
El hecho de que fuera dado a conocer tres días después de que sucedió por parte del afectado también llama a la sospecha. ¿Por qué no le informaron a Anaya que tendría la vigilancia –por razones de seguridad- del gobierno federal y con conocimiento de Miguel Ángel Yunes? Según lo dicho ayer, el equipo de pre campaña también lo sabía y no lo informó.
¿Por qué el propio gobernador no se refirió a este operativo, en el que por supuesto se incluía también a su hijo, el pre candidato a Gobernador? La razón expuesta ayer es que los acuerdos del Grupo de Coordinación Veracruz no se dan a conocer, con lo que acepta que hubo un acuerdo previo.
¿Acaso no hubo comunicación entre Anaya y Yunes luego de que sucedió el incidente en el estado que gobierna uno de sus supuestos aliados? o ¿pactaron el montaje para victimizar al pre candidato presidencial? En todo caso, la jugada no salió como ellos esperaban.
Sin embargo sí hubo serias deficiencias por parte de los agentes y funcionarios del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN); en principio, porque mordieron el anzuelo del montaje; y más tarde, por no dar a conocer este evento que era evidente sería motivo de escándalo por los actores involucrados. Este episodio hizo recordar las caricaturas infantiles en que un elefante espía intentaba esconderse detrás de una palmera.
El desliz sobre la impericia de agentes al dar seguimiento a la pre campaña de Ricardo Anaya en su recorrido por Veracruz, ha avivado el debate sobre las funciones que debe realizar el Estado en materia de seguridad y si para ello es necesario espiar a opositores, periodistas o a actores políticos en general.
En junio del año pasado, el diario norteamericano The New York Times publicó un amplio reportaje que se refirió, una vez más, al espionaje que se realiza en México desde hace más de tres décadas, y que en la mayoría de los casos no tiene como propósito el mantener la seguridad nacional, sino exponer al escrutinio público pasajes de la vida personal de estos personajes.
En esa fecha, el diario aseguró que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. “Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí”
Entre los blancos del programa, según se informó, se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas.
Se explicó que el software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto. Sin embargo, esta vez, el supuesto espionaje a Ricardo Anaya se realizó “a pata”.
En la aldea, las principales historias de espionaje siempre han estado ligadas al actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes y la creación de aquélla mítica área de inteligencia llamada “el palomar” –por encontrarse en la azotea de Palacio de Gobierno- a cargo de Enrique Ampudia Melo.
En aquel entonces, durante el gobierno de Chirinos, la información que ahí se procesaba no tenía que ver solamente con las actividades de grupos y organizaciones políticas, sino con la vida personal de cientos de personas -políticos, diputados, funcionarios, líderes, empresarios, reporteros y hasta sacerdotes- que era utilizada para denostar y presionar políticamente. Algunos de quienes fueron espiados pertenecían al propio gobierno y a los círculos íntimos del poder. Nadie se salvaba.
Así que lo que le sucedió a Anaya en Veracruz es apenas una anécdota respecto de las verdaderas actividades de espionaje que aquí se realizan, y de las que pronto conoceremos, conforme esa información pueda rendir dividendos electorales.
La del estribo…
- Una vez más, volvemos a saber mucho de las víctimas y muy poco de los victimarios. Ayer el Gobernador volvió a sembrar la sombra de duda sobre el perfil de los jóvenes que desaparecieron hace algunos días en el puerto de Veracruz. Lo que les pasó, ellos se lo buscaron al hacer contacto con un personaje de la delincuencia organizada: esa sigue siendo la conclusión oficial.
- Meten reversa. Luego del descontento que generó el famoso programa de reordenamiento vehicular entre los trabajadores del volante, el gobierno estatal hizo un nuevo cálculo electoral para prescindir de esos ingresos y apaciguar a un sector que tantos votos le dio la elección pasada. No es de extrañar que en pocas semanas se dé a conocer un estímulo a los burócratas del estado que tanto hostigamiento han sufrido en esta administración. Al parecer, las cuentas no salen.