Pacho Viejo, Coatepec.. Testigos protegidos de identidad reservada relevaron la estructura de mandos policiacos y operativos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), responsable de implementar una “política ilegal”, a través de la cual se detuvo sin órdenes judiciales a civiles que luego eran torturados y finamente desaparecidos.

La carpeta de investigación del proceso penal 22 / 2018, de la que se liberaron 31 órdenes de aprehensión en contra de mandos policiacos y policías por el delito de desaparición forzada en contra de al menos 15 personas, incluye al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; al ex director de Operaciones y subsecretario, José Nabor Nava Holguín; el ex director de la Fuerza Civil, Roberto González Meza; al ex director de Prevención y Reinserción Social, Oscar Sánchez Tirado, entre otros mandos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró 19 órdenes de aprehensión, que incluyen a estos mandos, y 16 policías estatales, el que continua prófugo es Nava Holguín y otra decena de mandos policiacos.

Durante la audiencia inicial que se realiza en la sala de juicios orales del Penal de Pacho Viejo, se reveló que la carpeta de investigación de 35 tomos, contiene 89 datos de prueba en contra de la cadena de mando.

En una audiencia que duró más de 13 horas, la juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, legalizó la detención de apenas los tres mandos policiacos, y dejó pendiente la legalización de 16 policías estatales para la audiencia de este viernes.

Aun cuando no se ha realizado el proceso de imputación, durante el proceso de control de detención, la defensa jurídica de Bermúdez Zurita, reveló algunos detalles claves de la carpeta de investigación.

Ahí informó que la investigación por desaparición forzada inició en octubre del 2017, y que posteriormente el 3 de diciembre, se entrevistó a un testigo de identidad reservada, quien reveló la estructura de la cadena de mando por el cual se detenía y desaparecía personas.

Ese testigo señaló al ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, como el principal operador de esta estructura donde además participaban varios funcionarios policiacos más, también detalló la forma de operación de este grupo.

También se reveló que la FGE le dictó a este testigo un criterio de oportunidad, es decir, un beneficio a cambio del testimonio.

La defensa jurídica advirtió que la carpeta de investigación está basada en la nueva ley de desaparición forzada recientemente aprobada a nivel federal, y homologada a nivel local, y que prohíbe aplicar criterios de oportunidad a personas que quieran negociar impunidad.

La juez no entró al debate de estos hechos, que se revisarán más tarde en el momento procesal oportuno.

Durante la audiencia de este viernes que se citó a las 11 de la mañana en la sala de juicios orales 3, la jueza legalizará la detención de 16 policías estatales y después iniciará el momento procesal de la imputación, donde los fiscales revelarán finalmente el contenido y detalle de la carpeta de investigación.

Se espera que la audiencia tenga una duración de varias horas, lo que ha trascendido en medios de comunicación a quienes se les filtró parte de la carpeta de investigación, es que los detenidos son responsables de implementar una “política ilegal” a través de la cual se detuvo sin órdenes judiciales a supuestos miembros del crimen organizado, que luego eran torturados y finamente desaparecidos.

“Esta política, consistió en detectar, detener, torturar y desaparecer forzadamente, a personas supuestamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada. Un juicio sumario, al que se enfrentaban sin defensor y sin garantías judiciales, sujetos a la apreciación de elementos policiacos”, indica el expediente de las autoridades.

Para lograr esta estructura, había dos grupos de elite: Fuerza de Reacción de la División de la Policía Estatal, creado por orden directa de Arturo Bermúdez, y el cual se encargaba de hacer las “detenciones” de personas y Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública, quien, recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia de Policía Estatal en el Lencero, donde las torturaba, extraía información y después, las personas desaparecían.

Flavia Morales/Avc