En Veracruz, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la desaparición forzada y las falencias en la investigación de desaparecidos, son las violaciones a derechos humanos más recurrentes, reconoció la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez.

En el mensaje con motivo de su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, informó que por estos hechos se emitieron recomendaciones en 2017.

Se trata de tres recomendaciones por tortura, 2 por ejecución extrajudicial, tres más por desaparición forzada, una por discriminación y ocho por omisiones en investigaciones por desaparición de personas, así como 9 por desaparición.

“Reviste especial importancia la incidencia de violaciones graves a derechos humanos como la tortura, la ejecución extrajudicial, desaparición forzada de personas; la discriminación; y las falencias en la investigación de desaparición de personas”.

Además, la CEDH emitió siete recomendaciones derivadas de quejas iniciadas de oficio que versaron sobre detenciones ilegales; actos de tortura; ejecuciones extrajudiciales; falta de adopción de medidas de seguridad; negligencia médica; anticoncepción coactiva; y agresiones a menores en un plantel educativo.

Reconoció que las autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), son las instancias que aglutinan la mayor cantidad de quejas.

Se trata de quejas por violaciones al derecho a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, así como derechos de la víctima o de la persona ofendida.

Dijo que se registraron 25 quejas constatadas contra autoridades municipales, 20 en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) y 16 contra la Secretaría de Seguridad Pública.

Y reconoció que actualmente hay dos Ayuntamientos que se han negado a acatar las recomendaciones emitidas por la CEDH, por lo que se exhortó a los quejosos a interponer un recurso de revisión ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y así se hizo.

“Las autoridades municipales registraron el mayor número de violaciones a derechos humanos acreditadas, de acuerdo a las resoluciones emitidas por esta Comisión, seguidas por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública”.

Además, de manera general la CEDH emitió 41 recomendaciones generales a la Fiscalía General del Estado (FGE), tres al Congreso local y 6 a la Comisión Estatal para Atención de Víctimas.

Matzumoto Benítez agregó que, en 2017, se resolvieron 80 quejas, 24 por conciliación y 56 por recomendación.

Los derechos que acreditaron un mayor número de transgresiones fueron el derecho a la integridad personal con 30 casos; los derechos a la libertad y seguridad personales con 18 casos; y derechos de la víctima o de la persona ofendida con 18 casos.

Por cuanto hace a las revisiones a los centros penitenciarios, señaló que la CEDH tramitó 38 quejas.

“De este universo se obtuvo una recomendación (49/2017) dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública porque una persona privada de su libertad del Cereso de Pacho Viejo, que fue víctima de agresiones físicas por parte de personal de Seguridad y Custodia”.

Además, dijo que las quejas siguen en estudio en las Visitadurías Generales; 4 se turnaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); 11 se resolvieron durante el trámite y 19 se concluyeron.

Dijo que se realizaron visitas a 17 Centros de Reinserción Social, a un Módulo Preventivo de 72 horas, y al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA).

Derivado de esto, informó que se emitieron 67 observaciones, de las cuales 43 fueron solventadas y 24 se encuentran en trámite.

“En los casos de las cárceles municipales se realizaron 193 visitas a instalaciones, emitiendo 595 observaciones. De estas, 292 han sido solventadas y 306 están en trámite”.

Matzumoto Benítez agregó que en 2017 se presentaron 14 quejas sobre servidores de la CEDH, principalmente por su forma de interactuar y atender a las víctimas y por lo cual se realizaron cuatro exhortos.

“Se atendieron 14 quejas sobre servidores públicos de la CEDH. Éstas versaron, en su totalidad, sobre la forma de interactuar y atender a las personas que requieren nuestra intervención”.

Las 14 quejas se concluyeron durante el 2017, y en 4 se emitió un exhorto a los servidores públicos involucrados para regularizar su conducta y las otras 10 finalizaron sin observaciones.

Más de 817 funcionarios se han vinculado con violaciones a los derechos humanos

De 2013 a la 2017, al menos 878 servidores públicos se han visto involucrados en violaciones a los derechos humanos, reconoció la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez.

Al responder la pregunta de la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lourdes García González, dijo que por ello se han emitido las recomendaciones pertinentes.

Explicó que tan solo en 2013 se registraron a 210 servidores públicos involucrados en recomendaciones por violaciones a derechos humanos.

En su intervención el diputado Fernando Kuri Kuri la cuestionó sobre el avance en la recomendación 16/2017 para la Fiscalía General del estado por la violación de los derechos a la libertad y seguridad de una ciudadana, por su detención ilegal, actos de tortura y violencia sexual.

Sobre este tema, Matzumoto Benítez indicó que se lleva un avance del 40 por ciento, ya que hasta la fecha no se ha logrado la reincorporación de la víctima a registro estatal de víctimas.

“Hay un avance en el proceso administrativo sancionatario, pero lleva un tiempo porque se debe respetar la garantía de audiencia al funcionario involucrado”.

Además, Matzumoto Benítez indicó que aún está pendiente la capacitación a los servidores públicos involucrados.

En otro tema, cuestionada sobre los motivos para el cierre de las oficinas de la Delegación de Pánuco, la funcionaria justificó que se cerró temporalmente por la petición de ajuste al presupuesto.

Además, porque dijo que esta delegación presentaba el menor número de quejas presentaba, y por tanto, menor productividad.

“En cuanto estas circunstancias dejen de estar presentes consideraremos la oportunidad de reaperturar esta delegación”.

Al responder la pregunta del diputado José Manuel Sánchez, sobre las quejas interpuestas por periodistas por la violación de su derecho a la libertad de expresión, indicó que en 2017 se recibieron seis.

Indicó que tres se resolvieron mediante conciliación y una más por recomendación (39/2017) y el resto siguen en trámite.

AVC/Noticias