En cerca de tres años, Mauricio Góngora pasó de ser alcalde del municipio de Solidaridad y candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, a ser presunto responsable de desvío de recursos por al menos 869 millones de pesos.

El exfuncionario, cercano al exgobernador Roberto Borge – también detenido y extraditado a México por presuntos actos de corrupción – fue detenido el pasado jueves 25 de enero en la Ciudad de México. Aunque la audiencia inicial fue pospuesta por un juez a petición de su abogado, Guillermo Pasquel Vázquez, este sábado 27 enfrenta por primera ocasión ante un juez las acusaciones por peculado y desempeño irregular de la función pública que le imputa la Fiscalía del estado.

¿De qué se le acusa exactamente? Animal Político consultó dos denuncias interpuestas por el municipio de Solidaridad, encabezado por la panista Cristina Torres, así como a las partes involucradas para explicar las imputaciones contra Góngora, a quien el PRI apostó para ser el sucesor de Roberto Borge.

Denuncias de Solidaridad

El ayuntamiento que Góngora administró de 2013 a 2016 quedó en manos de la alianza PAN-PRD, encabezada por Cristina Torres tras las elecciones estatales de 2016. La alcaldesa ordenó una auditoría de las finanzas municipales, lo que arrojó varias irregularidades, según cuenta en entrevista.

De acuerdo con la alcaldesa, hubo un mal manejo de deuda con la justificación de invertir en obra pública productiva, sin embargo, los recursos terminaban siendo desviados a través de supuestos convenios con particulares.

“Las deudas anteriores tenían en apariencia un propósito noble, es decir, para obra pública productiva, pero terminaban yéndose a gasto corriente, entonces no tenía ningún sentido, ni cumplían con los requisitos de la ley. Eso es la parte importante, había operaciones presuntamente inexistentes. Hacían facturas con empresas que no encontramos domicilio, que no existían”, explica la presidente municipal.

Por ello, en diciembre de 2016, la alcaldesa de Solidaridad interpuso una denuncia contra Mauricio Góngora y tres de sus excolaboradores por el presunto desvío de recursos locales por cinco millones 151 mil pesos, mediante un convenio con la empresa Prestaciones FINMART para hacer préstamos a los trabajadores del Ayuntamiento, por lo que se hacían retenciones presuntamente ilegales y de manera quincenal a quienes trabajan en nómina, sin embargo el dinero nunca fue entregado a la empresa, de acuerdo con la denuncia interpuesta.

De acuerdo con una fuente, quien pidió no publicar su nombre y con acceso a la investigación, esta acusación se hizo por desempeño irregular de la función pública, pues se trata no solo de recursos públicos, sino también de particulares que también fueron defraudados.

Préstamos particulares (e ilegales)

En marzo de 2017, el mismo Ayuntamiento presentó una segunda denuncia, ahora por el delito de peculado, por el presunto manejo irregular de un crédito de 780 millones de pesos, solicitado en febrero de 2014 para refinanciamiento e inversión pública productiva al Banco Interacciones a pagar en 20 años.

El Ayuntamiento de Solidaridad nombra este acto como empréstito. De acuerdo con la denuncias, esos recursos pasaron de cuentas bancarias, a usarse en la compra venta de acciones en abril del mismo año, para después retornar como gasto corriente. El problema fue que las autoridades locales no hallaron pruebas que el dinero se usara para inversión pública productiva ni para el pago directo de deuda.

De ese total, se realizaron pagos a comisiones y honorarios por un monto de 50 millones de pesos, que no estaban contemplados en el contrato original. Además, en la denuncia se señala que del dinero del crédito, Góngora dispuso de 213 millones de la cuenta original para transferirlos a la cuenta del ayuntamiento, sin la autorización previa del Cabildo.

Por esta denuncia, las autoridades han podido comprobar el presunto desvío de 150 millones de pesos.

De acuerdo con un reporte del diario Luces del Siglo, el 12 de julio de 2017, la alcaldesa presentó una tercera denuncia ante la PGR por el presunto desvío de recursos federales por 120 millones de pesos, de los cuales 47 millones presuntamente fueron sustraídos de las cuentas sin tener comprobantes de cómo o en qué se ejercieron.

En su momento, la alcaldesa declaró a los medios locales que producto de “auditorías relacionados con el ejercicio de recursos federales que fueron utilizados, no sabemos para qué, de un total de movimientos por poco más de 120 millones de pesos, 47 como tal no tenemos registro de dónde fueron, qué ocurrió con ellos”.

Existe otra denuncia en contra de Mauricio Góngora por el desempeño irregular de la función pública como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en Quintana Roo, por el presunto desvío de 594 millones de pesos relacionado con el fraude a la empresa paraestatal VIP Saesa – empresa de transporte aéreo – básicamente en la subcontratación de aviones particulares que hasta el día de hoy se desconoce por quién fueron utilizados y cuál fue la finalidad de su uso.

Una investigación de la Comisión de Hacienda del Congreso de Quintana Roodetectó desvíos de recursos por más de 300 millones de pesos y más de 40 millones de dólares de la paraestatal. Por estos hechos se encuentra detenido e investigado Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, a quien se le imputa el delito de desempeño irregular de la función pública.

En total, las cuatro denuncias interpuestas hasta el momento contra Góngora, incluida la existente ante la PGR, suman más de 869 millones de pesos.

La alcaldesa Cristina Torres aseguró que antes de terminar su administración, presentará una nueva denuncia también mal manejo de recursos en la administración de Góngora y bajo el mismo esquema.

Con información de Animal Político