Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, inició este sábado en Ciudad Juárez, justo a unos metros de la línea que divide la frontera de México con Estados Unidos, la Caravana Unidos con Valor para exigir al Gobierno federal el pago de 700 millones de pesos que le retuvo, así como la extradición del priista César Duarte Jáquez para ser juzgado por las leyes mexicanas delitos de peculado agravado, delitos electorales y desviación de dinero público, entre otros.
En los próximos 15 días, al Caravana transitará por Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luís Potosí, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y, finalmente, llegará a la Ciudad de México el 4 de febrero.
Acompañado de ciudadanos y de funcionarios estatales, que los arroparon al grito de “¡No estás solo, no estás solo!”, el Gobernador caminó del Puente Libre a la Mega Bandera, donde dirigió el primer discurso en el marco de este movimiento.
“Desde aquí, desde este filón de la Patria, renace la esperanza de México en una verdadera transformación”, dijo.
“Estamos iniciando una nueva Revolución, pero ésta no se librará con las armas ni con caudillos sino con las conciencias, afirmó. Ese es el corazón y el alma de la lucha del pueblo de Chihuahua, es la defensa de un ideal que el pueblo de Chihuahua tiene para hacerse respetar por el Gobierno federal”, expuso.
“Inicia hoy en este límite entre dos países, un movimiento de dignidad de respeto al pueblo de Chihuahua. Es la defensa de un ideal que el pueblo de Chihuahua para hacerse respetar por el orden federal”, añadió.
Hacienda hace de sus facultades un instrumento de control político y, ahora, uno que impide juzgar la corrupción, acusó.
Vamos a romper el pacto de impunidad, donde se cubren unos con otros, ofreció. Este Gobierno se ha caracterizado por la corrupción política para enriquecer a sus leales y con fines electorales. Pero jamás de los jamases, dijo, vamos a ceder así nos quiten el presupuesto del Gobierno de Chihuahua.
“Inicia hoy en este límite entre dos países, un movimiento de dignidad de respeto al pueblo de Chihuahua. Es la defensa de un ideal que el pueblo de Chihuahua para hacerse respetar por el orden federal”, afirmó.
“Basta al manejo discrecional, faccioso del presupuesto público. Basta al castigo federal al pueblo de Chihuahua”, insistió.
“Vayamos con la frente en alto, que representamos la dignidad del pueblo de Chihuahua”, concluyó.
En conferencia de prensa posterior a la presentación de la caravana, Javier Corral indicó que su Gobierno formulará una solicitud de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Queremos saber cómo se conformó el Fondo de Financiamiento Financiero y de todos los convenios que se formularon con todas las entidades federativas en diciembre de 2015 y en febrero de 2016”, dijo.
Antes de que Corral pronunciara su discurso, el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez, dio la bienvenida al Gobernador y a la Caravana, le dio su apoyo a Corral y le deseó éxito en este esfuerzo.
También Gustavo Madero Muñoz, coordinador Ejecutivo del Gobierno de Chihuahua, dijo que el movimiento trae la verdad y la congruencia de la defensa del pueblo de Chihuahua.
“Tenemos un Gobernador muy valiente, dijo. No cualquiera se avienta un tiro de esta naturaleza y generar un movimiento para cambiar las cosas, para combatir la corrupción y pedir la extradición de un priista, y no por tres delitos sino por las 11 órdenes de aprehensión que tiene”, expuso Madero Muñoz.
EXTRADICIÓN CAUSA ALERTA
Los presuntos actos de corrupción de César Duarte al frente del Gobierno de Chihuahua abrieron un conflicto entre el Gobierno federal y el encabezado por Javier Corral Jurado, quien acusó que la Secretaría de Hacienda le ha negado recursos por la investigación que tiene abierta contra el ex mandatario priista.
El 17 de enero pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que ya presentó de manera formal tres solicitudes de extradición en contra del ex Gobernador de Chihuahua por una orden de aprehensión de fuero federal y dos del fuero común, pero el ex mandatario tiene un total de 11 órdenes de arresto.
Sin embargo, el Gobernador Corral planteó que su Gobierno se asegurará que la Procuraduría General de República (PGR) integre las diez órdenes de aprehensión elaboradas por la Fiscalía del Estado dentro de las solicitudes de extradición en contra de César Duarte Jáquez, pues teme que sólo sea juzgado por las tres que anunció la dependencia.
“Nosotros lo que queremos es asegurarnos que puedan desahogar la solicitud con las 11 órdenes de aprehensión, porque no sólo queremos la pena máxima, también lo que buscamos es resarcir al patrimonio de Chihuahua el fruto de lo robado”, señaló el Gobernador.
Aunque el Gobernador reconoció que es un paso importante el anuncio de la PGR, insistió en que se deben advertir algunas cuestiones en torno a ello, y recordó que su Gobierno presentó 10 órdenes de aprehensión principalmente por los delitos de peculado agravado, delitos electorales y desviación de dinero público.
Javier Corral Jurado inició una estrategia jurídica y solicitó al abogado Paulo Díez Gargari elaborar esa estrategia.
El abogado, que tiene ya una historia de batallas con OHL y el Gobierno del Estado de México, ya tiene trazado el plan: se presentarán una o dos controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por una violación grave del pacto federal generada por una afectación presupuestal y porque existe la intención de impedir al gobierno de Chihuahua ejercer sus competencias en materia de lucha contra la corrupción, previstas en el Artículo 113 de la Constitución.
“Esas son las dos exigencias del Gobierno de Chihuahua: entreguen los recursos sin condición y extraditen a César Duarte. No hay nada más que discutir, nada más que acordar”, comenta en entrevista con SinEmbargo.
Desde su perspectiva este caso no tiene margen de derrota, sólo un enemigo poderoso que sabe defenderse.
En el fondo, dice, lo que está de por medio es el “miedo terrible del Presidente Enrique Peña Nieto por ser llevado a los tribunales, obligado a rendir cuentas y eventualmente ir a prisión. Ese miedo hace que el Gobierno federal actúe de una manera absurda, irracional y violenta que es que lo que vemos con [el caso] Chihuahua”.