MEXICO, 19 ene (Xinhua) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a México proteger “de inmediato” la vida e integridad de la indígena Bettina Cruz, así como a su familia, tras acreditarse la situación de riesgo por su trabajo en defensa de los derechos del pueblo zapoteco, en el sureño estado de Oaxaca.

“Es una fuerte advertencia y a la vez una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales”, expuso la abogada Alejandra Gonza, además representante legal de Cruz.

Gonza, además directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, explicó que la decisión de la CIDH se suma a la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de México emitida hace unos días, de ejercer su facultad de atracción para conocer este caso.

Los pueblos indígenas representados por Bettina Cruz, denunciaron ante el Tribunal supremo la falta de una consulta libre, previa e informada en la construcción del proyecto Eólica del Sur, y se espera que la Corte pudiera fijar un importante precedente para la defensa de los derechos de los indígenas, determinar el contenido de las obligaciones que tienen las empresas y las distintas dependencias del Estado en materia de derechos humanos y establecer los estándares de derechos humanos que los proyectos derivados de la Reforma Energética deben cumplir.

Además de ello, los pueblos zapotecos llevaron también ante la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los reclamos sobre la falta de respeto y garantía de derechos humanos, tanto por el gobierno de México, como por las empresas involucradas.

Cruz, también integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, reconoció que defender el territorio ha sido un trabajo difícil y peligroso.

“Cada vez que presentamos un recurso nacional o internacional nuestra vida y la de nuestras comunidades corre peligro; cada vez que lo ganamos el riesgo aumenta”, indicó en una declaración difundida por sus abogados en México y en Washington, sede del organismo internacional.

De acuerdo con la indígena, en Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento, cuya instalación ha ocasionado “el despojo de tierras, alteración de las formas de subsistencia, costumbres y creencias de las comunidades indígenas desde los años 90”.

“Con la aprobación de una Reforma Energética en México, la declaración de Oaxaca como Zona Económica Especial y la militarización de la región, el Estado privilegia proyectos energéticos frente a los derechos humanos”, aseguró Cruz.

De acuerdo con el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Michel Forst, sigue existiendo una preocupante falta de atención a la situación de riesgo de los activistas que se enfrentan a las empresas por el impacto negativo de los proyectos de desarrollo, recordó Gonza.

“Las empresas deben proceder con debida diligencia y, entre otras, consultar a los defensores de derechos humanos para buscar alternativas razonables en los casos que se han presentado dificultades con las partes potencialmente afectadas por los proyectos. Además, deben asegurarse que no se obstaculicen las actividades legítimas y pacíficas de los defensores de derechos humanos”, añadió la jurista.

Finalmente consideró que tanto el Estado como las empresas involucradas “deben repensar su forma de relacionarse con las comunidades indígenas, respetando y garantizando sus derechos humanos y tomando medidas necesarias para evitar que se produzcan daños irreparables a sus derechos”.