El cabildo del ayuntamiento de Juchique de Ferrer, que encabeza la alcaldesa Lizbeth Portilla, podrían ser removidos de su cargo ante la negativa de reinstalar a trabajadores que removió la pasada administración.

Así lo expuso desde la máxima tribuna del Estado la diputada local Tanya Carola Viveros Cházaro, quien denunció que se limitó la entrada de 26 trabajadores a pesar de que hay un laudo a su favor, para retomar su trabajo en la administración pública.

Denunció que con engaños se limitó la entrada del personal, y con el argumento que se estaban acondicionando sus oficinas no se les permitió trabajar.

Recordó que la Suprema Corte ordenó la remoción del Cabildo en Paraíso, Tabasco por incumplir con una sentencia laboral, por lo que no descartó que ese mismo fenómeno se replique en Veracruz. …

​​Lisbeth Portilla Gumersindo tomó posesión, el palacio municipal fue cerrado y las y los trabajadores reinstalados no pudieron ingresar a su centro de trabajo: “No se les dio ninguna explicación en el momento, y guardias les impidieron el acceso por instrucciones de la alcaldesa”, acusó.

El grupo afectado buscó una audiencia con la munícipe, quien les pidió paciencia, les comentó que el Palacio estaba cerrado debido al mal estado en que se encontraba y que serían respetados sus espacios. Sin embargo, las personas afectadas veían cómo ingresaba personal recién contratado.

El día 4 de enero, la protesta subió de tono, puesto que los trabajadores tuvieron un enfrentamiento verbal con quien cuidaba el recinto. El día martes 9, la alcaldesa recibió una cita del tribunal por desacato a la orden del juez.

“Desde el 2 de enero, este grupo de personas se encuentra en las afueras del Palacio municipal, esperando a que puedan recuperar sus espacios laborales; sin que hayan tenido respuesta favorable hasta el día de hoy. El tiempo sigue corriendo y las y los trabajadores siguen sin poder  laborar. Han pasado 17 días desde que no se les dejó ingresar, por lo que no han recibido sus pagos quincenales por este tiempo”.

Cabe señalar que no están pidiendo un favor, sino que se acate la ley. La alcaldesa, hasta ahora, ha tenido oídos sordos no sólo a la solicitud de las y los trabajadores, sino a la orden del juez.

AVC/Noticias