La judicialización de la política, en marcha

La visita sorpresiva de presuntos delincuentes al domicilio del diputado priista Fernando Kuri Kuri en una zona del fraccionamiento Ánimas de Xalapa, la noche del miércoles pasado, sin que se llevaran absolutamente ningún objeto de valor y, en cambio, revolvieran sus pertenencias como a la búsqueda de algo que solo los intrusos sabían qué era y para qué, abona poderosamente a la sospecha de que el hostigamiento y la amenaza a políticos opositores se mantendrá e incrementará como una práctica disuasoria para aminorar su activismo en la ya próxima contienda electoral.

Apenas el martes pasado escribí en este mismo espacio que el gobierno panista pondría todo el aparato de Estado, incluso los servicios de los órganos de seguridad pública e impartición de justicia, en favor del triunfo de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Y auguramos algo que, por desgracia, parece ir tomando forma:

“También vimos [en los comicios municipales de 2017] algo que se repetirá con mayor fuerza: la coacción judicial de muchos dirigentes políticos de partidos distintos al suyo, para que se mantengan ya sea en los tribunales o inmovilizados en sus domicilios o exiliados para evitar actos de hostigamiento por parte de la Fiscalía General, ya acostumbrada a dejar en el bote a sus acusados en lo que estos demuestran su inocencia”.

La forma en que operaron los presuntos delincuentes en el domicilio del diputado local fue marcada por una violencia y una tranquilidad pasmosas, como si supieran que nadie les habría de molestar: retiraron violentamente las protecciones y dejaron abiertas las puertas, luego de que revisaron las pertenencias sin llevarse nada. “Es un mensaje para intimidarme por el trabajo político y crítico que vengo haciendo”, comentó Kuri Kuri, quien ya había recibido mensajes de advertencia del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En efecto, el pasado 30 de noviembre, al comparecer voluntariamente en el Congreso local, Yunes Linares respondió agresivamente a los comentarios críticos vertidos por el coordinador del grupo parlamentario Juntos por Veracruz. “Habrá noticias diputado Kuri, tenga la absoluta seguridad de que habrá noticias”, dijo el mandatario, luego de recordarle “que hace dos o tres meses lo convocaron para platicar de una camioneta de su propiedad que conducía PET robado”.

En esa misma alusión, Yunes añadió: “En ese momento no se habló de seguridad o de impunidad [temas a los que se había referido críticamente el diputado local], en ese momento se pidió una consideración especial en este hecho y no, esa etapa que usted añora ya se acabó, hoy la Ley se aplica por igual a todos, así sea el diputado Kuri o quien sea”.

Por lo visto, el miércoles le llegaron las noticias al legislador, y es algo preocupante. Por supuesto que no se puede afirmar que esta ‘inspección’ domiciliaria haya sido ordenada y operada por mensajeros del gobierno estatal. Sin embargo, no podemos objetar que casos como ese van a repetirse, se avivarán acusaciones, se pondrá sobre la mesa de algún agente del Ministerio Público la carpeta candente de algún animador opositor y se actuará con rapidez. Y todo ocurrirá en los primeros seis meses del año.

En el IVM, nada a favor de las mujeres

Vaya comienzo de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la panista Yolanda Olivares Pérez, quien de inmediato quitó todo valor a la segunda alerta de género emitida contra Veracruz por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al señalar que no es necesario que el estado acate todas las recomendaciones hechas por ese organismo descentralizado del gobierno federal.

Ha quedado claro que la decisión tomada por Miguel Ángel Yunes Linares en favor de Olivares Pérez no ha tenido como principal preocupación colocar a alguien que realmente defienda a las mujeres ante distintos escenarios de violencias que sufren en su contra; por el contrario, fue la idónea para que le quite preocupaciones al gobierno estatal de la monserga de lidiar con temas que no son prioritarios y que, para colmo, le pueden crear una discordia con el gran elector en que se han convertido las iglesias, en particular la católica.

Y es que la señora, que al menos no corre al baño cuando las preguntas de los reporteros son rudas, ha dicho tras rendir protesta que las recomendaciones derivadas de la segunda alerta por violencia de género no son vinculantes, por lo que los tres poderes del Estado pueden acatar o no las observaciones a las leyes y reglamentos en materia de derecho a la salud sexual y acceso a la justicia de las mujeres.

Y es que el tema más preocupante para las mujeres es ampliar la causal de salud para la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. La Conavim pidió la reforma al Código Penal vigente en Veracruz en sus artículos 149 y 154.

El vigente artículo 149 del Código Penal señala que “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de las etapas”, mientras que la propuesta de reforma busca estipular que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. También proponen la revisión del primer enunciado del artículo 154 (“el aborto no es punible cuando…”), porque la concepción de no punibilidad implica una criminalización, aun cuando no medie una sanción o una pena después de un proceso penal.

Está visto que nada de eso pasará en el Veracruz del panista Miguel Ángel Yunes Linares. No, al menos, antes del 1 de julio en que serán los comicios en que estará en juego el destino político de su familia.

Por eso eligió a una panista aparentemente vinculada con grupos de la derecha como Provida, que han luchado incluso en contra del uso de preservativos y que, por supuesto, se opone a la legalización del aborto, aún en situaciones de riesgo para la madre o cuando el embarazo sea producto de una violación.