Con las creación del Sistema Estatal Anticorrupción se elimina la segunda fase de la fiscalización superior, y una vez aprobada la Cuenta Pública, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) deberá notificar al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, o a las Contralorías Internas de cada dependencia.

El Auditor General Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, comentó que cada ente fiscalizable recibirá un pliego de observaciones, como ocurre en la actualidad, pero en caso de no justificar el manejo financiero de los recursos públicos tendrá que ser denunciado.

Explicó que el Orfis tendrá que crear dos nuevas áreas de trabajo, que serán la de investigación y sustanciación que serán las responsables de investigar posibles desvío de recursos, a fin de denunciarlos de inmediato.

“Ya no va a ver segunda fase, todavía en la Cuenta Pública 2016 tenía dos fases -la de comprobación y la de responsabilidades- ahora nosotros haremos todo el procedimiento y una vez que se haya aprobado y detectemos faltas graves, una vez aprobado por el Congreso, se irán al  Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Estatal Anticorrupción”.

En el caso de que se trate sólo de faltas administrativas se tendrá que informar a la Contraloría Interna de la dependencia, órganos autónomos o descentralizados, fideicomisos, municipios o comisiones municipales de agua.

Comentó que una vez que se notifique al Tribunal los entes podrán justificar el manejo financiero ante los togados, y cuando se presente una denuncia penal se tendrá que explicarlo ante el Ministerio Público.

“El Tribunal hará un análisis de lo que estamos entregando (..) Lo que presente el Orfis si para ellos no está sustentado o motivados pueden regresarlo”.

Recordó que con las nuevas atribuciones, una vez que se inicie con la revisión y si hay datos que se tengan que corroborar con cuentas públicas ya aprobadas, podrán remitirse a las auditorias, sin que ello implique que se están abriendo o revisando lo que ya se aprobó con anterioridad.

“Y a través de una denuncia o petición del Congreso podremos auditar una obra o a un ente fiscalizable que ellos nos instruyan”, dijo y señaló que en caso de detectar alguna irregularidad lo deben notificar al Tribunal de Justicia Administrativa, para actuar en consecuencia.

 

AVC/Noticias