Les cuento. Hace algunos años, durante el gobierno de Patricio Chirinos, uno de mis primeros empleos en la administración pública fue en la Secretaría General de Gobierno. Entonces había en el organigrama un departamento que se llamaba de “Movimientos y Expresiones Ciudadanas”, cuya función principal era atender a todas aquéllas personas u organizaciones que realizaban protestas o plantones en la plaza Lerdo.

Eran los últimos meses de la administración chirinista y uno de los grupos más frecuentes era precisamente el de los taxistas, principalmente de Xalapa. Luego de que durante la administración de Dante Delgado se habían repartido concesiones de taxis a manos llenas –y a pesar de ello se heredó una lista de espera que motivó precisamente esas protestas-, en el Gobierno de Chirinos se sabía de muy pocas.

La respuesta para ellos era siempre la misma. No habría concesiones en el término de ese gobierno y por tanto, era preferible que gestionaran otro tipo de apoyos –becas escolares, despensas, subsidios, entre otros- para sus gremios y sus familias. No sé si en los últimos días, como orden directa del Gobernador, se entregaron nuevas concesiones. La cosa es que eso no se reflejó mucho en las calles.

En el gobierno de Miguel Alemán también se repartieron muchas concesiones, la mayor parte de ellas a personas que ni siquiera tenían un auto de alquiler, dejando nuevamente a decenas de choferes sin la posibilidad de obtener una para ellos. Como cada fin de sexenio, hubo un reparto indiscriminado de concesiones como una especie de pago de marcha.

En ese entonces, una concesión de transporte público en su modalidad de taxis, rondaba casi el medio millón de pesos. Era un verdadero patrimonio. Valían más que una casa. Y quienes las poseían podían contratar hasta tres choferes para que fuera una fuente de ingresos suficiente. Hasta ahí, aunque de manera injusta, todo iba medianamente en orden.

Hasta que nos cayó la malaria. Llegó Fidel Herrera y las placas de taxis se convirtieron en un negocio de miles de millones de pesos para unos cuantos. Desde las primeras semanas empezó el reparto irracional. Así, los gastos de administración, la compra de autos nuevos a agencias seleccionadas, los permisos de los conductores, la pintura de las unidades y muchos otros negocios hicieron millonarios de la noche a la mañana.

Las concesiones lo mismo servían para beneficiar actores políticos en procesos electorales, repartir entre líderes sindicales o pagar favores a todo tipo de actores, incluidos muchos periodistas. En pocos meses, Xalapa pasó de poco más de 3 mil 500 taxis a cerca de ocho mil y entonces todo se volvió un caos.

La danza de concesiones siguió durante el gobierno de Javier Duarte. A pesar de un mercado saturado, muchos peleaban por una concesión como una especie de inversión a futuro, cuando las aguas retomaran su nivel. Mientras, la medida había sido bajar la cuenta a los choferes y vivir prácticamente al día.

Se calcula que al menos en la región de Xalapa –donde circulan taxis de Banderilla, Coatepec, San Andrés Tlalnehuayocan y Emiliano Zapata-, hay cerca de 13 mil vehículos; y en el resto del estado, la cifra podría superar las 100 mil unidades. Y si usted observa, verá autos que se siguen pintando de rojo para dar servicio, sin saber quien está otorgando nuevas concesiones.

El precio de las placas cayó a poco más de 100 mil pesos –algo que lo determinó de manera natural un mercado saturado-, pero trajo al menos tres problemas muy graves: hubo un exceso de prestadores de servicios (hay más taxis que choferes), se colapsó la vialidad en ciudades como Xalapa, y lo peor, ante la falta de ingresos, muchos taxistas empezaron a realizar actividades en colusión con delincuentes.

El tranquilo y rentable negocio de los taxis se volvió un infierno. En el primer caso, se ha tenido que contratar a jóvenes que apenas y saben manejar, lo que ha disparado la cantidad de accidentes en los que se ven involucrados taxistas; en el segundo, las horas picos se vuelven intransitables; en toda la ciudad se observa como los taxis hacen una parada de sitio, dispuestos a llevar dos o tres personas en una misma corrida.

Lo tercero merece mención aparte. De repente, viajar en un auto de alquiler se volvió un riesgo extremo. Curiosamente, taxis que no trabajan en el día, salían a hacerlo de noche; y veíamos ruletear cientos de vehículos sin pasajeros, lo que sugería que muchos de ellos se dedicaron a ser el transporte de narcomenudistas. Al mismo tiempo, muchas unidades fueron utilizadas para cometer toda clase de ilícitos.

El exceso de taxis dio a la delincuencia organizada un medio de transporte eficaz, a la vista de todos, sin que nadie fuera molestado, hasta que hubo una disputa por las plazas. Y empezó esta espiral de asesinatos de taxistas que hasta hoy no se detiene.

En las principales ciudades del estado, decenas de taxistas han sido asesinados. En las últimas semanas, en Boca del Río, al menos 15 choferes fueron levantados y ejecutados con todo y vehículo. Este martes, supimos del asesinato de dos taxistas en Banderilla y Papantla. No hay una sola semana en que no sean ejecutados trabajadores del volante.

El viejo anhelo de poseer un taxi se desvaneció. Hoy este gremio, golpeado en lo económico y en lo social, es la expresión de la corrupción y la delincuencia que se ha solapado. Ellos mismos están pagando las consecuencias.

La del estribo…

  1. Durante muchos años, en la administración de Javier Duarte, el actual Gobernador se encargó de llevar el recuento puntual de los homicidios de periodistas. Exigió investigaciones, justicia y renuncias. Hoy sus palabras lo persiguen nuevamente. Seguimos siendo la nota roja internacional en muerte de comunicadores, como lo confirmó la embajadora de Estados Unidos en nuestro país. Sólo nos parecemos a Siria, un país que prácticamente no existe por la guerra.
  2. En la agonía de su administración, presa de los odios de su sucesor, Javier Duarte intentó operar una serie de reformas para brindarse de las acusaciones que hoy lo han llevado a la cárcel. Intentó imponer un sistema anticorrupción que fue rechazado por la propia Suprema Corte. Hoy Miguel Ángel Yunes hace lo mismo: blindarse con magistrados afines, como lo será el nuevo Fiscal. Todo cambió para seguir exactamente igual.