Bajo una gran presión por escándalos, el Presidente Enrique Peña Nieto emprendió una intensa campaña anticorrupción anunciándola con fanfarrea. Sin embargo, no llegó lejos. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Nacional Anticorrupción dijeron para el The New York Times que “está siendo bloqueada por la negativa del Gobierno a cooperar en algunos de los casos más importantes que enfrenta”.

El Comité, encabezado por Jacqueline Peschard, acusa que casos como el haber pagado tecnología para espiar a periodistas y activistas, el desvío de millones de dólares a través de universidades públicas y los contratos millonarios con constructoras han sido obstaculizadas por el Gobierno priista de Peña.

Detallan que en los nueves meses desde su creación, derivada de la corrupción que encendió la indignación pública, algunos de sus miembros denuncian que no han podido avanzar en sus investigaciones frenados por el Ejecutivo.

“Sienten pánico porque tal vez entremos muy duro y desenmarañemos algo, porque encontremos a individuos responsables de actos de corrupción”, aseveró José Octavio López, integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, para el diario estadounidense.

Octavio López aseveró que el Gobierno está “acostumbrado a nombrar a alguien que controlan”, y cuando se enterraron que el Comité quería actuar en los casos con independencia “no les gustó”.

Los ciudadanos que integran este Comité acusan que ninguno de los 18 jueces que deberían de supervisar los casos anticorrupción han sido designados por los legisladores, al igual que Fiscal Sistema de Nacional Anticorrupción.

“Es un mal chiste”, aseveró Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado fiscal. “Fui ingenuo cuando fue lanzado el sistema. Creía y tenía la esperanza de que funcionaría”.

“Ahora sé que están tratando de sabotear todo lo que hacemos”, agregó.

Por su parte Jacqueline Peschard, presidenta del Comité, expresó: “Me han otorgado toda la responsabilidad, pero nada de poder”.

Los integrantes sostienen que sus acusaciones son negadas por el Gobierno, asegurando que ha apoyado totalmente al Comité Ciudadano. No obstante, los ciudadanos no avanzan en la investigaciones porque el mismo Ejecutivo les niega la información.

Juan Manuel Portal, Arely Gómez, Jacqueline Peschard Mariscal, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Chaurand y Alfonso Pérez Daza.

LA CORRUPCIÓN TRIUNFA EN MÉXICO  

La corrupción ha triunfado en México. Lo dicen las encuestas de percepción y las historias grandes y pequeñas. Mientras el Barómetro Global de la Corrupción reveló en su último estudio “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” que México se convirtió en el país más corrupto de Latinoamérica porque la mayoría de los ciudadanos ha dado sobornos, sólo seguido por República Dominicana, los escándalos en la Administración Pública Federal brotan en cascada.

La detención de Eugenio Hernández, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2011, por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el último episodio de una extensa lista de gobernantes, funcionarios, dirigentes de partidos y de sindicatos acusados de usar el dinero de los ciudadanos, amafiarse, crear redes para obtener impunidad o tener varias propiedades inmobiliarias de lujo.

Pero las autoridades no lo reconocen. El mismo Presidente Enrique Peña Nieto y quien fuera Secretario de la Función Pública –la dependencia encargada de perseguir la corrupción–Virgilio Andrade, han sostenido en discursos públicos que la corrupción es “un tema cultural” de los mexicanos. Y la última encuesta ad hoc del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica que más que cultura, para los mexicanos es un problema. El segundo más preocupante después de la inseguridad.

Lorenzo Meyer, el emblemático investigador de El Colegio de México (Colmex) describe al país casi en desahucio por este cáncer.

“La justicia no imparte justicia, la policía no protege al ciudadano, la Secretaría de Hacienda no recaba los impuestos donde debe recabarlos, el Seguro Social o el ISSSTE no proveen la calidad de los servicios de la salud que requieren los mexicanos. La Secretaría de Educación no da la educación que se requiere. Toda esa estructura tan llena de intereses, sólo Dios la podría arreglar”.

El autor de “Distopía Mexicana” da un pésimo augurio.

“Hay quienes pueden hacerla peor. Cavar más hondo en la fosa en donde estamos metidos … El país puede irse más abajo todavía y el futuro inmediato puede ser la mediocridad y la descomposición por varias generaciones”, expresó en una entrevista realizada por este medio digital en abril de este año.

No es sólo el Gobierno. En 2016, los negocios y empresas de todos tamaños en México tuvieron que pagar mil 600 millones de pesos por actos de corrupción en la realización de trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con autoridades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas.

Según el instituto, a nivel nacional 1.6 millones de pesos es el costo de la corrupción causada entre las autoridades y las unidades económicas que realizan trámites o solicitudes durante el año pasado.

Benjamín Cokelet, director ejecutivo de la Organización Poder, llama “techo de cristal” al tope de México. Lo es, según sus palabras, porque después de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo hay arriba una instancia conformada por los hombres de negocios. Son 48 los dueños del dinero y controlan el 37 por ciento del Producto Interno Bruto, según el observador.

“Ellos han estado siempre en las decisiones macroeconómicas y las reformas legislativas por venir. Cuando tienes a 48 fortunas billonarias con acceso al Poder Ejecutivo y con caso omiso a los intereses del resto de la población, se obtiene un sistema propicio para la corrupción”, dice.

En junio de 2016, con el impulso del Sistema Nacional Anticorrupción, algunas asociaciones civiles como el IMCO y Fundar impulsaron en el Senado el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para obligar a los empresarios que hacen negocios con el Gobierno a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Pero el Presidente Enrique Peña Nieto lo vetó y así, los hombres de negocios pueden seguir tal cuales, sin que se sepa cuál es su fortuna.

Para Benjamín Cokelet, se escapó una gran oportunidad. Piensa que la declaración patrimonial de los empresarios debe ser la base del combate a la corrupción.

“Siempre que reciban licitaciones del Estado, subsidios y contratos deberían desglosar su patrimonio y posible conflicto de interés en un espacio público”, expresa.

Ernesto Gómez Magaña es forjador de la iniciativa “Yo contra la corrupción” (#YoCo) de la organización Contraloría Ciudadana y elaboró la “Testimonioteca”, un proyecto en línea que acumula la experiencia en licitaciones públicas de organizaciones que han fungido como testigos sociales como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

Después de conocer las experiencias, Gómez Magaña exclama: “Frente al cáncer de la corrupción, no ha habido una respuesta consistente y amplia del sector privado. Se distinguen en compromiso social las cámaras de la Industria del Vestido y de la Construcción; pero es muy poco. En general, no se observa que el empresariado esté comprometido con el tema”.

Vista así, como un cáncer que ha enfermado a todos y cada uno de los órganos vitales del país, el combate a la corrupción se convirtió en un desafío para el próximo Gobierno. Marco Antonio Fernández, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM) e investigador de México Evalúa vaticina: “Para que el país crezca correctamente, para atemperar los problemas de la pobreza, para que los resultados de las políticas públicas sean eficaces, para que puedan mejorar los servicios de salud, se tiene que extirpar el cáncer de la corrupción. No va a ser una tarea que se acabe en un sexenio pero no puede dilatarse más”.

Con información de Sin Embargo