Deuda con municipios, falsa bandera de los Yunes

A principios de noviembre del año pasado, cuando su padre no había protestado aún como Gobernador Constitucional de Veracruz, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, tomó el liderazgo de la protesta iniciada por los ediles perredistas que exigían los recursos federales destinados a municipios que habían sido desviados criminalmente por Javier Duarte de Ochoa. Juntos, alcaldes panistas y perredistas, tomaron el Palacio de Gobierno y, luego, la Casa Veracruz, y poco faltó para que tomaran la Secretaría de Finanzas para lograr su propósito, siempre con transmisión directa por redes sociales.

El mismo Yunes Márquez criticó acremente a los alcaldes del PRI y otros partidos quienes, liderados por el todavía edil xalapeño Américo Zúñiga Martínez, se habían reunido con el gobernador sustituto, Flavino Ríos Alvarado, con quien acordaron los términos para la recuperación de miles de millones de pesos, una jugada que por cierto tampoco dio resultados, porque no se podían inventar los recursos desaparecidos por el depredador legado por Fidel Herrera Beltrán, prófugo de la justicia federal desde el 19 de octubre de ese mismo año.

Una vez acordada la entrada de Clementina Guerrero, una persona identificada con el ahora gobernador, a la Sefiplan, cuando no terminaba el anterior periodo, las cosas parecieron apaciguarse, y Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional del PAN, pudo regresar a la comodidad de su riqueza luego de pernoctar una noche en el frío piso del viejo edificio de Enríquez, en medio del júbilo de sus correligionarios veracruzanos que habían logrado triunfar sobre un PRI que parecía sempiterno e invencible.

El 13 de octubre, Yunes Márquez y otros 20 alcaldes presentaron en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra de la Sefiplan porque no les habían entregado los recursos que correspondían a cada municipio, lo que Yunes junior consideró como un “evidente desvío de recursos”, un “evidente peculado”, “un incumplimiento de un deber legal”, un “abuso de autoridad”, todo lo cual, dijo, era “fácilmente comprobable”.

Flavino Ríos respondió que los recursos no entregados a municipios habían sido utilizados para seguridad pública y pago de nómina del magisterio, y que sería prácticamente imposible cubrir en una sola emisión los 3 mil 300 millones de pesos adeudados.

Américo sigue la lucha; el boqueño ya la abandonó

Ahora es notorio que la estrategia de los Yunes azules y sus satélites perredistas era darle el mayor número de palos a Javier Duarte, más que esperar que hubiera esa odisea financiera. Una vez que su padre tomó el poder, al alcalde boqueño se le olvidó la bandera, y este domingo ese abandono fue más que evidente al tratar de convencer de que el gobierno de su padre no tenía dinero para pagar, ante la petición hecha por el alcalde capitalino Américo Zúñiga al Congreso.

En efecto, dos días antes, el viernes 24, Américo Zúñiga Martínez había encabezado una comisión de alcaldes que entregaron al Congreso local una solicitud para que se reconozcan los adeudos a las administraciones salientes y que se presenten como puntos de acuerdo tanto el registro contable de los remanentes de la bursatilización del segundo semestre de este año como el impuesto sobre la renta (ISR) participable 2017.

Pidió someter a consideración de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y después del pleno legislativo los recursos pendientes de pagar, que no son poca cosa: en el caso de la bursatilización ascienden a más de 138 millones de pesos, y afecta a 199 municipios; a ello se agregan los adeudos del ISR que no se han depositado y los fondos del año 2016, todo lo cual asciende a más de 4 mil millones de pesos.

Estos recursos, explicó Américo, pueden servir para el apalancamiento del desarrollo del estado el próximo año, “por eso queremos que los legisladores vigilen la correcta ministración de los mismos y que estos sean bien aplicados, porque fueron generados durante el periodo 2014-2017”.

Antes de que el Congreso o, incluso, el Gobierno del Estado se manifestaran en torno al tema, que ya hace unos meses había hecho que Miguel Ángel Yunes Linares declarara que los presidentes municipales “son ignorantes y cobrones”, el prospecto panista a candidato a Gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, descalificó a sus colegas y prácticamente puso plazos que se cumplirían en el próximo sexenio.

No exijan los recursos retenidos a municipios: Yunes Márquez

Este domingo, Miguel Ángel Yunes Márquez salió a la palestra para decir que la deuda por 4 mil millones de pesos que dejó la administración de Javier Duarte con los 212 ayuntamientos, correspondientes a los fondos federales no transferidos a las haciendas municipales, el gobierno del estado tardará entre tres y cuatro años para cubrirla. ¿Lo habrá dicho por instrucciones de su padre o tomando atribuciones como si su arribo al cargo gubernamental que ya festejan los panistas fuera un hecho consumado y solo faltara tomar protesta del cargo?

El antaño adalid de los municipios asumió la defensa del gobierno que encabeza su padre con la siguiente joya: “Se nos tiene que pagar, el problema es que no hay dinero, está más que claro que después de la quiebra financiera en que nos dejó Javier Duarte es muy difícil asumir y cumplir con todas las obligaciones que tiene el gobierno del estado, deber ser de manera paulatina y desgraciadamente los ayuntamientos tienen un monto muy importante; son más de cuatro mil millones de pesos”.

Con ello claudicaba en su “honesta y sincera lucha” por los fondos perdidos. Para él, la administración a cargo de su padre no podrá pagar los fondos federales que quedó a deber Duarte de Ochoa, porque ese dinero ya no está físicamente. Y con información privilegiada que se transmite en el desayuno familiar, dijo: “La idea del gobierno estatal es que para el 2018 se llegue al equilibrio financiero, para que en los años posteriores pudiera haber alguna posibilidad en el presupuesto de meter estos fondos para pago, pero es un tema que por lo menos tardará dos o tres años”.

Y dijo más. Calificó como sobrerregulación la iniciativa de ley presentada por Américo Zúñiga Martínez en el Congreso para que se garantice la entrega de los recursos de la bursatilización a los 199 ayuntamientos. “Lo que están pidiendo el alcalde de Xalapa y los alcaldes es una sobrerregulación porque al final de cuentas esos recursos legalmente tienen que llegar a los municipios y eso tiene que ver con los temas jurídicos y financieros que involucra la bursatilización; no es un tema nada más del gobierno estatal, sino de las financieras que intervinieron, es una sobrerregulación que no tiene mayor relevancia”.

Por cierto, su municipio no aceptó entrar en este mecanismo ideado por Fidel Herrera Beltrán, lo que no le ha impedido servir de vocero de su padre. Es el mismo político que considera que los datos oficiales sobre incremento de la violencia criminal en Veracruz son puros rumores.