Desde su campaña política, Miguel Ángel Yunes marcó distancia con los medios de comunicación, a los que reconocía –acaso con dos excepciones-, como personeros del gobierno de Javier Duarte que se habrían beneficiado de millonarios convenios comerciales, y que por tanto, resultaba ocioso ejercer un verdadero periodismo, si a fin de cuentas las empresas no tenían ningún problema económico.

Esta percepción, como el vaso medio lleno o medio vacío, lo llevó a que un prejuicio se convirtiera en verdad absoluta. Por eso hoy ha visto con sorpresa y desagrado, que muchos medios y periodistas nunca dejaron de hacer verdadero periodismo. Medios que no vivían de los convenios con el gobierno y que nada han pedido a la actual administración.

Ante ellos, el discurso de que sólo quieren dinero se ha venido abajo. Hay medios que se han mantenido con absoluta dignidad, haciendo investigación y publicando asuntos públicos que lastiman a la administración estatal. Por eso, la única alternativa que han encontrado no es la libertad y el acceso a la información, sino la velada amenaza de ejercer un derecho de réplica a rajatabla, como medida coercitiva para quienes difundan lo que a sus ojos y oídos resulta una serie de infundios.

Pero los periodistas hemos seguido haciendo nuestro trabajo. No nos amedrenta la amenaza –muchos ya la han padecido en extremo-, lo que nos asusta es la frivolidad y la ignorancia, eso sí. Hay quien dice que el Fiscal es bueno para la barandilla, pero ser Fiscal General del Estado no es un asunto de leguleyos ni de abogados que litigan con ventaja.

En los últimos días nos hemos referido a las tesis de la Suprema Corte sobre el derecho de réplica, riel sobre el cual la administración estatal quiere hacer correr su embestida. Y por supuesto que tienen derecho a defenderse aún cuando no les asista la razón; eso hará que tengan que aportar datos que sustenten su argumento. Sin embargo, no pueden hacer uso de las instituciones del Estado para imponer su verdad.

Pero lo que el Fiscal no ha tenido la gentileza de compartirnos es precisamente lo que establece la norma internacional en esta materia.

Aunque se refiere a la argumentación sobre el caso Radilla, el especialista en Derechos Humanos y profesor de la Universidad Anáhuac de Xalapa, Juan Carlos Arjona Estévez, explica que “si alguna ley general, federal o local, algún reglamento, acuerdo o norma oficial mexicana entre otras, establece una vulneración no permitida por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, el juez o jueza debe impedir la aplicación de dicha norma, o en último de los casos darle un efecto útil a favor de los derechos humanos.

Por ejemplo, “normas jurídicas que criminalicen el ejercicio de la libertad de expresión como la difamación, las calumnias, las injurias, entre otros, deberán de dejarse de aplicar por el juez o jueza penal en los términos referidos en diversos casos de la Corte Interamericana, que en su mayoría consiste en el ejercicio de la libertad de expresión en relación con las y los servidores públicos.”

A su vez, en su libro La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sergio García Ramírez plantea que “las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático.”

Y más aún, “tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada”.

Las personas que influyen en cuestiones de interés público, explica García Ramírez, se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.

“En este sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares” establece en su apartado precisamente sobre los servidores públicos.

Así que a quien no le guste el calor, que no se meta a la cocina.

La del estribo…

  1. Teniendo forma de reivindicar su prestigio, la UPAV dinamita su escasa credibilidad. La situación por la que atraviesa la hija de nuestra amiga y colega Claudia Constantino es una muestra de que las autoridades vinieron a aprender. Una estudiante de la UPAV que aprueba simultáneamente examen en la UV y el ITESM debería ser galardonada y no expuesta a una burda e indolente burocracia. Urge atiendan este y los muchos otros casos de estudiantes que penden de un hilo para continuar sus estudios.
  2. Para el Presidente Peña y quien vaya a resultar el candidato del PRI a la Presidencia, la prioridad es ganar la elección. Y para eso, requieren de un proceso real de auscultación en los estados para que las elecciones locales no le reduzcan votos. El candidato del PRI el gobierno de Veracruz será quien asegure más votos. Así lo han dicho en privado quienes toman las decisiones. Así lo entienden Héctor y Pepe.