Militares y gobernadores de Coahuila y Veracruz recibieron dinero de Los Zetas para mantener el control de territorios, expone el Informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila” realizado por la Universidad de Texas.

En concreto señala a los Gobiernos de los hermanos Rubén y Humberto Moreira en Coahuila y Fidel Herrera Beltrán en Veracruz, los tres llegados al poder bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Incluso, el grupo criminal se favoreció hasta de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El informe de 53 páginas analizó las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas entre el 2013 y el 2016 y documenta los abusos a los derechos humanos que son mencionados en las declaraciones de los testigos, incluyendo las desapariciones y las masacres de Piedras Negras y Allende de 2011.

El texto resalta que los testigos en los juicios en Texas relataron que el control del cártel se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano.

“Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia. Sin embargo, los Zetas no sólo influyó en la policía estatal o municipal de bajo nivel; los testigos describen un nivel de Zeta control que se extendió a los jefes de policía de la ciudad, fiscales estatales y federales, prisiones estatales, sectores de la policía federal y del ejército mexicano, y políticos estatales”, resalta el trabajo realizado por Sarah Gohary y Moravia de la O, ambas estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

El Informe realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas revela que las instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel -ya sea por acción u omisión- en la comisión de los abusos cometidos por el cártel.

“Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de innumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por miembros del cártel Zeta. Tanto los Zetas como el Estado son responsables de la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por los Zetas en Coahuila, y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos”, concluye el informe.

Según el documento, titulado “Control… sobre todo el Estado de Coahuila”, en 2004, Efraín Torres “El Z-14”, en ese entonces brazo derecho del líder Heriberto Lazcano, le dio 12 millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña de Fidel Herrera rumbo a la Gubernatura de Veracruz.

Según el documento, titulado «Control… sobre todo el Estado de Coahuila», en 2004, Efraín Torres «El Z-14», en ese entonces brazo derecho del líder Heriberto Lazcano, le dio 12 millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña de Fidel Herrera rumbo a la Gubernatura de Veracruz.

La «donación» fue para que su empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, que Los Zetas usaban para lavar dinero, fuera beneficiaria de contratos de Pemex.

«Como socios, ellos (Colorado Cessa y Torres) iban a expandirla (a ADT Petroservicios) y crecer usando contratos públicos. Cuando el candidato ganara la gubernatura, él les daría los proyectos, y entonces, ellos iban a obtener el contrato público del Gobierno federal a través de Pemex», declaró José Carlos Hinojosa, un ex fiscal convertido en contador de Los Zetas, que fue detenido en 2008.

Rodrigo Uribe Tapia, otro lavador de dinero para Los Zetas, describió una reunión en 2010 en una casa que le pertenecía al ya Gobernador de Veracruz Javier Duarte, en cuyo patio mataron a una contadora.

El informe plantea que la estrategia la repitieron en Coahuila, donde Los Zetas concentraron sus operaciones y donde realizaron sus más atroces crímenes.

Y recuerda que varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto Moreira y a Rubén Moreira, gobernadores de Coahuila, a cambio del control total del estado.

De acuerdo con los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre las operaciones del gobierno de Coahuila en todos los niveles les permitió llevar a cabo sus negocios en todo el estado con impunidad y, a menudo con la ayuda directa de funcionarios del estado y oficiales de policía.

El mismo Uribe Tapia declaró que él acompañó a Danny Menera, quien era el jefe de plaza de Piedras Negras, a entregar dos pagos de 2 millones de dólares en efectivo a cambio de control total sobre Coahuila.

El dinero lo entregaron a Vicente Chaires, el secretario personal del entonces Gobernador Humberto Moreira, y a Jesús Torres Charles, el Procurador General del Estado en ese tiempo, para sobornar al Mandatario estatal, según el relato.

«Lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al Procurador General del Ministerio Público y eso fue por protección y el acuerdo al que habían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien era el Gobernador de Coahuila en ese entonces», declaró Uribe.

Según Adolfo Tavira, identificado como ex administrador de producción de Televisa y narcotraficante, el actual Gobernador, Rubén Moreira, también colaboró con Los Zetas.

Él describió una ocasión en la que entregaron un pago al Mandatario en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero.

«Los testigos explicaron cómo Los Zetas pagaron sobornos y contribuyeron a las campañas electorales de gobernadores y candidatos políticos para garantizar la continuación sin restricciones de sus negocios ilegales», determina el trabajo de la Universidad de Texas.

«Estos sobornos también garantizaron que las compañías de Los Zetas recibieran contratos públicos y permisos de construcción».

Uribe Tapia, quien lavaba dinero a través del centro comercial Black City Mall de Piedras Negras, aseguró que Los Zetas también le vendían carbón a la CFE, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les ayudó a inventar deudas para reducir la tasa de interés que debían pagar sobre sus ingresos.

El control que Los Zetas lograron, ya sea mediante sobornos o mediante una estrategia del terror, incluyó a la Policía Federal, a la PGR y a elementos del Ejército, además de ministerios públicos de Coahuila y policías estatales y municipales.

«Si bien los testigos no ofrecieron detalles respecto de cuáles divisiones del Ejército o la Policía Federal eran corruptas, en algunos testimonios se hizo mención de algunos incidentes específicos», indica el documento.

«(Jorge) De León (asistente de un líder Zeta) explicó que el Ejercito mexicano mantenía una relación no hostil con las agencias policiales locales que trabajaban con Los Zetas. Además, (Adolfo) Tavira declaró que la unidad militar asignada a Ciudad Acuña trabajaba junto con la policía local y con Los Zetas».

 

El informe plantea que la estrategia la repitieron en Coahuila, donde Los Zetas concentraron sus operaciones y donde realizaron sus más atroces crímenes.

Los investigadores resaltan además que el Estado mexicano no ha investigado las declaraciones que surgieron de estos casos.

“Los testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de EU compartió información vital directamente”, dice en las conclusiones del informe.

Agrega que los tres juicios analizados permiten concluir que “el Gobierno de EU puede actualmente poseer información no divulgada que podría conducir a la aclaración de asesinatos y desapariciones perpetrado en México. Por lo tanto, los esfuerzos para abordar los abusos contra los derechos humanos cometidos por organizaciones del crimen en México necesariamente debe involucrar soluciones transnacionales”.

Además, el informe resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas o como una manera para intimidar y reclutar personas.

Los testigos declararon sobre la manera “cruel en la que Los Zetas despojaban a sus víctimas de su humanidad, les asesinaban y se deshacían” de sus cuerpos.