Si lo hubiera dicho el Presidente Peña Nieto y no el gobernador de Veracruz, seguramente las hordas tenochcas hubieran reabierto la plancha de Zócalo para realizar sacrificios humanos. Pero no fue así. Parece que los veracruzanos empezamos a mostrar una temeraria inclinación hacia nuestra tiranía monárquica.

Resulta que el viernes pasado, el gobernador declaró en Coatzacoalcos –una de las ciudades más inseguras del país- que “el Estado no tiene la posibilidad ni la responsabilidad de meterse entre bandas para evitar ejecuciones, y que su responsabilidad es proteger a los ciudadanos de bien; si alguien delinque y si alguien participa en la delincuencia organizada sabe que está participando en una actividad de alto riesgo».

Si la responsabilidad no es del Estado, ¿entonces de quién es?, dígame usted, refuta el respetable. La sola declaración tiene una infinidad de lecturas, todas desafortunadas. La primera de ellas es que si el Estado no tiene capacidad para evitar ejecuciones, es evidente que tampoco la tendrá para realizar la investigación correspondiente que asegure castigo a los responsables, por lo tanto, ni seguridad ni justicia.

La lógica del mandatario estatal es que los maleantes saben del riesgo que corren, así que traer la paz al estado no es su responsabilidad. Si mueren, ellos se lo buscaron. Esta segunda lectura implicaría que se ha extendido una carta de impunidad a la delincuencia organizada, es decir, mátense entre ustedes porque al fin y al cabo, no me voy a meter ni lo voy a investigar. Es el primitivismo puro.

¿Y qué pasará cuando se trata de mujeres asesinadas por su condición de género? También dirá que el Estado no tiene la capacidad para andarles escogiendo las parejas adecuadas a miles de mujeres que sufren violencia. Que ellas debieron prevenirlo, fueran sus parejas o no, aceptando que la naturaleza masculina es así. Y que al final, sabiendo que eso podía pasar –como las ejecuciones-, ellas se lo buscaron.

De los infanticidios ya lo dio a entender ante la ausencia de indignación social. Cuando han muerto más de 20 niños y adolescentes a causa de ejecuciones –algunos incluso en la sala de su casa o en su lugar de trabajo-, ha llegado a decir que la culpa es de los padres por exponerlos al riesgo. Y por tanto, si los niños han muerto, es porque ellos –a causa de su vínculo familiar- se lo buscaron.

También podemos citar el caso de decenas de casos de secuestros –la cifra más alta del país-, en los que las víctimas podrían resultar culpables por trabajar y obtener recursos suficientes para motivar la ambición de los delincuentes. Por no gastar en su propia seguridad y por no poder pagar un rescate cuando el delito se ha consumado. Seguramente, por ricos, ellos se lo buscaron.

Pero la lógica de renunciar a la responsabilidad legal que le confiere la ley y a un estado de Derecho, se ha trasladado a otros ámbitos.

Por ejemplo, muchos empresarios que hoy se encuentran en quiebra a causa del adeudo que tiene el gobierno estatal con ellos, son responsables de su condición  actual por haber vendido bienes y servicios a la administración anterior. Sin investigar siquiera el origen de esa deuda –para lo cual apenas emitió un decreto-, ya decidió que los comerciantes y los empresarios se lo buscaron.

Y cientos de burócratas que hoy se encuentran desempleados, que eran trabajadores de base en un gobierno donde sus altos funcionarios sí se llenaron las bolsas hasta la saciedad, resulta que ellos se lo buscaron. El gobernador de Veracruz parece haber olvidado lo que juró guardar y hacer guardar. Está haciendo un llamado a un estado salvaje, donde sólo predomine el más fuerte.

Si el deslinde la seguridad y del enfrentamiento entre cárteles lo hubiera hecho el Presidente Peña Nieto, el escándalo hubiera llegado hasta las tribus del amazonas. El gobernador no puede renegar de lo que la ley establece como su obligación, y si decide hacerlo, debe haber una renuncia de por medio.

La estrategia de seguridad ha fallado. El discurso también. Ahora, con una velada intención que no tarda en descubrirse, amaga con que las fuerzas federales podrían abandonar el estado ante la imposibilidad de renovar el convenio de colaboración.

Para los fanáticos desmemoriados, pasaré a recordarles lo que Miguel Ángel Yunes decía al periodista José Cárdenas hace casi un año, en noviembre de 2016, en su calidad de gobernador electo: “Lo primero a realizar en cuanto asuma el poder, será reimplantar el Estado de derecho en Veracruz”, y ya entrados en gastos, advirtió: “Que no se nos olvide que lo básico en una sociedad, es respetar la ley, y que todos nos conduzcamos de acuerdo con la ley, empezando por los gobernantes».

Lejos han quedado los días en que su desenfrenado entusiasmo prometía lo que nunca iba a pasar: «no me lavaré las manos y mi responsabilidad es proteger a los veracruzanos; voy a generar capacidades policiacas propias, tendré una policía estatal honesta, eficiente y capaz, ya la Federación estará participando».

Pero como lo debe estar pensando el propio gobernador ante el desencanto de quienes votaron por él: ellos se lo buscaron.

Las del estribo…

  1. Dice el diputado federal Jorge Carvallo que los senadores priistas, Héctor y Pepe, tienen secuestrado al PRI, el mismo que durante 12 años lo envilecieron él y algunos otros que hoy prefieren no aparecer en los eventos del partido. Para los futurólogos del café, no es más que la crónica de una renuncia anunciada para emigrar al verde de la fidelidad.
  2. Y en el mismo tema. El próximo sábado, los senadores Héctor y Pepe, ambos precandidatos al gobierno estatal, estarán juntos en Pánuco durante un encuentro con los priistas de aquél municipio. Quienes han apostado al distanciamiento de los legisladores han fracasado. En ambos hay la convicción de que quien sea el candidato no podrá ganar sin el apoyo del otro.