Los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información son dos de los derechos más importantes en una democracia, incluso se puede hablar de que son derechos fundamentales como el de la vida o el de la libertad. El Estado debe protegerlos, esa debe ser una de sus funciones principales. La cuestión sería en cómo protege el Estado estos derechos.

Las funciones y estructura de una Comisión de Protección de Periodistas son sólo una parte del deber de garantizar la libertad de expresión y de acceso a la información. Hay otros entes públicos que deben garantizar estos derechos, como las fiscalías, las policías, las comisiones de derechos humanos o las de atención de víctimas. Esta tarea no es exclusiva de una Comisión, ni mucho menos de los propios periodistas. Cuando se vulneran estos derechos no solamente se agrede a un periodista, sino que se está amenazando o violentando a toda la sociedad y a cada uno de los ciudadanos.

Por ello, el planteamiento y diseño de una Comisión de Protección de Periodistas no es cosa menor, es un asunto de la mayor trascendencia en la construcción de la democracia. Desafortunadamente al parecer no ha quedado claro cuáles son los alcances y funciones de una comisión como la que actualmente existe en Veracruz. Las palabras, conceptos y distinciones son muy importantes aquí. ¿A quién le toca atender y a quién le toca proteger? ¿Qué tipo de atención y qué tipo de protección?

En el caso de la libertad de expresión y de las amenazas o agresiones a periodistas y medios de comunicación, debe garantizarse que se puedan ejercer. Es decir, una amenaza o una agresión a alguien que está en el ejercicio de su libertad de expresión está dirigida a que precisamente esa persona no la ejerza. Cuando el periodista o el medio de comunicación se callan por eso, el que los amenazó o agredió ya ganó, cumplió su objetivo.

Aquí debe estar la reflexión sobre cuáles son los alcances, objetivos, funciones de una Comisión de protección y no solamente de atención. El paradigma de la protección como medidas cautelares ya no es solamente exclusivo de la autoridad judicial o ministerial. De acuerdo a los tratados internacionales, el Estado debe garantizar estos derechos con medidas de protección. Me parece que el debate actual en Veracruz sobre el cambio de nombre y funciones de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, está empantanando precisamente por no entenderse a quién le toca garantizar estos derechos y su protección.

La iniciativa que se presentó el 5 de octubre para la reforma de la fracción V del artículo 67 de la Constitución Política de Veracruz, le quita a la CEAPP precisamente sus facultades de proteger a los periodistas, y la reduce a una instancia de mera atención. Además de que no queda claro entonces su razón de existir, dado que si se trata de solamente atender a personas que han sido víctimas pues ya se cuenta con la Comisión Ejecutiva  Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV, exclusiva para dicho propósito, por lo que bajo esa lógica, sería mejor fortalecer a ésta última.

La iniciativa de reforma constitucional propone modificar el nombre para que sea  Comisión Veracruzana para la Atención a Periodistas, pero ya desde el primer párrafo uno puede ver que sus atribuciones son funciones que ya están en otros organismos públicos: la de dar orientación jurídica a los periodistas víctimas de violaciones a derechos humanos le corresponde tanto a la CEEAV como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH. Igualmente las funciones de vigilar el debido cumplimiento de las atribuciones de las autoridades estatales y municipales encargadas de brindar seguridad pública en asuntos que involucren a periodistas, así como, de las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, les toca a organismos como el Propio Congreso local o la mismas CEDH.

En lo que respecta a medidas de protección, la iniciativa solamente habla de coadyuvar con las autoridades encargadas de dictar las medidas de protección a periodistas, quitándole a la actual CEAPP todas sus atribuciones como mecanismo de protección. Un argumento es que existe el Mecanismo Nacional de Protección, pero entonces esto quiere decir que el Estado de Veracruz se deslinda, dejándole toda la carga a un órgano federal que actualmente también ya está desbordado de casos y se pierde en la riqueza del análisis de contexto y de las condiciones particulares del estado de Veracruz.

Por otro lado, la iniciativa vuelve a cometer el mismo error del diseño actual de la CEAPP, porque no queda claro quién la dirigirá, si el Comisionado Ejecutivo o el Presidente del Consejo Consultivo, dejando lugar a la confusión y por lo tanto a la lucha por el poder interno y la inoperatividad.

Me parece que desde la creación de la Comisión de Atención y Protección de Periodistas en 2013 y ahora con la propuesta de su reforma, lo único destacable y realmente novedoso es el hecho de que sea un organismo autónomo.

Garantizar y proteger los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información es una tarea principal del Estado y ello se debe lograr con un conjunto de instituciones y medidas en distintos ámbitos. Si un periodista o medio de comunicación ha sido víctima de un delito o violación a los derechos humanos, ya están ahí las instancias que los deben atender. Sin embargo, el tema de la protección de un periodista o medio que ha sido amenazado, ese sí debe ser un tema de un mecanismo estatal que proporcione medidas de protección especiales cuya finalidad es garantizar al periodista que pueda seguir ejerciendo su actividad, y esa garantía es precisamente lo que esta iniciativa le quita a la Comisión actual.

Creo que en este escenario hay dos vías posibles: o bien la Comisión actual se convierte en un verdadero y efectivo mecanismo de protección, o mejor desaparece completamente, ya que la iniciativa que promovió la diputada Gamboa Torales crearía un organismo que se quedaría en un limbo y cuyas funciones que se propone que tenga, son atribuciones de otros organismos del estado.

Otra vez más, somos los ciudadanos los que perdemos ante la falta de claridad de las políticas del estado y del gobierno de Veracruz con respecto a los derechos humanos, y pierden los periodistas y los medios de comunicación, en un contexto de vulnerabilidad para ejercer su profesión.